Machado acudió al TSJ el 15 de diciembre, junto con su defensa, a interponer una demanda de reclamación y un amparo cautelar contra lo que consideran es un mecanismo que, de manera irregular, «simula una inhabilitación inexistente» y que constituye un elemento que vulnera sus derechos políticos como aspirante y candidata presidencial unitaria de la oposición mayoritaria tras su victoria en la elección Primaria del 22 de octubre
La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) informó el miércoles 17 sobre la suspensión de despachos «hasta nuevo aviso», luego de que la defensa de la candidata presidencial unitaria, María Machado, acudió seis veces en las últimas semanas para tratar de consultar el expediente que la Contraloría General remitió en diciembre al máximo tribunal del país.
El abogado e integrante de Vente Venezuela, Perkins Rocha, reportó este miércoles la notificación de la Sala Político Administrativa, instancia judicial encargada de evaluar las inhabilitaciones de opositores en el contexto de la negociación entre el oficialismo, la oposición vinculada con la Plataforma Unitaria Democrática y la Casa Blanca.
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Rocha resaltó que la acción de la Sala Político Administrativa -que días atrás se comprometió en permitir el acceso al expediente- «deja entrever que la fecha de reinicio por los momentos no está definida».
Entre las causas que alegó en días pasados la Sala Político Administrativa para impedir que la defensa de Machado tuviera acceso a su expediente figuran una inusual falla eléctrica en la sede del TSJ, la revisión del expediente por parte del magistrado ponente y presidente de la instancia judicial, así como una súbita suspensión de labores.
El miércoles, las magistradas y magistrados del TSJ, reunidos en Sala Plena, designaron por unanimidad a la nueva presidenta, Caryslia Beatriz Rodríguez, quien sustituye en el cargo a Gladys Gutiérrez.
El 30 de junio de 2023, la Contraloría, cuyo titular entonces era el actual presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, informó sobre la inhabilitación de Machado por 15 años mediante un documento que la candidata presidencial unitaria opositora nunca recibió y en el que la instancia del Estado que controla el oficialismo la vincula con una supuesta trama de corrupción, entre otros señalamientos, sin que existan de forma previa un proceso ni sentencia judiciales.
Machado acudió al TSJ el 15 de diciembre, junto con su defensa, a interponer una demanda de reclamación y un amparo cautelar contra lo que consideran es un mecanismo que, de manera irregular, «simula una inhabilitación inexistente» y que constituye un elemento que vulnera sus derechos políticos como aspirante y candidata presidencial unitaria de la oposición mayoritaria tras su victoria en la elección Primaria del 22 de octubre.
La asistencia de Machado al TSJ en diciembre ocurrió luego de que el 30 de noviembre, en el contexto de la negociación política y el acuerdo de Barbados entre el gobierno de Maduro y la oposición, el oficialismo definió un procedimiento para la revisión de las inhabilitaciones administrativas -mediante la intervención del TSJ-, que divulgó Noruega, garante de las negociaciones entre las partes.
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