Las organizaciones (ONG) deberán presentar a la oficina antiterrorismo un listado de su miembros y sus fuentes de financiación para su supervisión
Las ONG de Venezuela deberán registrarse ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo a partir del 1 de mayo. Tendrán que aportar los nombres de sus integrantes, sus fuentes de financiamiento y movimientos bancarios, y una lista de sus organizaciones asociadas y su ámbito de competencia.
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Las ONG han jugado un papel fundamental en la documentación y denuncia sobre presuntas violaciones de derechos humanos que en el país. Durante el último año, algunos de estos documentos elaborados por estas organizaciones han llegado ñ a formar parte de informes que se han presentado anta las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional.
La normativa entró en vigencia con discreción, sin mayores discusiones públicas, ni difusión oficial. La petición de registro parte de la presunción de que las asociaciones sin fines de lucro y las ONG pueden incurrir en delitos como el terrorismo, en vista de lo poco reglamentado que esta su funcionamiento y las amplios propósitos con que son fundadas.
En un comunicado, un alto número de estas organizaciones, mas de 700, pidieron la anulación de la normativa. La operación de estas entidades está sometida ahora a la certificación del Gobierno, ya que hasta el momento han actuado con mucha discrecionalidad.
A la alerta sobre la situación de las ONG se ha sumado Amnistía Internacional, que el viernes lanzo una acción urgente mundial para denunciar la medida. Esta no es la única amenaza que está a la vista.
Como ya ocurrió en Nicaragua en 2020, el Gobierno Nacional prepara una ley a través de la Asamblea Nacional para regular la injerencia de capital extranjero en la operatividad de muchas de estas ONG. El proyecto ya fue presentado ante el Legislativo para su discusión.
El Gobierno ha denunciado desde hace años a fundaciones incorporadas al reparto de la ayuda humanitaria, al cuestionar sus verdaderos objetivos, asegurando que los disfrazan de solidaridad humanitaria.
Se han realizado allanamientos de sedes con incautaciones de medicamentos, detenciones y, más recientemente, el congelamiento de cuentas bancarias.
«Se están cambiando las bases del principio de libre asociación, pues esta nueva instancia emitirá un certificado que permitirán que el representante legal de las asociaciones pueda ejercer sus funciones, supeditando el funcionamiento autorización del Gobierno» explica el abogado Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, lógicamente previa verificación de los recaudos que deban entregar. «La providencia legal establece también las visitas in situ para verificar la validez de la información suministrada, lo que supone un verdadero peligro de exposición para las víctimas».
Daniels subraya que la legislación internacional sobre la lucha contra capitales ilegítimos no debe interrumpir ni desalentar el trabajo de quienes luchas por los derechos humanos.
Las ONG en Venezuela han actuado en bloque y acudieron a representantes de Naciones Unidos para presionar por la derogación de la ley.
La principal vocería contra las ONG viene de Diosdado Cabello, diputado en la Asamblea Nacional y número dos del chavismo. Esta semana, en su programa de televisión, Cabello dijo que «hay muchas de ellas vinculadas a programas de desestabilización, inclusive terroristas. Dejen el escándalo. Váyanse para Colombia y no se registren, y digan de dónde sacan la plata» señaló.
Esta medida de reglamentación ocurre en un momento en que se está ampliando la presencia de los actores humanitarios en el país, tras la autorización al Programa Mundial de Alimentos, que atenderá a escolares y que, como otras oficinas de Naciones Unidas, opera en cooperación con organizaciones de la sociedad civil.
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