Maduro ha dicho que utilizará las negociaciones para exigir que Monómeros y la refinadora estadounidense Citgo Petroleum Corp., también controlada por la oposición, se pongan bajo el administración de su gobierno
La demanda de Nicolás Maduro por el control de la productora colombiana de fertilizantes Monómeros ha afectado aún más las finanzas de la empresa y contribuyó a la intervención del regulador colombiano de sociedades, dijo Carmen Elisa Hernández, quien renunció el domingo a la presidencia de la junta directiva de la compañía.
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Hernández dijo a Reuters que la exigencia de Maduro de recuperar el control de la compañía, como elemento a debatir en el proceso de diálogo con la plataforma unitaria de la oposición, alarmó a los proveedores de materias primas y los llevó a dejar de vender a Monómeros con generosas condiciones de crédito, lo que complicó las finanzas de la empresa estatal venezolana, que ya estaban comprometidas por la dificultad de acceso al financiamiento de los bancos colombianos.
La crisis de liquidez resultante contribuyó a la decisión tomada la semana pasada por la Superintendencia de Sociedades de supervisar las operaciones de la empresa, un importante proveedor de los agricultores de Colombia, uno de los principales exportadores mundiales de café, dijo Hernández.
La junta que controla la empresa colombiana fue nombrada por Juan Guaidó, líder de la oposición venezolana desde 2019, cuando Colombia, Estados Unidos y decenas de otros países lo reconocieron como líder legítimo de Venezuela, tachando a Maduro de «dictador» que amañó su reelección en 2018.
Maduro, quien asegura que la elección fue justa, permanece en el cargo a pesar de las sanciones de Estados Unidos y la presión diplomática mientras los mediadores internacionales facilitan las negociaciones para poner fin a la crisis política.
El mandatario nacional ha dicho que utilizará las negociaciones para exigir que Monómeros y la refinadora estadounidense Citgo Petroleum Corp., también controlada por la oposición, se pongan bajo el administración de su gobierno.
Hernández dijo que, si bien ese escenario «es improbable», la perspectiva de tratar con una empresa controlada por el gobierno de Maduro, con problemas de liquidez, llevó a los proveedores a solicitar pagos por adelantado de materias primas como la urea y los fosfatos.
«Generó un problema en el mercado en términos de desconfianza y una reducción del apetito de riesgo», dijo en una entrevista con Reuters.
La Superintendencia de Sociedades declinó hacer comentarios, refiriéndose a su declaración del 6 de septiembre, en la que decía que su intervención era lo máximo que podía hacer para abordar una situación crítica relativa a cuestiones legales, contables, económicas o administrativas.
Monómeros no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. En un comunicado del 7 de septiembre, Monomeros pidió al regulador que revocara la medida de intervención, argumentando que la decisión se basaba en «información no actualizada».
Hernández dijo que renunció en parte porque no estaba de acuerdo con esa posición, argumentando en cambio que la intervención del regulador sirvió como una señal útil para los proveedores de que el gobierno de Colombia – un firme opositor de Maduro – no permitiría que Monomeros volviera a caer en manos de Maduro.
«La resolución de control significó la protección del gobierno colombiano, que ha sido absolutamente solidario con el gobierno interino del presidente Guaidó», dijo Hernández.
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