El TSJ no extradita a dos venezolanos acusados de estafa en España

La sala de casación penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha denegado la solicitud de extradición a España de los ciudadanos venezolanos Gabriele Gentile Branchi y María Inmaculada Branchi Medrano, quienes están acusados en aquel país de haber cometido una estafa por 950.000 euros entre los años 2005 2009.

Interpol mantiene con notificación roja la orden de detención contra ambos, quienes están casados y residen juncos en una vivienda en Los Hatillos, estado Miranda.

El motivo nuclear expuesto en su decisión por la magistrada Deyanira Nieves Bastidas, ponente del fallo, es que los perseguidos por la justicia española son de origen venezolano y, por tanto, no pueden ser extraditados.

Tanto Gabriele Gentile, como María Inmaculada Branchi, fueron apresados por funcionarios del CICPC el 20 de septiembre de 2011. Sin embargo, ahora el TSJ no solo ha denegado la extradición a España, sino que ha ordenado «la libertad sin restricciones» de ambos ciudadanos y también ordena el archivo del expediente contentivo de la solicitud de detención con fines de extradición».

Según la causa que sigue en la ciudad española de Valencia, el Juzgado de Instrucción Número Trece, los dos ciudadanos venezolanos utilizaron las mercantiles Salatrade Fondo de Inversiones S.A. y Terra Nova Trading, sociedades supuestamente registradas en Panamá y de propiedad de Gabriel Gentile, y se autorizaba por parte de los inversores a comprar y vender cualquier producto financiero que pudiera resultarles interesante.

Ofrecían un 20% de ganancias

Gabriele Gentile Branchi y María Inmaculada Branchi Medrano  se hacía pasar por reputados asesores financieros e inversores bursátiles. En el período de tiempo comprendido entre los años 2005 a 2009 «ofertaron diversos negocios y operaciones financieras, consistentes en la captación de clientes que aportaran capital para su inversión en la compra de acciones, derivados y todo tipo de valores bancarios que se negociaban en los mercados financieros de diversos países, ofertando una rentabilidad asegurada de un 20% de los derechos económicos que se pudieran generar en las operaciones financieras», según la investigación judicial española.

El 31 de diciembre del año 2009 se fugaron de España. Tras ellos dejaron a unas 30 personas que confiaron en ellos y perdieron 950.000 euros que ya no van a recuperar. Ese dinero procedía de ahorros de las víctimas.

Fotos: Archivo