Funcionarios del Saime quedaron bajo régimen de presentación

Foto: Archivo

Las 17 personas, 16 funcionarios y una mujer, que se encontraban recluidos en el Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas El Marite quedaron en libertad ayer bajo régimen de presentación tras haber confesado su culpabilidad en irregularidades detectadas en forjamiento de cédulas de identidad y falsificación de partidas de nacimiento a extranjeros.

En horas de la noche familiares de los imputados estaban a las afueras del Circuito Judicial del estado Zulia esperando que recibieran la boleta de excarcelación.

Uno de los abogados del caso, Antonio Acosta explicó que los imputados aseguran ser inocentes, pero admitieron los hechos para obtener el beneficio de libertad condicional apegados al hecho de que no tienen antecedentes penales.

Acosta explicó que les fueron cambiados los cargos y ahora serán procesados por delito informático y corrupción en grado de cómplice necesario.

Los señalados son dos exjefes y nueve funcionarios del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime); tres fiscales de cedulación del Consejo Nacional Electoral (CNE); dos registradores civiles y una mujer por presuntamente forjar y otorgar documentos de identidad a extranjeros.

El caso

El Ministerio Público había acusado a estos funcionarios por presuntamente forjar y otorgar documentos de identidad a extranjeros. La irregularidad fue descubierta el pasado 21 de agosto durante inspecciones efectuadas en cuatro oficinas del Saime en el Zulia por funcionarios de la Inspectoría General de la institución de identificación y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Los exjefes del Saime, Orlando Terán y Renny Mavárez, habían sido acusados de delitos de corrupción propia continuada, asociación para delinquir y otorgamiento irregular de documento de identidad.

Por su parte, los supervisores de trámites: Roberth Vílchez, Antonio Acosta, Ninoska Araujo, Renield Guerrero, Luis Gastelboldo, Grégori Graterol, Elvenis Arregoces, Claudio Reyes y a la funcionaria Yenith Labarca, estaban acusados de los mismos delitos, al igual que los fiscales de cedulación del Consejo Nacional Electoral, María Perozo, Freddy Bermúdez y Antonio Pineda.

Adicionalmente, habían sido acusados los registradores civiles, Yeneli Cuentas y Luis Ramírez, quienes habrían incurrido en los delitos de corrupción propia continuada y asociación para delinquir.

Por último, los fiscales habían acusado a Liliana Castillo por su presunta responsabilidad en los delitos de corrupción propia continuada, asociación para delinquir y obtención ilegal de utilidad en actos de la administración pública, pues presuntamente solicitaba dinero para tramitar la entrega de documentos de identidad.