Trejo: Si la medida cautelar resuelve el desabastecimiento, que venga

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«Si la PNB, GNB, Cpbez y Gobierno regional no han podido con las manifestaciones, ¿me las van a poner a parar a mí?».

La alcaldesa de Maracaibo, Eveling Trejo de Rosales se pronunció este martes sobre la decisión que emanara el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el pasado lunes, y que la obliga a mantener las vías despejadas y a recoger la basura en el municipio, so pena de pago de multa entre 100 a 200 unidades tributarias o detención de 6 a 15 meses.

En rueda de prensa realizada desde la sede del Instituto Municipal de Transporte Colectivo y Urbano de Maracaibo (Imtcuma), junto a parte del Gabinete municipal, Trejo señaló que esta acción judicial busca «atropellarla, arrinconarla y  acorralarla» solo por disentir del Gobierno.

Por ello se dirigió al Gobierno nacional en los siguientes términos. «Si esta medida cautelar en mi contra va a resolver el problema de desabastecimiento de alimentos y medicinas, va acabar con la inseguridad, que vengan muchos procesos contra Eveling (de Rosales), pero esta no es la solución. No me pueden acusar de financiar las protestas, ni de ser «guarimbera». Me voy a quedar en Maracaibo porque tengo mi conciencia tranquila».

Dijo que ella se mantiene actuando en sus funciones tal y como lo establece el artículo 178° de la Constitución Nacional y el artículo 56° de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

Según lo decidido por el TSJ, no se le ordenó a la Alcaldesa el uso de la fuerza para reprimir manifestantes. Solo le ordenó garantizar el libre tránsito de los ciudadanos por las calles del municipio Maracaibo, una de sus competencias como autoridad municipal.

«Si la PNB, GNB, Cpbez y Gobierno regional no han podido con las manifestaciones, ¿me las van a poner a parar a mí?», se preguntó, añadiendo que «el problema no se resolverá inhabilitando alcaldes como pretenden buscando crear estados de excepción (…) Las luchas pacíficas tardan, pero son trascendentales reflexionó. De igual manera reiteró el llamado que realizara al presidente Nicolás Maduro a que salga de su zona de confort, «vean y escuchen a los verdaderos líderes de las protestas porque los protagonistas no somos los líderes políticos», dijo.

Fue enfática al advertir que «jamás pondré a la Policía Municipal a reprimir protestas pacíficas porque además, no cuentan con equipo antimotín». Aquí hay que preguntarse, si son pacíficas ¿para qué el equipo de antimotín?

Diálogo

«Ustedes hablan de paz y diálogo, y luego arremeten y quieren asustarnos (…) Pues eso no lo van a lograr», aseveró Trejo, a la par de advertir que son 67 alcaldes y tres gobernadores los que están dispuestos a este encuentro, pero bajo el marco del respeto.

«Yo sí creo que el diálogo es importante, por la reconciliación de Venezuela y porque el momento trascendental del país está en las manos de los que creemos en la democracia, de los que creemos en la Constitución. A partir de este momento nos sentemos a dialogar, pero con reglas claras. ¿Por qué no sueltan a Leopoldo y los juzgan en libertad? ¿Por qué no muestran una medida humanitaria para con Simonovis?», insistió.

Acusaciones

Sobre los señalamientos que son familiares suyos los que se encargan del supuesto pago a «guarimberos», la Alcaldesa respondió: «Yo siento que soy una mujer atropellada porque la ley me ampara y tengo los elementos para denunciar al Gobierno por persecución psicológica a mi familia, puedo demostrar que 3 de mis hermanos viven en las Torres del Saladillo, pero el hecho que vivan ahí no significa que sean «guarimberos» o que las estén financiando. Yo le hago un emplazamiento al Gobierno nacional y regional para que demuestren que mis hermanos están metidos en cosas mal hechas. Y pido además, que no persigan a mis hijos porque les han tomado fotografías y se los han llevado detenidos, a cuenta de qué. Aquí estoy yo que soy la Alcaldesa, a mi familia que la dejen fuera de esto».

Sobre la acusación de asumir los gastos médicos de los muchachos que han resultado heridos durante los choques con los cuerpos de seguridad fue directa. «Sí, he corrido con esos gastos y no solo de los estudiantes que han sido baleados, reprimidos y torturados, sino también de algunos periodistas que han sido afectados».

La demanda

El 14 de marzo de 2014, los abogados JULIO CÉSAR LATTAN, FRANCISCO MORILLO, REYES RAMÓN RUÍZ y E bajo los números 37.429, 170.718, 138.964 y 69.974, en ese orden, actuando en nombre propio y en su condición de presidente —el primero de los prenombrados— y coordinadores nacionales —los restantes— de la ASOCIACIÓN CIVIL FRENTE NACIONAL DE ABOGADOS BOLIVARIANOS, asistidos por el abogado José Gregorio Mendoza G., inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 37.157, solicitan, mediante escrito presentado, «(…) en su carácter de terceros coadyuvantes de la parte accionante (…)», «(…) LA APLICACIÓN POR EFECTOS EXTENSIVOS DEL AMPARO CONSTITUCIONAL CAUTELAR ACORDADO EN LA SENTENCIA UT-SUPRA INDICADA [N° 135 del 12 de marzo de 2014, dictada por esta Sala] A LOS ALCALDES DE LOS MUNICIPIOS: CHACAO Y SUCRE DEL ESTADO MIRANDA, RAMÓN MUCHACHO Y CARLOS OCARIZ, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL DEL ESTADO TÁCHIRA; DANIEL CEBALLOS, MUNICIPIO DIEGO BAUTISTA URBANEJA (LECHERÍAS) DEL ESTADO ANZOÁTEGUI; GUSTAVO MARCANO, VALENCIA Y NAGUANAGUA DEL ESTADO CARABOBO; MICHELLE COCCHIOLA Y ALEJANDRO FEO LA CRUZ (…)».

El mismo día, el ciudadano Francisco Morillo, con la cualidad antes señalada, presentó diligencia mediante la cual señaló que el efecto extensivo solicitado en el escrito indicado en el aparte precedente, le sea aplicado «exclusivamente en los siguientes municipios: Maracaibo del estado Zulia, San Cristóbal del estado Táchira, Diego Bautista Urbaneja (Lecherías) del estado Anzoátegui y Chacao del estado Miranda (sic)».