En las negociaciones estaba previsto que se hablara de derechos y garantías políticas, pero en cambio se continuó con la renovación del TSJ y se conversó sobre la libertad de expresión
Tal y como lo anunciaron Marco Rubio y Dinorah Figuera el pasado viernes 9 de octubre tras su reunión en Washington, este miércoles debe comenzar la tercera ronda de la mesa de diálogo entre las delegaciones de la AN de 2015 y el chavismo.
En una hoja informativa del Departamento de Estado ese mismo día del encuentro entre el jefe de la diplomacia estadounidense y la presidente de la Asamblea Nacional de 2015, los temas a abordar en este tercer ciclo serán los derechos y garantías políticas.
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Figuera, a diferencia de las ocasiones anteriores, no informó sobre su llegada al país pero sí confirmó la noche del 13 de octubre que la delegación opositora preparaba «la agenda de garantías políticas y civiles» que llevarán a la negociación.
Los temas del Departamento de Estado
Estados Unidos dijo el 9 de octubre fijó los temas a abordar: «Las delegaciones se centrarán en finalizar el proceso de selección del Tribunal Supremo y en brindar a los individuos y a los partidos políticos las garantías de participación necesarias para unas elecciones creíbles», aseguraron en su documento.
El chavismo ha jugado posición adelantada desde el segundo ciclo de conversaciones. Estaba previsto que se hablara de derechos y garantías políticas, pero en cambio se continuó con la renovación del TSJ y se conversó sobre la libertad de expresión.
Antes de verse las caras se anunció el desbloqueo parcial de medios digitales de comunicación independientes, una medida que al finalizar esa segunda ronda se extendió a otros portales de noticias, pero que aún sigue siendo insuficiente.
Además, a finales de ese mes Delcy Rodríguez pidió la reforma de la Ley contra el Odio, uno de los temas que los delegados opositores dijeron con anterioridad serían tratados en la mesa de negociación. El proyecto de reforma se entregó a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para su revisión.
Aunque ONG, la Plataforma Unitaria Democrática y defensores de derechos humanos han pedido su derogación, la propuesta desde el poder es que esta ley elimine las penas de cárcel que contiene.
¿Devolverán tarjetas a partidos políticos?
En esta ronda se debería avanzar en resolver la intervención judicial contra los partidos políticos que data desde el año 2020 cuando la oposición decidió no acudir a las parlamentarias. La respuesta del chavismo fue la de entregar el control de las organizaciones políticas que lo adversaban a dirigentes de esas organizaciones cooptados por el poder.
Entre ellas figuran Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular, estas dos últimas como las únicas sentadas en la mesa con Miraflores.
Pero desde antes hay partidos con medidas judiciales como Copei, Bandera Roja, una medida que a la par de las formaciones opositoras se aplicó a disidentes del chavismo como Patria Para Todos y el Partido Comunista de Venezuela, entre otras.
Las garantías políticas deben incluir las inhabilitaciones contra dirigentes de oposición, lo que cobra mayor relevancia después de la denuncia, el pasado 6 de octubre, de la exmagistrada del TSJ Bárbara César, quien en un video dijo que detuvieron a sus dos hermanos y cuñada militar, implicados posteriormente en la llamada «Operación Brazalete Blanco», para coaccionarla a firmar la inhabilitación de la líder opositora María Machado y el exgobernador de Miranda, Henrique Capriles.
Estas medidas impuestas desde la Contraloría General de la República desde hace más de una década han sacado de la carrera electoral a dirigentes con peso político que han puesto en aprietos a Miraflores, tal como el caso de Machado que ganó las primarias de la coalición opositora en octubre de 2023, pero a quien impidieron participar en las elecciones presidenciales de julio de 2024.
Han sido cuestionadas por su ilegalidad y una forma del chavismo de imponer a sus dirigentes. Uno de esos casos fue cuando en las regionales de noviembre de 2021 en las que Freddy Superlano, de Voluntad Popular, ganó las elecciones en Barinas por un estrecho margen, pero posteriormente la Sala Electoral ratificó una inhabilitación política en su contra anterior a su postulación y participación en esa contienda, anuló los resultados y convocó un nuevo proceso que de nuevo perdió el chavismo en la cuna del fallecido Hugo Chávez.
Decidir el comité de postulaciones judiciales
El otro tema que señaló el Departamento de Estado es la continuidad de la renovación del TSJ que debería seguir con la selección de los 12 miembros de la sociedad civil del comité de postulaciones judiciales, un proceso que comenzó el 2 de octubre con el llamado a la presentación de aspirantes.
Un total de 127 personas se inscribieron al cierre de recepción de documentos. Las entrevistas arrancaron este miércoles 13 de octubre y se mantendrán hasta este viernes 16 de octubre, por lo que se espera que los nombres se den a conocer al finalizar este tercer ciclo de conversaciones.
La reforma de la Ley Orgánica del TSJ permitió incorporar una mayoría mínima de actores no partidistas a este comité, pero aún está por verse cuántos de esos miembros a escoger serán verdaderamente independientes.
El delegado opositor Juan Miguel Matheus dijo el 11 de octubre que la selección saldría de la mesa de negociación pero el chavismo, a través de la comisión preliminar, es la que hasta el momento comanda ese procedimiento.
Como en las dos rondas anteriores, desde Miraflores enviaron una convocatoria a los medios de comunicación para permitir sólo el acceso a fotógrafos para captar imágenes a partir de las 3:00 de la tarde de este miércoles 14 de octubre en el hotel Meliá Caracas, sede de los dos primeros encuentros.
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