La CIDH señaló que Fernández Duarte está privada de libertad en el Comando Nacional Antidrogas (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicado en Las Acacias en Caracas, un centro de detención donde la población es mayoritariamente masculina
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en beneficio de la exalcaldesa zuliana, Indira Celina Fernández Duarte, quien fue detenida en 2025 por presuntos nexos con mafias dedicadas al narcotráfico, al considerar que «se encuentra en una situación de gravedad y urgencia» debido a que sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de «daño irreparable» en Venezuela.
Según la solicitud, la exalcaldesa del municipio Guajira del estado Zulia posee antecedente de cáncer de tiroides y no está recibiendo la atención médica adecuada ni los controles requeridos, por lo que se desconoce su estado de salud.
La CIDH señaló que Fernández Duarte está privada de libertad en el Comando Nacional Antidrogas (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicado en Las Acacias en Caracas, un centro de detención donde la población es mayoritariamente masculina. Aseguró que el Estado no proporcionó información a la CIDH sobre su situación.
«La Comisión valoró su antecedente de cáncer de tiroides, la falta de atención médica y las inadecuadas condiciones de detención y consideró que existe la posibilidad de que se materialice el riesgo en cualquier momento», alertó el organismo interamericano.
La CIDH pidió al Estado adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de la persona beneficiaria; realizar de inmediato una valoración médica sobre su situación de salud y garantizar la atención y el tratamiento médico oportuno y especializado.
Piden revisar caso contra otra exalcaldesa
Familiares de la exalcaldesa zuliana Keiryneth Fernández, condenada a 27 años de prisión por narcotráfico, solicitaron a la Defensoría del Pueblo revisar el fallo, el cual -aseguraron- se produjo en el marco de un proceso viciado de nulidad absoluta.
En el escrito denuncian que «la condena por tráfico de drogas y de asociación para delinquir se pretendió justificar por la presencia de presunta droga en camionetas halladas en lugares distintos, sin que los familiares fuesen sus propietarios, conductores o se encontraran presentes en el sitio del hallazgo».
Los familiares piden hacer justicia en la causa que también involucra a Kervin Epieyu Machado, Gregorio Amaris Meléndez, Kender Villalobos y Taina González, quien era diputada de la Asamblea Nacional cuando fue detenida.
Pidieron a la Defensoría abrir una investigación por violaciones al debido proceso y las garantías judiciales.
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