Caracas — Aunque lo sigue considerando «por su connotación y por el especial trato que le otorga el artículo constitucional 271, como delito de lesa humanidad», el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)decidió flexibilizar su postura frente a los imputados y acusados de tráfico de drogas; y permitirles gozar de beneficios procesales, tras negárselos por más de una década.
El giro lo adoptó la Sala Constitucional, en su sentencia 1.859, en la cual declaró «contraria a derecho» una decisión del Tribunal 12 de Juicio de Caracas de junio de 2011 que anuló un fallo de la sala 3 de la Corte de Apelaciones de Caracas que favorecía a un condenado por comercio de estupefacientes.
La ley establece como tráfico de menor cuantía, tener hasta 500 gramos de marihuana, 50 de cocaína, 10 de amapola o 100 unidades de droga sintética.
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