Foto: Archivo
Caracas — No es común que se den condenas de este tipo, pero tampoco imposible; y es que ayer el Ministerio Público impuso la condenatoria de sembrar 1.000 árboles al dueño de un taller mecánico en Barinas y a su ayudante (500 plantas cada uno).
En una nota de prensa emitida por el organismo se especifica que tras admitir haber manipulado incorrectamente sustancias peligrosas, perturbando así la tranquilidad de la comunidad El Cambio, en Barinas.
José Arcinio, propietario del taller Azate Moto Gama Barinas y Mauricio Paz, su ayudante, fueron denunciados el pasado mes de febrero por los vecinos de esa localidad.
Durante la audiencia de presentación, la fiscal 11 auxiliar de esa jurisdicción, Leslie Amaya, imputó a Paz por presuntamente ser coautor en el delito de manejo indebido de sustancias o materiales peligrosos y generación de ruidos. Mientras que Arcinio fue imputado por el delito de manejo indebido de sustancias o materiales peligrosos. Estos delitos están previstos y sancionados en la Ley Penal del Ambiente.
Inusual castigo
Luego de que los dos hombres admitieran su responsabilidad en el hecho, el Tribunal 4 de Control de Barinas acordó la suspensión condicional del proceso por un período de ocho meses y le impuso a Paz la siembra de 500 árboles apamate.
Mientras que se ordenó que Arcinio deberá sembrar la misma cantidad, pero de la especie Palma, en el sector que designe el Ministerio del Poder Popular del Ambiente (MPPA), instancia que a su vez, supervisará el cumplimiento de dicha sanción.
Adicionalmente, la referida instancia judicial les impuso llenar 750 bolsas cada uno con compuesto orgánico, las cuales tendrán que entregar a la Comisión Nacional de Reforestación.
Para que aprendan
Los dos hombres deberán asistir a charlas de sensibilización ambiental. Por su parte, Arcinio tendrá que reubicar el mencionado taller de motos, puesto que actualmente funciona en una zona residencial.
En febrero, vecinos de esa comunidad denunciaron ante el Ministerio Público que el referido establecimiento estaba contaminando a la comunidad con el derrame constante de gasolina, además de perturbar la tranquilidad de los vecinos con ruidos (contaminación sónica) producto del trabajo mecánico que allí realizan.
Por tal motivo, una comisión compuesta por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y funcionarios del MPPA se apersonaron en el lugar para constatar la situación, determinando que dicho establecimiento no contaba con los permisos reglamentarios para su funcionamiento, situación que fue notificada inmediatamente al Ministerio Público.
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