TSJ da luz verde a extradición de Enrique Auvert

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia ha acordado solicitar a Estados Unidos la extradición activa de Enrique Auvert Vetencourt por su presunta implicación en un delito de estafa continuada que afecta a más de 400 personas y que supondrían casi 80 millones de dólares. Auvert, máximo responsable de la sociedad ABA Mercado de Capitales y Casa de Bolsa, que operaba en Maracaibo y en otras ciudades de Venezuela, huyó del país el 29 de septiembre del año 2009, como ya publicó en numerosos reportajes de investigación QUÉ PASA
Las presuntas actividades delictivas de Enrique Auvert, aparentemente, están a punto de concluir. La decisión adoptada por la Sala de Casación Peal del Tribunal Supremo de Justicia pretende poner fin a sus andanzas penales. Este Alto Tribunal ha solicitado formalmente su extradición a Estados Unidos.

No es asilado político

La oficina central de Interpol en Norteamérica declaró a finales de noviembre del año pasado, que Auvert Vetencourt no gozaba de ningún privilegio como asilado político, sino que se trataba de un ciudadano más que residía en es ese país, pese a que él intentó por todos los medios obtener esa condición, extremo que lo convierte en ciudadano común sujeto al proceso de extradición activa.

El nombre de Enrique Auvert Vetencourt siempre ha estado vinculado a una millonaria estafa cometida en contra de particulares, instituciones públicas, cajas de ahorro de trabajadores de esas casas de estudios y de universidades de esos organismos. En total, más de 400 afectados —inversores en el exterior y en el interior— y unos 80 millones de dólares «esfumados».

Auvert también es conocido como el autor del libro El Gran Banquete, la fórmula financiera para hacer quebrar a un banco. Ese fue su lema y motor de vida. Él quebró, según las denuncias presentadas tanto ante el Ministerio Público, como ante la Superintendencia Nacional de Valores, los ahorros de más de 400 familias mientras él disfrutaba de sus dólares en Panamá o Miami, donde reside en una lujosa mansión.

La insistencia en las investigaciones realizadas por este diario, todas ellas soportadas documentalmente, permitieron los avances del caso «ABA», no solo en el ámbito judicial, sino que fueron decisivos para que el Consejo Legislativo del estado Zulia conformara una comisión de investigación para trasladarlo a la Asamblea Nacional, institución que analiza esta millonaria estafa.

ABA, el otro gran banquete

Su lujosa vida se ha visto, de momento, truncada. Su último temor vital es perder el permiso de residencia en Estados Unidos y sus propiedades en ese país. Él lo ha declarado abiertamente a sus socios y a sus acreedores que, de la noche a la mañana, se convirtieron en copropietarios de una sociedad cuya existencia y formación accionarial desconocía. Era, aparentemente, su otro gran banquete.

El «caso ABA» fue la excusa para perpetrar una estafa cándida e impune. Auvert, uno de los «aristócratas» zulianos de las finanzas y las inversiones. Lo pudo hacer —apropiarse del dinero de los demás— bajo ese rancio abolengo del engaño y la picardía.

Auvert contó, para desgracia de los afectados, de una supuesta «colaboración» no intencionada. El mismo fiscal que lo bajó de un avión el 28 de septiembre de 2009, cuando pretendía huir a Miami, se eclipsó.

En sus manos tenía una de las investigaciones más importantes por estafa que se habían cometido en el estado Zulia. Sin embargo, Carlos Chourio, titular del despacho número 11 del Ministerio Público, pasó de ser un fiscal llamado a ser estrella en el mundo judicial, a un jurista en pleno ocaso, como ya informó QUÉ PASA.

En marzo de 2013, después de dos años sin practicar ninguna diligencia, de redactar erróneamente las órdenes internacionales de detención contra Enrique Auvert, fue apartado del caso.

Solicitud procedente

Ahora la Sala de Casación Penal del Tribual Supremo de Justicia ha sido clara y determinante: «Declara procedente la solicitud de extradición activa del ciudadano Enrique Auvert Vetencourt, de nacionalidad venezolana, titular de la cédula de identidad V- 5.067.407, al gobierno de los Estados Unidos de América, asume el firme compromiso ante el gobierno de los Estados Unidos de América, que el mencionado ciudadano será juzgado con las debidas garantías constitucionales y procesales penales establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estipuladas en los artículos 19° (principio de no discriminación), 45° (prohibición a la desaparición forzada de personas) y 46° numeral 1 (derecho a la integridad física, psíquica, moral y a la prohibición de ser sometido a tortura o trato cruel e inhumano) por el delito de estafa continuada. Los magistrados doctores Paúl José Aponte Rueda y Úrsula María Mújica Colmenárez no firmaron por motivo justificado», según el relato de la sentencia.

Fotos: Archivo