Carlos Urbano Fermín admitió haber pagado sobornos a una «fiscal de alto rango» en Venezuela como «seguro» por los contratos del grupo empresarial Urbano Fermín
El sistema de justicia de los Estados Unidos (EE. UU.) concedió libertad condicional al empresario Carlos Urbano Fermín en reconocimiento a su «asistencia significativa», luego de ser acusado de lavado de dinero y de utilizar el sistema financiero norteamericano para pagar un soborno a la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz.
Tras admitir el pago de cerca de un millón de dólares, Fermín fue sentenciado a cinco años de prisión, sin embargo, medios internacionales reseñaron este lunes, que el juez Robert Scola dictaminó una sentencia leve a favor del empresario por cooperar en un caso de corrupción en Venezuela.
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Scola es el mismo juez que se encargará de definir la posición del sistema de justicia de los EE. UU. ante la violación de la inmunidad diplomática del embajador venezolano Alex Saab, cuyo caso continúa, a pesar de la posición de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) que solicitaron su inmediata liberación, pues las acciones del Gobierno estadounidense violaron todos los preceptos del Derecho Internacional.
Soborno pagado
Fermín se declaró culpable el año pasado y admitió haber pagado sobornos a una «fiscal de alto rango» en Venezuela como «seguro» por los contratos del grupo empresarial Urbano Fermín con la empresa del Estado venezolano, Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa).
Fermín explicó que entre 2012 y 2016, sus compañías obtuvieron numerosos contratos importantes de tres empresas conjuntas de PDVSA con compañías petroleras extranjeras, entre ellas China National Petroleum Company, Rosneft de Rusia. y la francesa Total SA, refiere AP News.
A principios de 2017, la Fiscalía General de Venezuela, bajo la dirección de Luisa Ortega Díaz, inició una investigación sobre la adjudicación de esos contratos, cuando fue abordado por un abogado del país con la promesa de que podría anular cualquier investigación criminal, según Fermín.
Describiéndose a sí mismo como una «póliza de seguro», el intermediario «informó al acusado que tenía la capacidad de prevenir cargos penales», reza el expediente judicial.
Fermín indicó que había realizado transferencias estimadas en un millón de dólares desde los EE. UU. a cuentas en beneficio de un funcionario venezolano anónimo, incluido un pago de cien mil dólares a un banco de Coral Gables en Miami.
Por su parte, el Gobierno venezolano no presentó cargos contra las empresas de Fermín durante la gestión de la exfiscal Ortega Díaz, no obstante, el actual fiscal general, Tarek William Saab, acusó a Urbano Fermín y dos hermanos por legitimación de capitales y por el desfalco de 2.000 millones de dólares de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO).
Ortega no ha sido acusada, pero previamente señaló que dichos cargos de soborno fueron un intento infundado del gobierno del presidente Maduro para obligarla a confesar y manchar su reputación.
Por sus opiniones abiertas, fue destituida de su cargo de fiscal general de Venezuela y huyó rápidamente a Colombia, donde ella y un equipo de fiscales exiliados intensificaron sus ataques contra la corrupción en su país y proporcionaron pruebas a la Corte Penal Internacional (CPI) sobre violaciones de los derechos humanos presuntamente cometidas por el gobierno de Maduro.
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