Mediante un comunicado

OVP denunció la muerte de recluso por anemia en la cárcel de El Marite

Marite
17 de noviembre, 2026 - 1:42 pm
Agencias

«A esto se suma la carga que enfrentan los familiares, obligados en numerosos casos a costear tratamientos, exámenes e insumos que deberían ser suministrados por las autoridades», señaló el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP)

 

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este lunes la muerte de otro recluso bajo custodia del Estado. Se trata de Federico Mendoza Gallardo, quien se encontraba detenido en el Centro de Formación Hombre Nuevo Dr. Francisco Delgado, mejor conocido como la cárcel de El Marite, ubicada en Maracaibo, estado Zulia.

A través de sus redes sociales, la organización de derechos humanos informó que Mendoza Gallardo falleció durante el fin de semana a causa de un cuadro de anemia moderada.

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De acuerdo con el OVP, su muerte ocurre en medio de una severa emergencia sanitaria en las cárceles venezolanas, donde la precariedad de los servicios médicos y la escasez de fármacos ponen en riesgo la vida de la población penitenciaria.

«A esto se suma la carga que enfrentan los familiares, obligados en numerosos casos a costear tratamientos, exámenes e insumos que deberían ser suministrados por las autoridades», señaló la ONG en el reporte.

Para Humberto Prado, director del OVP, la privación de libertad en Venezuela se está transformado en una «pena de muerte», lo que representa una violación de la Constitución. Cuestionó la inacción de las instituciones encargadas de proteger los derechos de los reclusos.

«Esta situación contradice el artículo 43 de la Constitución, que establece la inviolabilidad del derecho a la vida, prohíbe la pena de muerte y obliga al Estado a proteger a las personas privadas de libertad. Asimismo, el artículo 272 exige un sistema penitenciario que garantice el respeto de los derechos humanos», citó la organización.

Agregó que a dichas disposiciones se suman las Reglas Nelson Mandela. En este instrumento internacional, la Regla 24 asigna al Estado la responsabilidad directa de garantizar la salud de las personas privadas de libertad, mientras que la Regla 71 lo obliga a reportar cualquier fallecimiento bajo custodia ante una autoridad independiente para asegurar una investigación rápida, imparcial y efectiva.

Pese a las normativas, el OVP asegura que los familiares continúan denunciando la falta de atención médica en los recintos, por lo que deben asumir los costos de las medicinas para los detenidos que padecen algún tipo de enfermedad.

Ante la situación, la ONG exige al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo ejecutar acciones inmediatas para evitar más muertes en los centros de reclusión.

Igualmente, instó al Ministerio para el Servicio Penitenciario a garantizar medicamentos, atención médica y traslados hospitalarios oportunos.

«Después de más de dos años de gestión, las deficiencias sanitarias denunciadas requieren medidas concretas y resultados verificables», indicó el OVP.

 

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