El informe aclara que aún cuando el gobernador Manuel Rosales no ha cumplido una gestión anual que evaluar en Zulia, consideró necesario informar a la colectividad el estado en el cual fue encontrada la Gobernación del estado Zulia
Cumpliendo lo establecido en la Constitución Nacional y del estado Zulia, así como en las normativas establecidas para la administración pública, este lunes se hizo entrega a la Contrataría del Estado Zulia y al Consejo Legislativo del informe de gestión de 2021 del Ejecutivo regional, donde se detallan las presuntas irregularidades halladas en la Gobernación del Zulia de la administración saliente. El mismo fue entregado por el secretario de gobierno, José Luis Alcalá Rhode.
El texto detalla que aún cuando el gobernador Manuel Rosales no ha cumplido una gestión anual que evaluar, consideró necesario informar a la colectividad el estado en el cual fue encontrada la Gobernación del estado Zulia.
En el documento consignado por el secretario de Gobierno del Zulia, José Luis Alcalá, se detalla «la situación actual de cada una de las dependencias de la Gobernación, destacando que 80% de los entes, incluyendo el Despacho del Gobernador y la Residencia Oficial, no fueron entregados conforme a la Resolución Nº 01-00-162 emitida por la Contraloría General de la República para tales fines». Dichos entes fueron encontrados en completo abandono por parte de la gestión saliente.
De igual manera informó que a través de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado Zulia se pudo conocer «que el sistema de contabilidad de la Gobernación fue deshabilitado impidiendo el acceso a la información administrativa y financiera del estado». Tampoco fueron recibidos los informes y documentos correspondientes al ejercicio fiscal de 2021.
Adicionalmente no se presentó ante el Consejo Legislativo el anteproyecto de la Ley de Presupuesto 2022 para su debida aprobación, lo cual obligó la reconducción del Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2022.
En lo que respecta a la nómina actual del Ejecutivo regional, el informe entregado por la gestión de Rosales detalla «que el sistema de Recursos Humanos también fue deshabilitado lo cual impide el acceso a la documentación y/o registros que validen y soporten los trámites y pagos realizados a 55 mil trabajadores entre contratados, empleados, obreros y jubilados».
Asimismo la exposición amplía que una considerable cantidad de inmuebles de la Gobernación fueron cedidos a otras entidades, entre ellos el Edificio Banco Federal, propiedad de la Gobernación, donde funcionaban varias dependencias del Ejecutivo regional.
La infraestructura y condiciones del Palacio de Gobierno son deplorables, «únicamente encontramos y en precarias condiciones el Despacho del Gobernador y dos salones de reuniones». En lo que respecta al parque automotor, hasta el momento solo figuran 14 vehículos hallados en condiciones deplorables.
Nota de la Dirección: Llama la atención que hasta ahora, no se han conocido evidencias fotográficas del estado en que se recibieron algunas de las dependencias que mencionan en el in forme, especialmente la Residencia Oficial o el Palacio de Gobierno, que de no haberse recibido como la manda la ley, hubiera sido interesante que las recibieran acompañados de los medios de comunicación, que hubiéramos podido dar fe de lo que el secretario de gobierno ahora firma. Han circulado fotos por ahí, pero proporcionadas por la misma parte interesada y no por medios independientes.
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Educación y salud en ruinas
Del mismo modo, el documento presentado a la Contraloría del estado y Consejo Legislativo del estado Zulia asegura que la mayoría de las escuelas del estado «están en completo abandono, sin dotación de pupitres, sin salas sanitarias aptas y sin servicios básicos, al igual que la mayoría de hospitales y ambulatorios los cuales fueron hallados sin el debido mantenimiento, equipamiento e insumos».
Irregularidades en programas sociales
Dice el informe que los programas sociales de la gobernación «presentan una serie de irregularidades, no hay ningún tipo de soporte legal y administrativo como contratos».
En el caso de las Becas JEL no existe relación de becados, ni relación o convenios entre la Gobernación y las instituciones educativas, «las cuales han manifestado una deuda multimillonaria por parte de la gestión saliente», sin ésta haber previsto la disponibilidad financiera y presupuestaria para el ejercicio fiscal 2021.
Seguridad bajo la lupa
En materia de seguridad y orden público acotaron «estamos realizando la revisión pertinente de los oficiales adscritos a la Policía Regional, nómina que asciende a 5 mil 119 oficiales activos y 2 mil 803 jubilados. De igual manera revisan el parque automotor donde hasta ahora contabilizan 131 unidades radiopatrulleras, 109 operativas y 118 motos, 115 operativas».
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