Caracas — La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó al Ministerio para la Vivienda conformar mesas de trabajo con la participación de la representación de los inquilinos y propietarios, con el objetivo de brindar respuesta a las controversias después de la culminación de los contratos de arrendamientos de vivienda, que actualmente se encuentran en los distintos tribunales.
A través de la sentencia número 1.171, el TSJ admitió la demanda de amparo en protección de los derechos e intereses colectivos y difusos de todos los ciudadanos arrendatarios de viviendas, cuyas causas se encuentran en estado de ejecución.
El recurso fue interpuesto por el Movimiento de Inquilinos, el cual solicitó al Máximo Tribunal, que la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda revise las causas que se encuentran en estado de ejecución para el desalojo.
De acuerdo a la sentencia, la mesa de trabajo se conformará en un lapso no mayor a 30 días, y deberá presentar un informe preliminar a la Sala Constitucional, en un lapso de 90 días, y un informe definitivo en los 90 días posteriores.
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