El pasado 28 de marzo, Rosneft, que es el mayor productor de petróleo de Rusia, dijo que cesó sus operaciones en Venezuela y vendió sus activos en la nación sudamericana a una compañía propiedad del gobierno ruso
Caracas – La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por la oposición, aprobó el martes investigar la venta hecha por la estatal petrolera rusa Rosneft de sus activos en el país sudamericano.
El pasado 28 de marzo, Rosneft, que es el mayor productor de petróleo de Rusia, dijo que cesó sus operaciones en Venezuela y vendió sus activos en la nación sudamericana a una compañía propiedad del gobierno ruso.
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Esta venta se habría producido en forma ilegal, según la AN. Rosneft poseía el 40% de las acciones en las empresas mixtas Petrovictoria, Petromiranda, Petromonagas, Petroperijá y Boquerón.
Según el acuerdo aprobado en la sesión de este martes -llevada a cabo vía online- la Asamblea dijo que preguntaría a la embajada de Rusia en Caracas sobre la venta, anunciada después de que Estados Unidos sancionó a dos filiales de la empresa rusa que actuaban como importantes socios comerciales de Pdvsa, también bajo sanciones de Washington.
Voces opositoras se pronuncian sobre legalidad de las operaciones de Rosneft
El diputado Elías Matta, presidente de la Comisión de Energía y Petróleo el Parlamento, indicó que los contratos de la empresa rusa con Pdvsa nunca pasaron por la Asamblea Nacional; por lo tanto, se consideran fuera del orden jurídico.
«Rosneft, que también fuera denunciada a comienzo de este periodo parlamentario, no había sido autorizada por la Asamblea Nacional a vender sus acciones aparentemente a empresas rusas. Debemos advertir que esto es ilegal», agregó, por su parte, el diputado Jorge Millán.
Relación de larga data
Rosneft y Venezuela han mantenido durante muchos años a una relación cercana.
En 2013, el jefe de la petrolera, Igor Sechin, asistió al funeral del presidente Hugo Chávez, como parte de una delegación gubernamental.
Luego, ya bajo el mandato de Nicolás Maduro, Rosneft le hizo a Venezuela un préstamo de US$6.400 millones, que, hasta noviembre de 2019, el país sudamericano aún no había pagado.
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