Los abogados en Washington del juramentado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que amplíe las medidas cautelares para su representado ante “la inminencia de su detención”, en una solicitud cuyo contenido fue difundido este jueves.
El pasado 25 de enero, la CIDH otorgó medidas en favor de Guaidó, que preside la Asamblea Nacional (Parlamento, AN) de Venezuela, al considerar que sus “derechos a la vida e integridad” están en “situación de riesgo” tras su autoproclamación y pidió al Estado venezolano su protección.
Desde entonces, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha decretado una serie de medidas contra Guaidó mientras inicia una investigación: la prohibición de salir del país, la prohibición de enajenar sus bienes y el bloqueo de sus cuentas bancarias.
Los abogados de Guaidó consideraron a raíz de esta decisión que “existen indicios suficientes sobre la posibilidad de una detención arbitraria” de su representado y que esta situación “pone en peligro su vida y su integridad personal”.
“La inminencia de su detención deriva del carácter arbitrario del actuar del Tribunal Supremo de Justicia. Su falta de independencia e imparcialidad se suman a la práctica arbitraria de decisiones express que conllevan a órdenes de detención contra innumerables líderes opositores”, argumentaron.
Por todo ello, los abogados solicitaron a la CIDH que amplíe las medidas cautelares previamente otorgadas el pasado día 25 para proteger su vida y la de su familia, y también le pidieron que garantice que Guaidó pueda ejercer como “presidente encargado de Venezuela“.
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“Garantizar que Juan Guaidó pueda llevar a cabo las actividades como presidente de la Asamblea Nacional y como presidente encargado de Venezuela sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia en ejercicio de sus funciones”, demandaron.
Guaidó se proclamó presidente interino de Venezuela el pasado 23 de enero al considerar “ilegítimo” al Gobierno de Nicolás Maduro y rápidamente recibió el reconocimiento de EE.UU. y de sus aliados en América Latina, como Colombia, Brasil o Argentina, agudizando la crisis que atraviesa desde hace años la nación caribeña.
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