Venezuela podría perder un total de 2.000 millones de dólares en ingresos petroleros para finales de 2024, según Luis Bárcenas, director de la firma económica Ecoanalítica, con sede en Caracas
Funcionarios estadounidenses se reunieron en secreto esta semana con miembros de la administración del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para mantenerlo involucrado en las negociaciones sobre reformas democráticas, mientras se acerca la fecha límite para restablecer las sanciones contra la industria petrolera de la nación.
Representantes de la administración de Joe Biden y del gobierno venezolano, entre ellos Daniel Erikson, del Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU., y el jefe negociador de Maduro, Jorge Rodríguez, se reunieron el martes en Ciudad de México para discutir las condiciones electorales, según fuentes con conocimiento directo del asunto, indica una nota de Bloomberg.
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El mismo día, el presidente colombiano Gustavo Petro voló a Caracas con el respaldo de EE. UU., para reunirse con el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, durante casi tres horas antes de sentarse con el candidato presidencial de un sector opositor y gobernador del Zulia, Manuel Rosales.
La visita tuvo lugar después de que Colombia diera el inusual paso de criticar a Maduro por bloquear la participación de varios candidatos de la oposición en las elecciones del 28 de julio.
El Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos declinó hacer comentarios. El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
El jueves, el canciller interino de Colombia, Luis Gilberto Murillo, dijo que la administración de Petro estaba en constante contacto con EE.UU. en relación con cuestiones regionales, incluida Venezuela.
«Siempre jugaremos un papel constructivo en el marco de los canales diplomáticos», dijo Murillo, embajador de Colombia en EE UU, en una entrevista radiofónica.
Según Bloomberg, Maduro ha estado «poniendo a prueba los límites de un acuerdo con la oposición respaldado por Estados Unidos que concretó el año pasado».
María Machado, que ganó unas primarias de la oposición en octubre, y su poco conocida sustituta, Corina Yoris, fueron inhabilitadas para presentarse a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio.
La conducta del gobierno de Maduro ha puesto a la administración Biden en una situación cada vez más incómoda, al verse forzada a decidir si debe reimponer sanciones al petróleo y el gas venezolanos, durante un año electoral cuando la migración ha surgido como una cuestión clave para los votantes estadounidenses.
Si se levanta la suspensión, Venezuela podría perder un total de 2.000 millones de dólares en ingresos petroleros para finales de 2024, según Luis Bárcenas, director de la firma económica Ecoanalítica, con sede en Caracas.
Desde octubre hasta marzo, la licencia ha permitido al gobierno de Maduro ganar 740 millones de dólares adicionales en ventas de petróleo, según Eduardo Fortuny, director de Dinámica Venezuela, una consultora con sede en Caracas.
El canciller colombiano Murillo, quien ayudó a organizar la reunión con Rosales, dijo que Bogotá también ha estado conversando confidencialmente con María Corina Machado, quien según las encuestas es la principal figura de la oposición venezolana.
Durante meses, EE. UU. ha instado a los vecinos de Venezuela a presionar a Maduro para que recapacite.
Funcionarios venezolanos y estadounidenses acordaron finalmente reunirse a principios de esta semana. Se habían reunido el 23 de febrero, antes de que el gobierno de Maduro convocara elecciones anticipadas e impidiera que Machado y Yoris se inscribieran en la votación.
Francisco Palmieri, jefe de misión de la Unidad de Asuntos Venezolanos, se unió a la delegación estadounidense, dijeron las fuentes.
La viceconsejera de Seguridad Nacional, Jennifer Daskal, también asistió a la reunión, según una de otra fuente consultada por Bloomberg. No obstante, un funcionario de prensa de la Unidad de Asuntos Venezolanos declinó hacer comentarios sobre la participación de Palmieri.
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