La Dirección Nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) citó ayer con «carácter de urgencia» a los jefes de este organismo denunciados, entre otros delitos, por extorsión y amenazas de muerte a dos empresarios de Maracaibo y a los abogados José Gregorio Hernández y Carlos Vásquez, quienes, como publicó ayer QUÉ PASA, denunciaron que la cúpula policial formaba una supuesta «organización criminal».
Los mismos abogados, tras reunirse con la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Gladys María Gutiérrez Alvarado, formularon una denuncia en la Fiscalía General de la República, ahora por extorsión y delincuencia organizada contra los mismos funcionarios. En la denuncia adosaron el reportaje que publicó ayer este periódico.
Funcionarios denunciados
José Gregorio Hernández y Carlos Vásquez, que también son dirigentes del movimiento Tupacamaru, como ya público ayer QUÉ PASA, indicaron que los funcionarios policiales denunciados son el jefe de la Delegación del estado Zulia del Cicpc, el comisario Heberto José Olano; el jefe de la subdelegación de ese cuerpo en Maracaibo, el comisario Gustavo Hernández; el inspector-jefe de homicidios, Orlando Herrera; y el agente Jesús Puerta.
Por otro lado, la fiscal con competencia nacional Yurinma Giris, con quien se reunieron, les anunció que el Ministerio Público designará hoy a dos fiscales con competencia nacional para que se trasladen a Maracaibo e inicien una profunda investigación sobre los hechos denunciados.
También le expresaron que han hecho «un llamado a todos los ciudadanos que han sido víctimas de extorsiones o de cualquier otro tipo de delito por parte de funcionarios del Cicpc para que denuncien, que pierdan el temor y denuncien sus casos ante el Ministerio Público».
Entre sus planes figura la solicitud a la Fiscalía General de la República para que «establezca mesas de trabajo en el Ministerio Público para que los ciudadanos que han sido víctimas del Cicpc puedan formular sus denuncias».
Asimismo, los abogados se reunieron con la directora del despacho del viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica, José Vicente Rangel, con quien se entrevistarán hoy.
«Organización criminal»
Como ya públicó ayer QUÉ PASA, los dos abogados denunciaron a los altos jefes del Cicpc del estado Zulia por formar «una organización criminal» y por su presunta implicación en delitos de «acoso, amedrentamiento, coacciones, intimidación, vejación y persecución con amenazas de muerte». Los hechos declarados ante el Ministerio Público han surgido, según afirman, por ejercer «nuestra profesión y defender a dos empresarios de Maracaibo a quienes pretendían extorsionar para cobrar un total de 5,2 millones de bolívares».
Al mismo tiempo, entregaron las denunciadas formuladas por los empresarios Dani Montiel Fuenmayor y Carlos Negrón Serges. Al primero de ellos le exigieron 200 mil bolívares para no implicar una pistola que transportaba con todos los permisos en un homicidio. Al segundo, le exigieron cinco millones de bolívares para no relacionarlo con la muerte de un exconvicto de Sabaneta que falleció en un enfrentamiento con una comisión de ese cuerpo policial en el interior de uno de los hoteles de su propiedad.
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