El gobierno y la oposición acordaron «un procedimiento» a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para que los inhabilitados soliciten la revisión de la medida que les impide ejercer cargos públicos
La Corte Suprema de Venezuela revisará las inhabilitaciones políticas de dirigentes opositores tras un acuerdo alcanzado entre el gobierno y la oposición, anunciaron este jueves las partes.
La medida permitirá a opositores como la dirigente María Machado, que ganó la primaria opositora para enfrentar al presidente Nicolás Maduro en las elecciones de 2024, recurrir la inhabilitación impuesta en su contra por 15 años.
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El gobierno y la oposición acordaron «un procedimiento» a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para que los inhabilitados soliciten la revisión de la medida que les impide ejercer cargos públicos.
Los inhabilitados deberán introducir un «recurso contencioso administrativo» y una solicitud de «amparo cautelar» durante los próximos 15 días, contados de forma continúa desde el 1 de diciembre.
La Corte, en tanto, deberá pronunciarse sobre la admisión de la demanda en un plazo no establecido, pero «conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución».
El anuncio llegó en las últimas horas del plazo que Estados Unidos había otorgado al gobierno venezolano para que definiera un mecanismo que ayudara a levantar las inhabilitaciones contra opositores.
«No he visto ningún progreso todavía, pero quedan ocho horas en el día, así que veremos qué han decidido hacer los venezolanos», afirmó más temprano el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, durante una rueda de prensa.
Estados Unidos había advertido que de no cumplirse con esta exigencia podría reimponer las sanciones económicas que flexibilizó a cambio de los acuerdos que el gobierno y la oposición de Venezuela alcanzaron en octubre pasado para condiciones electorales en las presidenciales de 2024.
Las partes acordaron en un documento suscrito celebrar las presidenciales en el segundo semestre del próximo año con observación internacional, pero tanto la oposición como Estados Unidos habían adelantado que estaba sobre la mesa encontrar un mecanismo para retirar las inhabilitaciones.
«Acatar el marco constitucional»
Hasta el miércoles, el propio jefe de la delegación opositora, Gerardo Blyde, había asomado que podría producirse «un mecanismo» para lograr habilitaciones políticas, pero horas después un poderoso dirigente chavista, Diosdado Cabello, lo descartó.
Las inhabilitaciones políticas son una vieja arma del chavismo gobernante para sacar a sus rivales del camino.
Los altos voceros del oficialismo, de hecho, han insistido en que no permitirán la candidatura de la opositora Machado, a quien acusa de alentar sanciones y una invasión extranjera.
En este último acuerdo alcanzado se pide a los inhabilitados que recurran la medida «respetar la Constitución», «honrar y defender la patria», «acatar el marco constitucional» del TSJ y «rechazar cualquier forma de violencia» y acciones que atenten contra la soberanía.
El jefe de la delegación del gobierno en las negociaciones, Jorge Rodríguez, celebró el nuevo acuerdo alcanzado, pese a que en el pasado ha dejado claro que opositores que hayan cometido «un crimen» no pueden ser candidatos.
«Hoy hemos dado un paso más en la dirección correcta, ratificando lo acordado en Barbados, para hacer respetar las decisiones de las instituciones, del Estado de derecho y la Constitución en Venezuela. Seguimos avanzando. Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada», dijo Rodríguez en X, antes Twitter.
Rodríguez enfatizó que el gobierno seguirá avanzando dentro del marco constitucional y legal de la nación para cumplir con los compromisos adquiridos en el proceso de negociación.
La Embajada de Noruega en México confirmó este jueves la recepción de un procedimiento para la «revisión» de las medidas de inhabilitaciones políticas en Venezuela, enviado por el gobierno de Nicolás Maduro, según el acuerdo parcial sobre la promoción de los derechos políticos y garantías electorales, firmado en Barbados el 17 de octubre de este año.
En un comunicado publicado en X, el facilitador del proceso de diálogo y negociación señaló que el mecanismo promoverá la «autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos», siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos para participar en los comicios presidenciales de 2024, consistentes con los procedimientos establecidos en la ley y en la Constitución.
Se informa que la oposición y el gobierno han convenido el procedimiento con el propósito de procurar la «revisión» de las medidas de inhabilitación dictadas por la Contraloría General de la República, a diversas personas que aspiran postularse como candidatos en las elecciones.
El mecanismo sostiene que los interesados deberán acudir personalmente ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia para ejercer el «recurso contencioso administrativo» que corresponda contra la medida de inhabilitación; así como la solicitud de un amparo cautelar. El lapso establecido para el proceso será desde el 1 hasta el 15 de diciembre.
«La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo cautelar solicitado, conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución», suscribe el texto.
Las partes se abstendrán a incorporar conceptos «ofensivos o irrespetuosos» contra las instituciones del Estado venezolano, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y del acuerdo consensuado, y a respetar la Constitución de Venezuela y las leyes.
Asimismo, se comprometen a «honrar y defender la patria», sus símbolos y valores culturales, el resguardo y protección de la soberanía, nacionalidad, integridad territorial e intereses de la nación. Además, rechazarán cualquier forma de violencia en el ejercicio político, así como cualquier tipo de «acciones que atenten contra la soberanía».
El procedimiento indica que los interesados deberán acatar, en el marco constitucional, la decisión del TSJ que emane de este recurso.
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