«Negocio redondo» en los estacionamientos judiciales

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Una víctima de la grúa le exigieron pagar Bs. 1.500 por el transporte de su motocicleta, tras exigir el tabulador, la sanción quedó reducida a Bs. 800.

Maracaibo — El transporte de vehículos o motocicletas sancionadas o requeridas por las autoridades policiales, judiciales y administrativas a un estacionamiento judicial se ha convertido en «un negocio redondo» para algunos y en una sangría económica permanente para las demás. La corrupción como oficio es una realidad. Al propietario de una moto le exigieron el pago de 1.500 bolívares por el traslado de su vehículo a esas dependencias. Tras exigir el tabulador a los empleados del estacionamiento Las Mercedes, el remolque quedó en 800 bolívares. La razón es bien sencilla, ese instrumento legalmente obligatorio no existe en el aparcamiento.

El caso de Wilfredo Simancas no es único. Él tuvo la ventaja de estar asistido por el abogado Danilo Mavárez y presenció «la maraña que existe en Las Mercedes», afirma. Ese es uno de los muchos estacionamientos judiciales que existen en Maracaibo, la mayoría de ellos sin control efectivo por parte del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre o del propio Ministerio de Interior, Justicia y Paz.

A Simancas lo paró una patrulla de Polimaracaibo el pasado día 4 frente al Seguro Social de San Jacinto. Eran las 10:00 de la mañana. Uno de agentes verificó la matrícila de su motocicleta y detectó que tenía una sanción sin pagar, por lo que decidió llamar a una grúa y transportar la moto al estacionamiento judicial de Las Mercedes.

El propietario de ese vehículo de dos ruedas pagó la sanción antigua y la nueva por tener la multa sin abonar en Polimaracaibo. Ya había cumplido con todos los trámites y se dirigió a Las Mercedes.

En ese estacionamiento judicial le indicaron que debía abonar 1.500 bolívares por los servicios prestados por la grúa. Él y su abogado exigieron el tabulador, pero en Las Mercedes no hay. Tras dialogar con los empleados, el transporte de la moto en cuestión de minutos quedó reducido a 800 bolívares.

Operación matemática

Sin embargo, Wilfredo Simancas detectó otro detalle. La grúa que trasladó su moto también transportaba otras siete, todas fueron depositadas en el mismo estacionamiento judicial. Tuvo tiempo hasta de practicar matemáticas y hacer una simple multiplicación: Ocho por 1.500, 12 mil bolívares. «Negocio redondo» y multibeneficio asegurado para los administradores de Las Mercedes. «El cobro es excesivo», subrayó.

No contento con eso, el propio Simancas observó que los conductores y propietarios salían de ese estacionamiento y pagaban a dos personas en el exterior por abandonar el recinto; es decir, que el pago del transporte no quedaba registrado en ningún libro de ingresos o de contabilidad. Por tanto, el «negocio es más redondo».

Él desconoce si Polimaracaibo o las autoridades judiciales tienen constancia de esa «salida» de motocicletas de ese recinto. Sí aseguraba que fueron muchos los vehículos de dos ruedas los que abandonaron las instalaciones.

A finales del mes de abril de este año, el Ministerio Público allanó cuatro estacionamientos judiciales en los estados de Miranda, Lara y Carabobo. En total fueron inspeccionados 3.454 vehículos y motos.

El director general de Actuación Procesal del Ministerio Público, Joel Espinoza, declaró al finalizar esta operación que «luego de las experticias correspondientes se evalúa si los vehículos pueden circular para ser entregados a sus propietarios; en caso contrario, debe actuar la Superintendencia de Bienes para que esos carros sean destruidos y convertidos en cabillas, que serán utilizadas en la construcción de las viviendas propuestas por el Gobierno nacional».

Por su parte, en mayo de este mismo año, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, informó que han practicado allanamientos en 14 estacionamientos judiciales «que han servido como caldo de cultivo» para el delito del robo de vehículos y acotó que ha recuperado 20.979 carros.