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El plan de Luisa Ortega Díaz: «Constatar la presencia de los fiscales a la hora para la cual está fijada la audiencia, con el fin de continuar garantizando la celeridad procesal»
El Zulia es, con diferencia, el estado venezolano con mayor retardo procesal, según recoge el último informe del Ministerio Público. Se trata de un dato contumaz que, a su vez, es reincidente y salta a la luz pública tras el anuncio de la Fiscalía General de la República de inspeccionar los tribunales del país, a partir de la semana próxima, con el fin de «constatar la presencia de los fiscales a la hora para la cual está fijada la audiencia, con el fin de continuar garantizando la celeridad procesal».
El estado zuliano lidera con 1.723 detenidos pendientes de asistir a audiencias preliminares o juicios, ese retardo procesal, incluso, muy por encima de todo el Área Metropolitana de Caracas. Solo se le aproxima de lejos, Falcón, 535 reclusos en esa misma situación.
Sin embargo, y pese a la supuesta contrariedad de datos, el Zulia ocupa la primera posición en la asistencia jurídica a detenidos y familiares con 1.447 auxilios y ayudas. Yaracuy, con 869, ocupa el segundo lugar. La cola de esta dramática competición se la lleva Anzoátegui, con solo 45 asistencias.
En materia de evaluaciones a los detenidos que podrían optar a beneficios penitenciarios, el estado zuliano ocupa la cuarta plaza, con 17 valoraciones, frente a las 46 del estado Amazonas. En total se han realizado 201 atenciones.
6.495 retardos en el país
En toda Venezuela, según el último informe del Ministerio Público, se registraron 6.495 retardos procesales, una cifra aparentemente insuficiente para abordar a la actual población detenida o penitenciaria que supera los 46.000 presuntos delincuentes y criminales condenados.
En el marco del Plan Contra el retardo Procesal, el Ministerio Público ha realizado un total de 288 coordinaciones médicas y 460 reconocimientos médicos legales en los centros en los que se ejecutó ese procedimiento de evaluación.
La fiscal general de la república, Luisa Ortega Díaz, al anunciar la puesta en marcha de esta inspección, ha recordado que «es responsabilidad del Estado, de todos los órganos integrantes del Sistema de Justicia Penal venezolano, garantizar que haya celeridad, es decir, que las audiencias se hagan en el tiempo oportuno».
1.700 penados en retenes
Con este plan —indicó— se busca garantizar que las personas condenadas que se encuentran en dichos centros sean enviadas a los internados judiciales. «Hay más de 1.700 penados que deben estar cumpliendo su condena en las cárceles, (no en los retenes de detención preventiva), por lo que el Ministerio Público está haciendo el trabajo para lograr el traslado».
De igual forma, la máxima representante del Ministerio Público señaló que es importante la articulación entre las instituciones del estado vinculadas con este tema, con el fin de brindar respuesta y solucionar los problemas de manera oportuna.
Beneficiarios del Plan Cayapa
Por otro lado, el propio Ministerio Público revela en sus estadísticas que de los 715 presos favorecidos por el denominado Plan Cayapa en Zulia, solo 404 recibieron asistencia jurídica o médica y de ellos, seis tuvieron audiencias con tribunales. En el caso nacional, Venezuela tiene 25.253 detenidos o reclusos beneficiados. Entre enero de 2012 y 2014, un total de 13.224 reclusos quedaron en libertad gracias a ese plan, según reconoce en propio Ministerio de Servicios Penitenciarios.
Según la última memoria y cuenta de la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, a los reos beneficiados se les otorgaron libertades condicionales o plenas, de acuerdo a lo que les correspondía. En el documento se decía que en Venezuela había alrededor de 46.125 presos, de los que solo 4.669 estaban penados y 38.125 eran procesados.
El Plan Cayapa, en líneas generales, se asienta en constituir tribunales itinerantes en los centros penitenciarios para atender los casos de retardo procesal de los reclusos que lo requieren.
El Ministerio Público también destaca que uno de sus logros más significativos ha sido el descongestionamiento de casos, «el cual tiene como objetivo incrementar la capacidad de respuesta de los fiscales y brindar seguridad jurídica a la colectividad al poner fin a las investigaciones iniciadas en el período 1999-2011, en los cuales no existía el respectivo acto conclusivo».
Por esta razón, la Fiscalía General de la República contrató a «201 abogados» que descongestionaron el trabajo que realizaban 241 fiscalías, «lográndose un total 558.293 casos» desahogados.
El estado Zulia figura a la cabeza de esa descongestión, según el informe del Ministerio Público, con el alivio o descarga de 119.408, de los 558.293 asuntos penales pendientes que había en el país. Esta cifra solo se refiere a los casos descongestionados, no a los que quedan sin resolver. Carabobo, que es el segundo estado en esta estadística, ha logrado reducir esa cifra en 101.948 casos penales.
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