Foto:Archivo
La presidenta del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, Vileana Meleán, ha removido de sus puestos de trabajo a los asistentes de los jueces para intentar descubrir quién filtró la información de la destitución de la fiscal antidrogas número 42, Edita Quiroga, y de su rumorada salida de la presidencia de ese estadio, según notificaron fuentes judiciales.
La maniobra «laboral» de Vileana Meleán se ha producido después de que QUÉ PASA publicara el pasado 12 de septiembre las informaciones que hacían referencia a su sustituta a la rectora Ismelda Rincón, y el cese en las actividades profesionales de Edita Quiroga, quien no solicitó el ingreso en el retén El Marite del narcotraficante Carlos de la Cruz Domínguez, alias «Dominguito».
Este sujeto se fugó, junto a su esposa, el pasado 24 de agosto por la puerta principal de Polisur. Cinco agentes de ese organismo fueron apresados al día siguiente. Ese narcotraficante se había fugado meses atrás de la Penitenciaría General de Venezuela en San Juan de Los Morros. Una vez recapturado fue trasladado hasta el estado Zulia en un camión blindado. Sin embargo, fue recluido en Polisur y no en un centro de detenciones con mayores medidas de seguridad.
El ingreso en esas dependencias policiales contraviene las disposiciones establecidas tanto por el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, como por el de Interior, Justicia y Paz. Ambos departamentos prohíben la estancia en esos acuartelamientos policiales de presos y detenidos, quienes deben ser recluidos en retenes penitenciarios.
La remoción de los empleados judiciales se ha producido como consecuencia de la publicación de esas informaciones. Al mismo tiempo, trascendió que los jueces estaban obligados a comunicar a la juez Vileana Meleán las sentencias de los casos más graves que se tramitaban en sus tribunales antes de promulgar sus decisiones.
Nerio Villarreal, quien fue la última persona que visitó en la sede de Polisur al narcotraficante Carlos de la Cruz Domínguez antes de evadirse, es un asistente de la jueza presidenta del Circuito Penal, y muy allegado de Jorge Luis Lugo.
Asimismo, Lugo, su «mano derecha», fue nombrado defensor público de presos. Este aparente ascenso, sin embargo, no es tal. El asistente de la presidenta del Circuito Judicial Penal carece ahora de poder decisorio. La jueza Meleán «ha ido de frente» tras las informaciones publicadas por este periódico. Este cambio recuerda las normas de la Iglesia católica, que cambia de cargo a los cuestionados para neutralizarles su poder.
En algunos círculos judiciales se interpretan los cambios como una maniobra interna para «castigar» a los jueces con nuevos e inexpertos ayudantes para hacerles muy difícil el trabajo.
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