Para Juan guaidó es un reto muy complejo, al querer retomar la confianza y esperanza de los venezolanos, un balance del 58% de la población no está dispuesta a retomar las calles Venezuela –El diputado de la asamblea nacional, Juan Guiado, enfatizó su jugada al convocar este 10 de marzo, una protesta nacional en la cual pretende reivindicar un pliego nacional de conflictos, que compendia la crisis que padece la nación venezolana.
La prioridad de la convocatoria, es atender el más reciente informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), correspondiente al mes de febrero, en conjunto con la ONG que registró 779 protestas durante el mes de febrero de 2020, equivalente a un promedio de 26 diarias.
Según el reporte del OVCS reflejado en enero, ya había marcado esta tendencia, con un descenso en el número de protestas en 76%, con un promedio de 21 protestas por día, en donde una encuesta nacional de Datanálisis, fechada en febrero pasado, marco que un 58% de los entrevistados dijo no estar dispuestos a salir a protestar.
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En el caso contrario, el 36,9% se manifestó en total disposición a salir a protestar, pero de este grupo solo 12,6% se dijo muy dispuesto a retomar la calle para hacer valer sus derechos.
No obstante, un balance del 90% de los encuestados señaló desear un cambio político y básicamente no desean que Nicolás Maduro siga ejerciendo el gobierno en el país.
El 75% de las protestas (582) fue para exigir derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca), vinculados principalmente con demandas por servicios públicos de calidad, reivindicaciones, laborales, educación, salud y alimentos.
Mientras que el 25% de las protestas restantes (197) correspondieron a derechos civiles y políticos (DCP). La mayoría encabezada por manifestaciones convocadas por partidos políticos.
Mérida ocupo el primer lugar de las protestas con 158. Esta cifra representó 20% del universo total. En el índice de los 4 que le siguieron: Táchira (95), Distrito Capital (59), además de Anzoátegui (45) y Bolívar (43). En estos estados, se concentra históricamente una fuerte base social de oposición al chavismo.
Indistintamente, en el estado Zulia no se obtuvo una posición de vanguardia, si se considera que es la región más golpeada por el colapso de los servicios públicos, especialmente el suministro de energía eléctrica.
balance de protestas y conbocatorias
La dinámica de la conflictividad social se caracterizó por los siguientes elementos:
Reclamos por el colapso en los servicios de agua potable, electricidad, gas doméstico, recolección de basura, aguas servidas y alumbrado público.
Protestas por las constantes fallas eléctricas. Táchira y Mérida fueron los estados con mayor índice de protestas en rechazo a los cortes de electricidad.
Denuncias de escasez de gasolina a nivel nacional y al menos en cinco estados se registraron protestas por combustible. Transportistas exigen dotación constante y aumento en las tarifas del pasaje. Habitantes de distintos estados tomaron las calles en rechazo a las ejecuciones, extorsiones, robos y maltratos perpetrados, presuntamente, por funcionarios del FAES, DGCIM y GNB.
Periodistas protestaron contra las agresiones de simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro durante la cobertura de la llegada de Juan Guidó a Venezuela después de su gira internacional.
Afectos al gobierno de Maduro tomaron las calles en el marco del denominado “Febrero Rebelde”, realizando concentraciones, marchas y ejercicios militares.
El 38% de las protestas registradas fueron combinadas. En números, esto significó que 299 de las 779 protestas documentadas en febrero se exigieron varios derechos simultáneamente.
¿Se acostumbran los venezolanos?
El director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica «Andrés Bello» (UCAB), Benigno Alarcón, advirtió que los venezolanos corren el riesgo de pensar que la crisis no tiene solución y, por lo tanto, asumir un sentimiento mayoritario de resignación.
“Conocemos trabajos realizados en Cuba donde se les pregunta a los cubanos cómo perciben su situación y la inmensa mayoría considera que esta mal o muy mal, pero cuando se les pregunta qué pueden hacer para cambiar las cosas, la respuesta abrumadoramente común es: nada”
Para Alarcón, esta percepción de «inevitabilidad» se está extendiendo en los estratos socio económico más depauperados, donde los niveles de dependencia de programas sociales cada vez más precario es mucho mayor. Cifras de Datos apuntan que el programa de cajas CLAP alcanza a 57% de la población, pero la ONG Acción Ciudadana apunta que el déficit de disposición de alimentos tuvo un déficit de 62,64%, a diciembre de 2019.
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