En total son 4 los políticos que no podrán participar

Candidatos inhabilitados para los comicios regionales del 21 noviembre

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11 de octubre, 2021 - 7:07 pm
Agencias

Los candidatos inhabilitados son Richard Mardo (Aragua); Daniel Ceballos (Táchira); Leocenis García (Caracas) y Eduardo Samán (Caracas)

 

Desde la llegada del oficialismo al poder en Venezuela a finales de los años ‘90, ha sido una constante en el tablero político nacional las inhabilitaciones de dirigentes opositores por parte de la Contraloría General de la República (CGR) para ejercer cargos públicos.

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Acceso a la Justicia contabilizó que entre 2002 y 2015, la CGR ha inhabilitado a un total de 1.401 funcionarios en Venezuela.

Para la ONG esto responde a un método de «retaliación política» con un único interés: entorpecer el camino electoral de dirigentes adversarios.

Un caso emblemático que se movió en lo más alto de la justicia internacional fue el de Leopoldo López, exalcalde del municipio de Chacao, quien fue inhabilitado en 2008 por la Contraloría General por supuesta malversación de fondos por una subvención que Petróleos de Venezuela (Pdvsa) concedió a una fundación liderada por su madre cuando el líder opositor trabajaba para la estatal, entre 1996 y 1999.

La inhabilitación llegó justo después que López anunciara su intención de concurrir a las elecciones municipales para la Alcaldía de Caracas, por lo que el jefe de Voluntad Popular denunció una persecución política.

En 2011, López informó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció a su favor en una demanda que interpuso contra el Estado de Venezuela por su inhabilitación para ejercer cualquier cargo de elección popular.

«Lo logramos, se hizo justicia. Estoy habilitado. Un triunfo de todos los que hemos luchado por los derechos y la justicia. Ganó Venezuela», escribió López en su cuenta de Twitter.

Aunque la por entonces fiscal general, Luisa Ortega Díaz, ratificó tiempo después la inhabilitación hasta 2017.

En junio de 2008 la CGR inhabilitó por 15 años a 272 servidores públicos, lo que impidió su postulación a las elecciones regionales de ese año. El entonces contralor Clodosvaldo Russián explicó que se trataba de una «sanción administrativa muy especial» para «preservar el patrimonio público», dictada sin que los funcionarios fuesen condenados en firme. La justicia, según Russián, vendría después. El 89% de los afectados por esta medida militaba en partidos de oposición.

Recientemente, el rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Márquez, ha realizado «diversas gestiones» para que se tome una decisión favorable sobre las inhabilitaciones, pero la «negativa de la Contraloría» ha impedido resolver de manera inmediata.

«Hemos hecho todas las gestiones hacia lo interno del CNE para que en este caso y otros muchos se tome una decisión favorable a la restitución plena de los derechos políticos de los ciudadanos afectados. Sin embargo, la situación permanece sin novedades», denunció.

Márquez, junto con el rector Roberto Picón (expreso político de la administración de Maduro), señalaron estas acciones como «una violación de la Constitución».

En el último año, diversos políticos opositores en el exilio han regresado a Venezuela para dar a conocer sus aspiraciones políticas y participar en los comicios regionales del 21 de noviembre.

En 2019, Américo De Grazia se refugió en la embajada de Italia, en Caracas, luego de afirmar que la administración de Maduro lo perseguía. Semanas después salió de Venezuela con rumbo al país transalpino donde permaneció en el exilio y haciendo denuncias sobre presunta corrupción y los desmanes provocados por la actividad minera en la zona sur de Bolívar.

El pasado mes de junio, concretamente el día 10, De Grazia confirmó a través de su cuenta oficial de Twitter que había regresado al país.

El político también comunicó su intención de participar en las elecciones convocadas para el 21 de noviembre por el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), como candidato a la gobernación de Bolívar.

En la madrugada del 1 de septiembre, el CNE oficializó la candidatura de Américo De Grazia a la gobernación del estado Bolívar.

Luis Stefanelli, diputado opositor de la Asamblea Nacional electa en 2015, se encontraba  exilado en Estados Unidos luego que en diciembre de 2019 la Asamblea Nacional Constituyente chavista lo despojara de su inmunidad.

El miembro del partido Voluntad Popular regresó a Venezuela tras más de un año fuera y será candidato a la alcaldía de Carirubana, en el estado Falcón.

El último en arribar a territorio venezolano fue José Manuel Olivares, tras permanecer tres años en Colombia. Olivares declaró a las cámaras de VPItv en entrevista para Al Día Con Sergio, que no vino «a ser candidato, vine a construir soluciones. A hacer lo mismo que he hecho siempre».

«Yo ni siquiera puedo ser candidato, yo estoy inhabilitado, ese es el otro tema. A mí me inhabilitó la Contraloría por una razón no justa. Porque yo hice mi cese de funciones y declaraciones juradas. Ellos dicen que yo no lo he hecho», respondió en entrevista con Sergio Novelli.

El médico venezolano también aclaró que no pactó con nadie de la administración de Maduro para poder retornar al país. «No negociamos con nadie, no hubo una transacción, no hay nada a cambio de nada, no estoy dando nada para estar aquí, no me están exigiendo nada», dijo.

Contradiciendo lo antes afirmado, tan solo meses después de su llegada, Olivares será candidato a la gobernación del estado Vargas, luego que la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) inscribiera su postulación.

Olivares se encontraba inhabilitado por la Contraloría General de la administración de Nicolás Maduro por supuestamente negarse a cumplir con la Declaración Jurada de Patrimonio (DJP).

El médico guaireño será el principal contendor de José Alejandro Terán, candidato a la Gobernación del partido oficialista.

La CGR inhabilitó a 150 funcionarios entre 2019 y 2020, pero desde febrero del presente año, a cerca de una treintena de dirigentes se les ha imposibilitado el ejercer cargos públicos.

Entre los actuales inhabilitados por la CGR también están dirigentes como Henrique Capriles, por 15 años, desde el 2017, con lo que se le impidió participar en las presidenciales de 2018.

Los políticos son:

Marco Quiñones, Armando Armas, Ismael García, Mariela Magallanes, Antonio Geara, Carlos Berrizbeitia, Juan Miguel Matheus, Richard Blanco Cabrera y Rafael Veloz.

Germán Ferrer, Jesús Alexis Paparoni Durán, Carlos Paparoni, Freddy Guevara, Juan Andrés Mejía, Julio Borges, Franco Casella, Gaby Arellano, Renzo Prieto, Sergio Vergara, Carlos Valero, Winston Flores Gómez, Juan Guaidó Márquez y Juan Pablo Guanipa Villalobos.

Mención especial

Julio Montoya fue habilitado por la CGR y optará a la alcaldía de San Francisco, en Zulia; Américo de Grazia (candidato por Bolívar); José Manuel Olivares (candidato por Vargas); Luis Florido (candidato por Lara); Enzo Scarano (candidato por Carabobo) y Tomás Guanipa, este último fue anunciado por el partido Primero Justicia el 12 de septiembre.

A pesar de estar «inhabilitado», el 16 de septiembre la CGR bajo el control de Elvis Amoroso, habría desbloqueado al funcionario de la tolda amarilla, según publicó en exclusiva el medio Noticiero Digital en compañía de «pruebas» que llegaron a su redacción.

Candidatos inhabilitados

Liborio Guarulla aspira a la gobernación de Amazonas, pero hasta el momento no ha sido habilitado para poder optar a cargos públicos.

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Eduardo Samán, miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) que ocupó cargos durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, como la presidencia de Indepabis (Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios), fue inhabilitado para fungir como candidato a la alcaldía de Caracas.

Mismo caso el de Leocenis García, que tras el espaldarazo del Bernabé Gutiérrez, líder de la Acción Democrática ad hoc nombrada por el Tribunal Supremo de Justicia afín de Maduro, no pudo inscribir su candidatura por el bloqueo de la Contraloría.

Richard Mardo no logró finiquitar su postulación ante el CNE para la alcaldía del municipio Girardot (Maracay), en el estado Aragua, a pesar que la inhabilitación política que pesa sobre él venció hace tres años.

Por su parte, Daniel Ceballos se apartó de la carrera por la candidatura de la gobernación del Táchira, por las mismas razones.

Ya en 2016, Human Rights Watch (HRW) advertía que el  Poder Judicial en Venezuela «había dejado de actuar como un poder independiente».

Durante la presentación de su informe mundial, donde se analizan temas fundamentales de derechos humanos en más de 90 países, la organización denunciaba que dirigentes políticos de oposición han sido arbitrariamente detenidos, juzgados, condenados e inhabilitados para postularse a cargos públicos.

A pesar de la situación, la oposición venezolana bajo el nombre de Plataforma Unitaria (PU) y liderada por Juan Guaidó, participará en los comicios del 21-N, en los que 70.244 candidatos disputarán los 3.082 cargos.

Chavismo y oposición sostienen desde agosto un proceso de diálogo en México bajo el auspicio del Reino de Noruega, Rusia y Países Bajos, para encontrar solución a la crisis política que los atañe.

De momento salvo un memorándum de entendimiento y unos pocos acuerdos parciales de poco calado, no hay concertación.

 

 

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