Caracas — La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) reiteró al Estado venezolano que el político preso, Leopoldo López, se encuentra habilitado para ejercer cargos públicos y que su negativa de revisar el artículo 105 de la Ley Orgánica de Contraloría representa un «evidente desacato» a la obligatoriedad de la sentencia sobre las inhabilitaciones políticas en la nación suramericana.
«El Estado ha incumplido su deber de informar sobre la ejecución de la sentencia emitida el 1 de septiembre de 2011 en el caso López Mendoza y ha asumido una actitud de evidente desacato respecto a la obligatoriedad de esta sentencia. Esta actitud del Estado es contraria al principio internacional de acatar sus obligaciones convencionales de buena fe y a lo dispuesto en el artículo 68.1 de la Convención Americana».
Aunque de acuerdo con los lapsos administrativos, las inhabilitaciones de López vencieron en 2015, la Corte IDH reitera al Estado venezolano que el CNE y los órganos competentes deben asegurar que López pueda inscribirse sin impedimentos como candidato a eventos electorales.






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