El defensor del Pueblo, Tarek Willian Saab, en su primera visita al Zulia
Foto: Wilmer Cubillán/Agencias
«La Defensoría juega un papel de mediador entre el ciudadano y el Estado, por eso mi llamado es a reencontrarnos a través del diálogo para solucionar los problemas que enfrentan los venezolanos»
Maracaibo — La primera visita al Zulia del defensor del Pueblo, Tarek Willian Saab, se convirtió en una serie de preguntas sin respuestas.
El equipo reporteril de QUÉ PASA se acercó a la rueda de prensa realizada ayer en la sede judicial del antiguo Bancomara y le consultó sobre sus gestiones para que los privados de libertad que estaban en la extinta cárcel de Sabaneta y que fueron trasladados a otros penales del país tuviesen garantizados sus derechos básicos fundamentales como alimentación y la posibilidad de asistir a sus audiencias respectivas, esto con la finalidad de evitar los retardos procesales y garantizar los derechos al debido proceso y a los derechos humanos fundamentales.
La respuesta fue lacónica. «Eso no me corresponde a mí, para eso existe un Ministerio de Justicia y el de Asuntos Penitenciarios. Ellos deben garantizar que los trasladados a cada penitenciaría del país cuenten con eso».
También se consultó su conocimiento sobre la construcción del nuevo recinto penitenciario en el estado y nuevamente la respuesta fue evasiva: «No tengo esa información, son temas muy puntuales del ministerio».
Además agregó que ellos trabajan como vigilantes para el cumplimiento de dichos derechos, todo dentro de las limitantes que poseen. «La responsabilidad cae en quienes tienen el presupuesto de los centros penitenciarios. En el caso de las cárceles venezolanas, para eso está el jefe de Estado y para los centros de adolescentes, están las gobernaciones, ellos son los que tienen los recursos para garantizarles a los privados de libertad tales derechos».
En cuanto al tema de los retardos procesales, mencionó dos grandes problemas estructurales de los cuales se abrió una investigación por la parte mencionada: «Sabemos que el retardo policial y procesal es un tema que golpea a toda América, pero nosotros estamos trabajando a través de una investigación que inició el mes de octubre y culminará a finales de enero, de la cual tendremos cifras puntuales».
Saab manifestó que «al diferir una audiencia de alguno de los 50 mil privados de libertad que tiene el país, estamos afectando el acceso a los derechos humanos de los ciudadanos».
A la par que destacó que «el estado Zulia es el estado con mayor índice de violación de derechos humanos».
Cárcel de Porlamar
Con respecto a la oleada de videos que circulan por medio de las redes sociales, en donde los presos de la cárcel de Porlamar, ubicada en la isla de Margarita, se muestran con armas de alto calibre; Tareck expresó que para evitar el incautamiento de armas dentro de los calabozos, «le recomendamos un programa de educación y de actividades que le brinden al privado de libertad los derechos humanos».
Nixson Moreno
«La Defensoría no forma parte del sistema de justicia», acotó en relación al caso del expresidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad de los Andes (ULA), quien fue acusado de agredir sexualmente a una funcionaria policial en el estado Mérida, y que desde el año 2009 se encontraba prófugo de la justicia. El pasado Moreno reapareció en la palestra pública, a lo que el defensor manifestó que «el que no la debe no la teme, si el ciudadano Moreno se encuentra libre y si la Interpol no ha actuado es por algo».
Ambas partes tienen el derecho de presentar sus argumentos y defenderse ante el sistema de justicia.
Privados de libertad
Saab también mencionó haber intervenido en casos de los ciudadanos que se encuentran retenidos en la sede del Sebin en El Helicoide, Nelson Prieto, Rosmit Mantilla y Alejandro Silva, donde sus familiares solicitaron que sean trasladados hasta cárceles comunes, ya que eso podría violentar los derechos humanos de las mencionadas personas, por lo que solicitan que permanezcan allí hasta esclarecer sus casos.
Otros temas
De igual manera, el funcionario dijo que aún con las limitantes que tiene ha obtenido un balance positivo y que ya para el mes de febrero rendirá cuentas ante la Asamblea Nacional. «El aumento del 46% de las acciones defensorales (sic) responden a la superación del 50% en materia de mesas técnicas, asistencias a ciudadanos, centros de salud, hospitales y centros de diagnósticos integrales, así como inspecciones en toda el área de salud».
¿Quién es responsable de la basura?
«Los servicios públicos no representan una dádiva, son servicios pagos que el ciudadano cancela ante los entes encargados y son ellos —en este caso la Alcaldía de Maracaibo— quien debe velar porque no se vulneren los derechos de sus ciudadanos, porque los servicios públicos son un derecho. Y reiteró que es un deber «hacer respetar a través de organizaciones democráticas ese derecho».
Realidad de las cárceles venezolanas
La ministra Iris Varela expresó que, pese al hecho, la cárcel de San Antonio se encuentra en la lista de penales «pacificados» y dentro del llamado «régimen penitenciario» bajo el que, supuestamente, han sido uniformados y despojados de cualquier tipo de armamento los presos del 90% de los internados judiciales. Tareck por otro lado dijo «que dicha cárcel aún no tiene el régimen interno que poseen el resto de las cárceles venezolanas, por lo que era de esperarse tales hechos».
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