Foto: Gabriela Sanz/Diego Graterol/ Sede del Palacio Judicial del estado Zulia. Ministerio Público.
José Vicente Rangel advirtió ayer en su programa de televisión José Vicente Hoy que está a punto de «estallar un escándalo judicial» en los Tribunales y en el Ministerio Público del estado Zulia y aseguró que «son incontables las denuncias que se ventilan contra ellos. Hay casos —subrayó— de ciudadanos que son injustamente perseguidos y en algunos casos extorsionados. En cambio, —precisó— otros que han infringido la ley logran soluciones expeditas».
En sentido, indicó que el fiscal superior, Richard Linares, y la presidenta del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, Vileana Meleán, deben, como parte de sus deberes, informar y rendir cuenta ante sus superiores y ante la comunidad zuliana de la delicada situación que está planteada» en ambas instituciones.
Finalmente, Rangel subrayó que «la erradicación de la impunidad y de las prácticas fraudulentas es obligación de todos».
El periodista parece haberse informado por las constantes denunciadas publicadas por el diario QUÉ PASA, como las estafas inmobiliarias, la implicación de funcionarios policiales en delitos de asesinato y extorsión, hechos que, en muchas ocasiones quedan impunes en los tribunales o, en el mejor de los casos, con imputaciones contra ellos que se limitan a recluirlos en las sedes de esos cuerpos de seguridad.
A continuación exponemos algunos casos donde se evidencia la comisión de las irregularidades judiciales perpetradas en el Circuito Judicial Penal del estado Zulia y en el Ministerio Público.
Caso: Estafas inmobiliarias
Los diputados bolivarianos del Consejo Legislativo del Estado Zulia (Clez) nuevamente denunciaron el 25 de agosto hechos de corrupción y vicios en las sentencias emitidas desde la región en los casos de estafas inmobiliarias.
En esta ocasión el vicepresidente del Clez, Eduardo Labrador, dio a conocer el caso del fiscal duodécimo, Juan Carlos Montaner, quien emitió una medida cautelar sobre el ciudadano José Federico Aizpurúa yerno del diputado de la Asamblea Nacional Irán Gaviria sobre quien pesa una orden de aprensión por un hecho de simulación de compra- venta de inmuebles en Maracaibo.
Labrador, como vocero de las estafas inmobiliarias en el Zulia, pidió a la fiscal Luisa Ortega Díaz revisar las actuaciones de los funcionarios públicos que faltan a sus principios y han viciado y manipulado el poder judicial. Por lo que recalco que denunciaran ante las instancias superiores al fiscal José Federico Aizpúrua.
Ante esta situación, el vicepresidente del Clez, señaló que las denuncias serán presentadas a la Fiscalía General de la República, solicitando la intervención inmediata del Ministerio Publico del estado Zulia, a los fines de garantizar el cumplimiento de la justicia a los zulianos y zulianas, «para que de este modo podamos combatir la corruptela e impunidad venga de donde venga como ha sido el mandato del presidente Nicolás Maduro».
Caso Idania Vargas
La irregular actuación del CICPC en el caso de la muerte de Idania Vargas también forma parte de la rocambolesca historia policial y judicial del estado Zulia. Inicialmente, los funcionarios de ese organismo policial de Maracaibo determinaron que su fallecimiento fue un suicidio. Sin embargo, días después, el entonces director nacional del CICPC, Willian Flores, se trasladó hasta esta ciudad y declaró que se trataba de un asesinato.
La autopsia de la joven —también controvertida, pues los forenses determinaron dos causas de muerte: Suicidio y asfixia mecánica— fue finalmente determinante. Idania Vargas se suicidó. Sin embargo, su madrastra y un primo de la joven permanecieron recluidos en Polisur y, posteriormente, permanecieron arrestados en su domicilio. Finalmente, los dos quedaron completamente libres.
Caso Karen Berendique
El homicidio de Karen Berendique, hija del cónsul de Chile en Maracaibo, también fue muy controvertido. 12 agentes del CICPC permanecen imputados por ese crimen. Fueron detenidos y trasladados a Polisur. Posteriormente, fueron trasladados al retén El Marite. En la actualidad se encuentran en Caracas, donde están siendo juzgados.
El juez del Tribunal Octavo de Juicio, Franklin Useche, tuvo que devolver la causa al Tribunal Cuarto de Control y al Ministerio Público por las numerosas irregularidades que contenía. Entre esas anomalías destacaban que los expedientes no estaban foliados ni numerados, circunstancia que permitía la introducción o extracción de cualquier documento o prueba de la causa. Los fiscales olvidaron la relación alfanumérica en el sumario.
Caso fiscal Triguera
A fuerza de esposas y encierro contuvieron a Blanca Tigrera, fiscal sexta del Ministerio Público, por ofender gravemente en medio de maldiciones, gritos, vejaciones e improperios a la doctora Maribel Morán, jueza de primera instancia en funciones de control. Según se conoció, la alterada fiscal desató su vocabulario vulgar y soez en contra de la ciudadana jueza y en medio del escándalo, Maribel Morán tuvo que ordenar que Tigrera fuera esposada, y ésta en medio de su furia e ira, fue bajada al alguacilazgo del Palacio de Justicia y la mantuvieron retenida hasta que se presentó su marido, el juez Juan Díaz, quien cumple funciones en la rama de delitos contra la mujer, y otro fiscal de quien se desconoce la identidad, quienes mediaron en la situación, ante la cual la fiscal Tigrera pidió perdón y se retractó de su conducta grosera y altiva.
Hace unos días fue destituida por estos hechos.
Caso «La Coronela»
Iris Morales de Peña, conocida popularmente como «La Coronela» también un dolor de cabeza por los organismos judiciales. Detenido por ser la presunta autora de una importante estafa inmobiliaria, logró que un tribunal la recluyera en Polisur, cundo estaba detenida en el retén El Marite acusada de estafa agravada continuada y asociación para delinquir.
Sin embargo, un juez suplemente —la titular se encontraba de vacaciones— cambió completamente el dictamen de esa jueza y ordenó de nuevo su ingreso en El Marite.
Karen Berendique
Iris Morales de Peñas, «La Coronela»
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