Las cárceles están al 121% de su capacidad

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30 de junio, 2014 - 1:41 pm
Redacción Diario Qué Pasa

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El Ministerio de Asuntos Penitenciarios superó el uso—con su presupuesto inicial y los créditos adicionales que percibió— de más tres mil cuatrocientos millones de bolívares.

Los 50 establecimientos de reclusión de Venezuela están hacinados. El aforo de esas cárceles está desbordado. Según reconoce el propio Ministerio de Asuntos Penitenciarios, que dirige Iris Varela, la capacidad de albergue de reclusos es de 24.302 personas. La última memoria de ese departamento advierte que hay 53.917 presos; es decir, un 121% más de su volumen efectivo. El presupuesto de ese despacho —el inicial y los créditos adicionales que percibió— superó, en 2013, los 3.400 millones. Además, esa     Memoria devela que en esos presidios existen 37.372 procesados y solo 16.093 penados.

El anuncio realizado por la fiscal general de la república, Luisa Ortega Díaz, de investigar si los fiscales y los detenidos o presos estaban presentes a la hora para la que estaban fijadas las audiencias en los Tribunales para garantizar la celeridad procesal, ha desempolvado y desentrañado parte del sistema penal. Blanco sobre negro.

El plan de Ortega Díaz ha permitido descubrir estadísticas del Ministerio de Asuntos Penitenciarios —la Memoria de este departamento, cerrada el 31 de diciembre de 2013— hasta ahora inéditas, como el número real de presos, el de procesados, sus presupuestos, sus planes operativos, los menores autores de hechos punibles, las requisas realizadas en los centros penitenciarios o los beneficiados por el Plan Cayapa, con los presos que han alcanzado la libertad. Estos datos se han conocido ahora.

Hacinamiento penitenciario

La memoria de ese departamento gubernamental revela que la población penitenciaria que albergan los 50 centros de reclusión de Venezuela es de 24.302 presos. Sin embargo, esa cifra contrasta con otra literalmente opuesta. Las cárceles acogen en realidad a 53.917 reclusos; es decir, un 121% más de su capacidad efectiva.

La propia fiscal general aportó otro dato significativo el pasado 19 de junio, cuando afirmó que en los retenes habían 1.700 penados que debían ser trasladados a las cárceles para que cumplieran sus condenas y, de esta forma, se produjera un desalojo progresivo de esa población en esos centros de detención preventiva. Esa cifra no está incluida en la Memoria del ministerio.

Además, también se destaca que el Ministerio de Asuntos Penitenciarios contó con un presupuesto inicial de 1.646.902.023 millones de bolívares. Sin embargo, en créditos adicionales, recibió 1.756.229.716 millones. Es decir, que el monto final que dispuso ese departamento fue, en realidad, de 3.403.131.739 millones de bolívares.

Más procesados que penados

Las cifras aportadas por Asuntos Penitenciarios es esclarecedora a la hora de discernir entre la población condenada y procesada que permanece interna en las cárceles. Según esa Memoria, Venezuela tiene 37.372 procesados entre rejas, frente a solo 16.093 penados que permanecen recluidos y ante los 452 presuntos delincuentes que permanecen bajo resguardo policial.

La Memoria también aporta datos como que existen en el país 3.850 menores de edad que han incurrido en algún tipo de hecho punible o que en ese período de tiempo se realizaron 6.282 traslados de internos a otros centros penitenciarios.

Según ese informe, Asuntos Penitenciarios, en colaboración con los cuerpos de seguridad civil y militares, realizó 51 requisas extraordinarias y 300 ordinarias en los presidios de adultos venezolanos, «lográndose recuperar el régimen, control, orden y disciplina en 35 establecimientos penitenciarios a nivel nacional».

Cárceles con armas

La cifra mencionada es especialmente significativa por cuanto el propio departamento reconoce que el 20% de las penitenciarías no está bajo su control. Es más, incluso lo aclara: «A la fecha —31 de diciembre de 2013— el 80% de las cárceles del país están libres de armas, esto incluye también a los anexos femeninos, donde la pacificación se ha hecho presente».

En las requisas, avala el informe, se incautaron 100 unidades de explosivos —no se aclara de qué tipo—, 583 armas de fuego, 908 accesorios para esas armas, 1.326 armas blancas, 2.315 kilogramos de «drogas varias», 5.726 teléfonos y sus accesorios y 104.756 unidades de munición de diverso calibre.

4.658 reclusos liberados

El Ministerio de Asuntos Penitenciarios que administra Iris Varela constata también en este informe que se realizaron 56 jornadas del denominado Plan Cayapa en 50 establecimientos de reclusión, que tuvieron una duración de 93 días consecutivos y que fueron atendidos 51.210 privados de libertad, 4.717 familiares y se realizaron 233.694 atenciones a la población penal.

Pero, al mismo tiempo, también destaca que la aplicación permitió conceder la libertad a 4.658 reclusos o que hubo 7.259 redenciones judiciales por trabajo o estudios, que se efectuaron 4.265 evaluaciones médicas generales, 179 psiquiátricas o 6.910 evaluaciones psicosociales.

Celdas a la carta

La Memoria del Ministerio de Asuntos Penitenciarios devela el proyecto plurianual de la construcción de centros de procesados judiciales. Sin embargo, la medida no afectará a los 37.372 procesados, sino exclusivamente a 804 recluidos que no han sido condenados. Una especie de celdas restringidas a la carta. No obstante será ese departamento el que determine qué procesados se beneficiarán de esas celdas.

En el marco del proceso de transformación del sistema penitenciario «se ha contemplado, dentro de sus líneas de acciones estratégicas, la construcción de centros para procesados judiciales».

Estos centros «avistan el desarrollo de unidades o módulos independientes con una capacidad física de albergue de 804 procesados distribuidos en el área de la mínima y mediana de tres procesados por celda, un procesado en el área de la máxima, 57 procesados en el área de observación y en las celdas de aislamiento para 18 procesados».

De esta manera, subraya el ministerio, se permitirá «crear un ambiente donde los valores humanos sean respetados para lograr su dignificación durante el tiempo de reclusión y así garantizarles una atención integral y especializada con acceso a educación, trabajo, deporte, cultura o actividades religiosas, entre otras».

Catecismo de los funcionarios

Los familiares o víctimas de los delincuentes no aparecen en las casi 200 páginas de la Memoria del Ministerio de Asuntos Penitenciarios. Sin embargo, sí incluye, además de los procesados y penados, a los funcionarios de ese departamento. Incluso, más. Establece una especie de catecismo que deben acatar y cumplir.

Ese decálogo establece como principios y valores, por ejemplo, la honestidad, cuya finalidad «es el ser humano necesitado» y precisa que se debe «ayudar sin recibir nada a cambio». Otra de las máximas es la honestidad «en el entendido del respeto y la aplicación de las normas que regulan la ética y el buen comportamiento dentro y fuera de la institución».

La conciencia, el compromiso o el orden «para complementar la dignificación de las condiciones de los privados de libertad» o la disciplina, ya que «los funcionarios…deben seguir una doctrina apegada a las leyes, ordenamiento y régimen de la institución. Que el régimen penitenciario comienza por los funcionarios, quienes deben ser ejemplo para los privados de libertad».

La responsabilidad, la humildad, la lealtad, el respeto, el trabajo en equipo y la motivación constituyen otro de los principios y valores de ese catecismo penitenciario dirigido a los funcionarios.

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Fotos: Archivo

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