Este martes al menos 663 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Provea, CECODAP, Centro de Justicia y Paz (Cepaz) y Convite rechazaron la nueva Providencia Administrativa No. 001-2021
«La medida constituye un acto inconstitucional, de extralimitación legal y de grave quebrantamiento a las normas internacionales de protección de los derechos humanos y libertades».
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663 ONG
Organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron en rechazo a la ley sobre terrorismo auspiciada por el presidente de Nicolás Maduro que obliga a las ONG a divulgar quienes son sus beneficiarios.
Este martes al menos 663 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Provea, CECODAP, Centro de Justicia y Paz (Cepaz) y Convite rechazaron la nueva Providencia Administrativa No. 001-2021 para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, adscrita al Ministerio de Interior, Justicia y Paz.
La nueva providencia obliga a que las Organizaciones No Gubernamentales a registrarse ante la Oficina contra la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo.
Ante la nueva ley en un documento dado a conocer este martes, 20 de abril, 663 ONG afirman que esta medida publicada en Gaceta Oficial No. 42.098 del 30 de marzo de 2021, “es para constituir un acto inconstitucional, de extralimitación legal y de grave quebrantamiento a las normas internacionales de protección de los derechos humanos y libertades fundamentales que son de obligatorio cumplimiento para el Estado venezolano”.
Vigilancia y supervisión
“La mencionada providencia obliga al registro de todas las personas naturales o jurídicas de naturaleza no financiera antes del 1 de mayo de 2021, dando especial preferencia a las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), para la vigilancia y supervisión de sus fines en actas constitutivas y de asambleas, miembros y personal, lista de donantes, movimientos financieros, lista de todos sus beneficiarios y de otras organizaciones con las que trabajen, bajo la presunción de incurrir en delitos como el terrorismo y otros”, detalla este documento.
En ese sentido, detallan que “la providencia coloca en grave amenaza a todas las personas que se encuentran bajo el deber de amparo provisto por las organizaciones de la sociedad civil y el cual sería vulnerado con la aplicación de esta medida”.
“Se obliga a revelar información personal que puede poner en peligro sus vidas, integridad, seguridad, libertad y subsistencia en el actual contexto venezolano violando sus derechos a la protección, la asistencia, la confidencialidad y la privacidad. Las organizaciones estamos comprometidas a resguardar tales derechos en cualquier circunstancia, incluyendo evitar riesgos de delación, estigmatización y abusos de discriminación”, se lee en el escrito de las ONG.
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