Foto: Archivo
Los funcionarios policiales imputados exigían dinero a dos comerciantes para no involucrarlos en tráfico ilícito de drogas
La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia ha decidido mantener privados de libertad a los seis funcionarios del CICPC -—cuatro de ellos adscritos al eje de homicidios de ese cuerpo policial en Maracaibo—, presuntamente involucrados en los delitos de asociación para delinquir, concusión, peculado de uso y violación de domicilio.
Todos están acusados de extorsión y fueron detenidos por el Gaes de la Guardia Nacional el pasado 13 de marzo en Maracaibo y San Francisco.
El ponente del fallo, el juez Roberto Quintero ampara la detención de los seis agentes dictada el pasado 20 de marzo por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control del Estado y mantiene las imputaciones, salvo la de robo agravado, que también solicitaba el Ministerio Público.
Los funcionarios, supuestamente implicados en esos hechos son Israel Antonio Villalobos, Marilyn José Palmar, Arnaldo Jesús Rojas, Manuel Gaviria, Johan Jesús Carruyo y Diego Leonardo Araujo.
Pedían Bs. 400 mil
Según el relato de la Fiscalía, avalado por las actas policiales presentadas ante ese organismo por los agentes militares adscritos al Grupo Antiextorsión y Secuestro (Gaes) de la Guardia Nacional Bolivariana, los funcionarios del CICPC exigieron 400 mil bolívares a dos comerciantes a cambio de, aparentemente no implicarlos en un delito de tráfico ilícito de drogas.
Los comerciantes que iban a ser extorsionados denunciaron los hechos ante el Gaes y tanto ellos como los efectivos militares, acordaron una entrega controlada del dinero exigido por los policías en un puesto de comida rápida ubicado en la Circunvalación Nº 2.
A través de seguimientos de las llamadas telefónicas que realizaron los miembros del Gaes se pudo localizar a los presuntos extorsionadores, quienes fueron detenidos sobre las diez de la noche del pasado 13 de marzo.
El juez de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones revoca el recurso presentado por el abogado de los detenidos y advierte en su fallo que «la entrega vigilada de remesas ilícitas, constituye una técnica de investigación penal de operaciones encubiertas, efectuada por agentes ocultos pertenecientes a los organismos especializados de seguridad del Estado».
Apresados en flagrancia
Por otro lado, el juez Roberto Quintero también subraya que, al contrario de lo que pretendía el abogado de los detenidos, «las nulidades son mecanismos para proteger derechos procesales y el derecho a un proceso con todas las garantías, en este caso no se evidencia violación de normas procesales ni constitucionales: la detención de los imputados fue en flagrancia, tienen un defensor, se les notificó de lo que se les acusaba, fueron presentados ante el juez de control garante de la Constitución y las leyes de la República y encargado de depurar el proceso y prepararlo para un presunto juicio».
La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del estado Zulia, finalmente mantiene la detención de los seis funcionarios del CICPC, las acusaciones de asociación para delinquir, concusión, peculado de uso y violación de domicilio y desestima el robo agravado, como pretendía el Ministerio Público.
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