Foto:Gabriela Sanz
Los agentes policiales llegaron a la vivienda y requisaron 720 litros de gasolina, 247 kilogramos de arroz, así como 120 de azúcar y 51 cajas de jugo
La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia ha decidido mantener la privación de libertad dictada por el Juzgado Tercero de Control contra los 14 ciudadanos de etnia Wayúu acusados de acaparamiento, asociación para delinquir, resistencia a la autoridad, lesiones intencionales, daños contra la propiedad y contrabando.
La decisión, hecha pública ayer y a la que ha tenido acceso QUÉ PASA, de la que ha sido ponente la jueza Jacqueline Fernández González, rechaza de pleno el recurso de apelación interpuesto por los abogados de los imputados, mantiene los delitos de los que se les acusa y decreta que permanezcan privados de libertad.
La operación policial que permitió desmantelar esta presunta banda de «bachaqueros» se produjo el pasado 30 de enero, en la calle 78-B del barrio Los Olivos, de Maracaibo. En este operativo participó un importante número de funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (CPBEZ).
Productos incautados
En ese dispositivo, los agentes llegaron a una vivienda de la calle anteriormente citada y requisaron 720 litros de gasolina, 247 kilogramos de arroz, así como120 de azúcar y 51 cajas de jugo. Las investigaciones de inteligencia de ese cuerpo policial señalaron, según anunció en esa fecha el comisario César Martínez, que todos esos alimentos de primera necesidad y el combustible iba a ser trasladado desde Maracaibo a Colombia.
En la misma operación, justo cuando los funcionarios del CPBEZ procedieron al allanamiento de la residencia donde se encontraban esos alimentos, fueron atacados por sus residentes con objetos contundentes. Tres de los agentes que participaron en el operativo resultaron heridos de diversa consideración.
Momentos después del asalto y ante la resistencia violenta de los aparentemente «bachaqueros», cien policías más tuvieron que personarse en la calle 78-B del barrio Los Olivos para poder continuar con el dispositivo contra el contrabando de extracción.
Los 14 detenidos
Los detenidos fueron identificados como: Belsi Gabriela Chacín Fernández de 28 años de edad, Yanelis Yurenis González Valbuena de 31, Carolina Bariliza Bariliza de 19, Genésis Bariliza de 18, Nelly María Montilla Fernández de 29, María Mercedes Castillo de 43, Idelma del Carmen González González de 35, Irma Beatriz Fernández González de 53, Nilda Gabriela Cámbar López de 30, Lilibeth Coromoto González González de 21, Jésica Josefina González González de 38, Joel Miranda Castro de 34, Sandro Samir Acevedo Roo de 24 y José Daniel Rincón Calixto de 29. Todos ellos permanecen privados de libertad acusados de los delitos anteriormente relatados.
La decisión adoptada por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia es muy importante para el sistema, ya que, además de ratificar la privación de libertad, advierte que, entre otras cuestiones, los ciudadanos que perpetran esos delitos, habitualmente los reconocen ante la Fiscalía y el tribunal encargado del caso, con lo que inmediatamente quedan en libertad y continúan cometiendo ese tipo de actos criminales en contra de los venezolanos.
La jueza Jacqueline Fernández González señala que el acto jurídico recurrido corresponde a la decisión N° 095-2014, de fecha 03-02-2014, emanada del Juzgado Tercero Estadal de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, mediante la cual decretó la medida de privación judicial preventiva de libertad, en contra de los catorce imputados.
Delitos recogidos en la Ley de
Contrabando
Asimismo, subraya que el Código Penal considera que delitos de los que son acusados están plenamente recogidos en Ley sobre el Delito de Contrabando y que afecta tanto a la colectividad, como al propio Estado venezolano.
En este sentido, continúa la decisión, «los recurrentes denuncian las nulidades del procedimiento de allanamiento, las contradicciones de las actas, las contradicciones de las imputaciones del Ministerio Público, la falta de elementos de convicción para evidenciar o presumir que sus representados estuviesen incursos en los hechos punibles, por los que se les está cercenando totalmente el derecho a la libertad personal y presunción de inocencia».
Detenciones legales
La propia jueza justifica la captura de los imputados y aclara que «si bien es cierto, para privar de la libertad individual a un ciudadano, tal circunstancia debe estar debidamente respaldada por una orden escrita, la cual debe cumplir con las formalidades que la ley exige, también lo es, que en los casos de flagrancia, la detención no amerita orden escrita del funcionario que la práctica, ni tampoco requiere de las formalidades de una investigación penal previa, por ser el inculpado y sorprendido, cometiendo el delito, o que apenas lo haya consumado o con instrumentos u objetos que hagan presumir su participación, dicha detención puede ser practicada por cualquier organismo policial, así como también por algún particular o ciudadano, la referida detención es inmediata, o a poco de haberse cometido, tal como se configura en el presente caso, por cuanto el legislador le ha dado esa característica».
Acción, denuncia, detención y ratificación
El diario QUÉ PASA publicó el pasado 31 de enero la operación policial que permitió la detención de 15 presuntos «bachaqueros». Catorce de ellos permanecen privados de libertad. Los ciudadanos de la etnia Wayúu están acusados de los delitos de acaparamiento, asociación para delinquir, resistencia a la autoridad, lesiones intencionales, daños contra la propiedad y contrabando. Ahora, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del estado Zulia ha ratificado la decisión de un juez que ordenó su privación de libertad. La decisión ha sido valiente tanto en el ámbito judicial, como en el social, pues permite consolidar la política de los gobiernos nacional y regional de que la lucha contra la extracción ilegal de alimentos de primera necesidad y de combustible no se doblega ante la presión y la violencia que suelen generar estos individuos, a quienes no les importa que el pueblo venezolano y, en esta ocasión, el zuliano no pueda acceder a los productos alimenticios que evaden a Colombia para ganar grandes cantidades de dinero.
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