Ridícula la sanción a los agresores de Carla

El 2 de abril de 2009 fue el día que reventó la liga que ya estaba bastante estirada, tras una la serie de abusos, vejaciones y malos tratos de los que fue objeto Carla Elena Gómez Alvarado de parte de la directiva de la UE Colegio Nuestra Señora de Fátima y sus docentes; abusos que incluyeron la incitación al bullying.

Tras cuatro años de trato cruel hacia la alumna, con una sanción que solo se asemeja a los castigos que les aplican a los soldados, el llamado «plantón» (de pie, firme bajo en sol en medio de un patio, sin derecho a tomar agua, comer ni ir al baño) durante más de siete horas, llegó el momento, quizás tardío, de reaccionar, de «devolver el golpe».

Pero el sistema no favoreció a Carla, a la víctima, sino que premió a los abusadores, a los directivos y docentes del Fátima a pesar de que todos, sin excepción, admitieron haberle dado trato cruel a su alumna. Además, quienes debían defender los derechos de la adolescente tampoco hicieron su trabajo, en este caso el Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescentes de Maracaibo ni la Consultoría Jurídica de la Zona Educativa, donde las irregularidades fueron bárbaras, al límite de pretender desaparecer todas las pruebas en contra del colegio.

«Sobre ese castigo que me impusieron en el colegio Nuestra Señora de Fátima el Consejo de Protección no hizo nada y por ello yo decidí protestar, porque me estaban ignorando, luego de seis meses de denuncias. Redacté una nota que se llama Confesando mi delito, donde relaté todo lo que me había sucedido», cuenta Carla Gómez.

«Tuvimos que acudir luego a la Fiscalía porque aun cuando ya estaba fuera del colegio y me había dedicado a otras actividades, como la música y la gimnasia, algunos de los alumnos me iban a molestar en esos sitios. En el Ministerio Público me atendieron todas las fiscalías con competencia de menores, y la 30° que se dedicó a investigar por qué no salía la decisión del Consejo de Protección. Finalmente la decisión salió y decía que todo había sido producto de mi imaginación, que yo era una persona que tenía discurrencias, aunque la psicóloga dijo que yo había sido víctima de lo que allí había ocurrido. Se dijo que mi familia y yo exagerábamos las cosas. Me remitieron al cetro, donde llegué muy decepcionada».

En Fiscalía

Sigue relatando la víctima que «en Fiscalía investigaron todo muy bien, a los menores que me agredieron, los videos, me hicieron una inspección forense, analizaron las grabaciones. La fiscalía 37° terminó la investigación, se determinó la responsabilidad de los menores y fuimos a juicio. Yo decidí conciliar porque el verdadero problema era con los adultos, con quienes se suponía que debían ver por mí, por mi desarrollo educativo, por esas personas que tienen tantos títulos pedagógicos y lo que hicieron fue incentivar a mis compañeros a hacer lo que me hicieron. A los menores les impusieron medidas de restricción que les prohibía acercarse a mí personalmente, por interpuestas personas o a través de internet, régimen de presentación, una disculpa pública, una especie de confesión donde ellos describían lo que me habían hecho. En total fueron ocho los muchachos imputados y sancionados».

«La fiscalía 30° también hizo su trabajo en cuanto a establecer la responsabilidad del Consejo de Protección en el no cumplimiento de su trabajo y que no veló por mis derechos, pero la medida en contra de ellos fue muy ligera, porque al parecer, el juez y la consejera trabajaron juntos, son colegas», dijo Carla.

¿Qué pasó con el colegio?
«El caso contra el Fátima lo llevó la fiscalía 35° y llegamos al Tribunal. La imputación fue por trato cruel. En tribunales hubo manejos raros desde que llegó mi caso, no fui notificada de la celebración de mis audiencias por ningún medio».

«A la primera audiencia fui y los acusados se declararon inocentes y me señalaron a mí. Dijeron que más bien, ellos eran víctimas mías por haberles dañado su moral y su imagen y la imagen del plantel, que yo había perturbado la tranquilidad de un colegio con 54 años de trayectoria donde ha estudiado un importante número de personas de la élite de Maracaibo».

Después de haberlo negado, Anny Fabiola Laclé Gómez, Migdalia Cecilia Ojeda Aranaga, Dalia Zambrano de Bracho, María Eugenia Delgado Amesty y Dhámiles Noemi Pineda Torres; todas ellas en un mismo acto de audiencia, y Juan Carlos Cabrera en otro, reconocieron ante la juez 13° de control, Keily Cristai Scandela haber cometido todos y cada uno de los actos abusivos en contra de Carla. En esos actos, la víctima fue representada por la fiscal 50° del Ministerio Público, Rocío Angulo.

Pero la sanción raya en lo absurdo, si se compara con el daño psicológico permanente que quedó padeciendo Carla Elena Gómez luego de vivir el infierno dentro de las paredes de la UE Colegio Nuestra Señora de Fátima. Luego que los imputados admitieron todo, la juez Scandela los sentenció con «la presentación de disculpas públicas a la víctima a través de un medio impreso de la localidad de mayor circulación (…) prestar servicio comunitario, referente a dos charlas en colegios de esta localidad relacionado a la no violencia en adolescentes». Eso fue todo.

Afirma Carla que «el colegio siempre se lavó las manos. Aun cuando todo ocurrió dentro de las paredes del Fátima, ellos no se hicieron responsables y cada uno de los involucrados enfrentó el caso como personas naturales, a pesar de que ellos en esa reunión reconocieron lo que me había ocurrido y me ofrecieron como indemnización 20 mil bolívares y una estatua mía en el patio del colegio, un afiche con la imagen mía y de mis padres para reflejarnos como ejemplo de familia, a cambio que yo firmara un compromiso de dejarlo todo así, de que no procedería a través de los órganos jurisdiccionales».

La indemnización ideal

Cuenta Carla que el ofrecimiento fue rechazado. «Eso no era lo que yo quería», afirma y continúa diciendo que «yo asumí que todo lo que pasa debe ser para aprender y ellos no iban a ser la excepción. Ante la actitud racista de quienes dirigen el colegio, yo realicé un proyecto donde se establece que el 10% de la matrícula escolar del colegio Nuestra Señora de Fátima sea destinada a becas para niños de la etnia Wayuu, becas completas con actividades extracurriculares, uniformes, libros, desde que entren hasta que se gradúen y que eso sea supervisado por la Zona Educativa Zulia para evitar que estos niños sean objeto de maltrato o discriminación. Que se incluya la lengua wayunaiki en el pénsum de estudios en el colegio, el préstamo de las instalaciones deportivas del colegio con sus respectivos baños y comida a precios solidarios para las comunidades aledañas al plantel; que se adquieran dos autobuses blancos, que alguno de los laboratorios de computación del colegio se dedique a ser un infocentro para la comunidad. Esa es mi manera de darles una lección».

«Ellos respondieron que mi propuesta es imposible, que cómo ellos van a hacer eso con los niños Wayuu si, según los maestros y directivos, su ambiente es estar en la calle descalzos o montados en las matas comiendo mango, que a los Wayuu lo que menos les interesa es estudiar».

Lo actual

«Yo sigo mi caso en contra de la decisión judicial, yo solo quiero que se haga justicia. Yo necesito volver a dibujarme en el mundo. Ellos trataron de borrarme durante cuatro años y tengo que volver a levantarme, a redibujarme. Tiene que haber un precedente, tiene que hacerse justicia».

«No quiero que esto siga pasando. Mientras todo esto me ocurría a mí, les pasaba a otros adolescentes que por ser de piel de color eran menospreciados. Cuando mi caso ganó en tribunales muchos se acercaron para unirse a la demanda, pero nosotros solo les indicamos el camino a seguir, no quisimos mezclar las cosas».

«Hoy en día no siento odio. Esa palabra la busqué en el diccionario y significa antipatía y aversión. Yo lo que siento es tristeza, impotencia, decepción de lo que se está convirtiendo esta sociedad. Se supone que ellos, el colegio Nuestra Señora de Fátima está formando individuos, pero qué clase de individuos están saliendo de allí».

Foto: Rafael Parra