El observatorio Venezolano, enfatizó que el Estado tiene la obligación constitucional y legal de esclarecer las circunstancias del deceso, precisar la atención médica brindada de forma previa y determinar si existió negligencia o si la muerte pudo haberse evitado
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este miércoles 26 de agosto, el fallecimiento del ciudadano Carlos Eduardo Padilla, quien se encontraba recluido bajo custodia estatal en el Centro de Reclusión para Procesados Judiciales 26 de Julio, ubicado en el estado Guárico.
De acuerdo con la información recabada por la organización defensora de derechos humanos, Padilla falleció en el Hospital Dr. Israel Ranuárez Balza tras presentar complicaciones de salud.
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El OVP alertó que este deceso ocurre dentro de un recinto penitenciario que alberga a más de 1.800 personas privadas de libertad, un espacio afectado por graves e históricas deficiencias en materia de alimentación, saneamiento e infraestructura médica.
Desde la organización rechazaron que las precarias condiciones carcelarias se asuman como un aspecto inevitable del presidio, señalándolas como «una muestra de desidia en la administración de los recintos penitenciarios venezolanos».
Asimismo, el OVP enfatizó que el Estado tiene la obligación constitucional y legal de esclarecer las circunstancias del deceso, precisar la atención médica brindada de forma previa y determinar si existió negligencia o si la muerte pudo haberse evitado.
Patrón alarmante de fallecimientos bajo tutela estatal
El deceso de Padilla se suma a una preocupante cifra de muertes bajo custodia registradas en lo que va de año en las cárceles venezolanas, según los monitoreos continuos del OVP, la desnutrición severa, la falta de acceso a agua potable y la proliferación de enfermedades transmisibles sin tratamiento oportuno —como la tuberculosis y patologías gastrointestinales— continúan siendo las principales causas de muerte entre la población penal.
La organización ha documentado de forma constante cómo la falta de presupuestos adecuados para la salud penitenciaria y la paralización de traslados médicos de emergencia terminan desencadenando desenlaces fatales que pudieron ser prevenibles, convirtiendo a la privación de libertad en una condena de alto riesgo para la integridad física.
Ante la falta de actuación por parte del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, el OVP informó que ha procedido a documentar e informar sobre este caso a mecanismos nacionales e internacionales de protección de derechos humanos.
El organismo exigió una investigación transparente e independiente para determinar responsabilidades, reiterando que la opacidad institucional no puede ser la respuesta ante los familiares de las personas que fallecen bajo custodia estatal.
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