Arévalo murió horas más tardes en el Hospital Militar, sin haber sido presentado en los tribunales

Ordenaron pase a juicio de los acusados por el asesinato de Acosta Arévalo

Acosta
11 de junio, 2021 - 9:37 pm
Agencias

Rafael Acosta Arévalo fue detenido el 21 de junio de 2019 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim)

Un tribunal de control ordenó el jueves el pase a juicio de los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) implicados en la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.

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La noticia fue confirmada por la defensa de la familia de Acosta Arévalo en un mensaje compartido en su cuenta de Twitter, en el que además aseguró aún sigue pendiente la averiguación de la cadena de mando.

El pasado mes de octubre, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló la acusación emitida por el Ministerio Público (MP) contra Ascanio Antonio Tarascio Mejía y Estiben José Zarate Soto, acusados por los cargos de homicidio calificado con alevosía y tortura.

En aquel momento, el TSJ alegó que durante el proceso judicial se registraron actuaciones que atentaron contra el derecho a la defensa, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, y a los derechos de la víctima.

Al poco tiempo, el fiscal general Tarek William Saab realizó una nueva imputación por el caso, en el que reconoció la intencionalidad del homicidio y la tortura.

Rafael Acosta Arévalo fue detenido el 21 de junio de 2019 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) por su presunta participación en el fallido alzamiento militar del 30 de abril de ese mismo año.

Tras haber permanecido varios días desaparecido, la familia y defensa del capitán confirmaron que al llegar al juzgado en junio de ese año presentaba signos de tortura.

Arévalo murió horas más tardes en el Hospital Militar, sin haber sido presentado en los tribunales.

Desde entonces, su caso ha sido denunciado por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Misión de Verificación de Hechos, además de formar parte de las acusaciones contra el Gobierno venezolano en la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de lesa humanidad.

 

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