El Observatorio de Ecología Política de Venezuela (OEP) advierte que las consecuencias de la destrucción de los parques nacionales en Venezuela no deben asumirse como problemáticas aisladas, pues influyen directamente en problemas que aquejan a la población el acceso al agua potable o la crisis eléctrica
La degradación ambiental en Venezuela avanza de manera sistemática en todo el territorio nacional debido, en gran parte, a las políticas gubernamentales establecidas en los últimos años. Así lo señala un informe sobre la situación socioambiental en el país durante 2021 realizado por el Observatorio de Ecología Política de Venezuela (OEP).
«Gran parte de las problemáticas socioambientales presentadas en este informe son producto de una política gubernamental orientada a la creación de enclaves territoriales para así facilitar la intensificación del extractivismo y el establecimiento de una infraestructura turística para élites económicas en áreas protegidas, como es el caso de la minería aurífera en Yapacana o Canaima, o el turismo VIP en Los Roques o Morrocoy», señaló el documento, que también incluye información recabada por otras organizaciones y medios de información.
El OEP advierte que las consecuencias de la destrucción de los parques nacionales en Venezuela no deben asumirse como problemáticas aisladas, pues influyen directamente en problemas que aquejan a la población venezolana como el acceso al agua potable o la crisis eléctrica.
Venezuela: Industria petrolera
El informe asegura que derrames de hidrocarburos constituyen uno de los principales problemas ambientales de venezuela.
Aunque desde 2016 no existen cifras oficiales con la cantidad exacta de derrames petroleros, el OEP realizó un balance de los siniestros que se dieron durante 2021.
«Encontramos que hubo 73 derrames petroleros, un promedio de aproximadamente 7 derrames al mes, siendo septiembre el mes con más número de incidentes (12). Falcón, Zulia y Anzoátegui son las entidades que reportaron más siniestros», precisó el documento.
La organización también indicó que se contabilizaron 8 explosiones/incendios en 2021, siendo Anzoátegui y Monagas las entidades donde más se presentaron estos incidentes.
El OEP indicó que el incremento de los accidentes en la industria petrolera venezolana se debe al abandono, avería y desinversión en Pdvsa, así como la pérdida de personal capacitado en la gestión de la misma.
Minería
«La explotación intensiva de minerales en Venezuela está dejando a su paso graves consecuencias en los territorios y sus habitantes», reseñó el estudio.
Explicaron que el gobierno nacional «ha promovido la actividad minera como vía predilecta para salir de la crisis económica, creando mecanismos legales que han propiciado la creación de proyectos mineros en diversas entidades del país».
Alertaron en el documento que la actividad minera está afectando los parques nacionales, especialmente Canaima y Yapacana. También está impulsando la migración de pueblos indígenas y se han generado graves casos de asesinatos, desapariciones y esclavitud moderna en estas zonas.
Todo esto aunado a la incursión y permanencia de grupos armados irregulares, aumento de casos de violencia de género en las zonas mineras, así como la deforestación y destrucción de ecosistemas acuáticos y terrestres, contaminación con mercurio por bioacumulación en organismos y por dispersión ambiental en ecosistemas acuáticos y las cuencas hidrográficas en general.
«Los proyectos de explotación de minerales no metálicos también están perjudicando los ecosistemas y a las comunidades, pero estos conflictos socioambientales han sido menos visibilizados mediáticamente que aquellos que se dan en el contexto del Arco Minero del Orinoco», advirtió el informe.
Turismo depredador
El informe apunta que durante 2021 se produjeron diversas denuncias que señalan a una violación sistemática de los reglamentos de uso de los parques nacionales para así posibilitar en ellos la ejecución de actividades prohibidas.
«Parques nacionales como Canaima, Morrocoy, Los Roques y Waraira Repano (Ávila) están sufriendo agresivas modificaciones a fin de instalar en ellos una infraestructura turística lujosa o en otros casos para disfrute de particulares, que suponen un impacto socioambiental sobre estas áreas protegidas», precisó OEP.
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