Con estupor absoluto, he leído las afirmaciones que, a título de chisme, en pleno ejercicio de la libertad de pensamiento y opinión, han exhibido permanentemente contra mí Eligio Cedeño (Dólar Today), una periodista residente en Miami, Yván Ballesteros y un locutor de dudosa reputación, quienes aseguraron que el cronista es socio mercantil del capitán Diosdado Cabello y del mayor general Hugo Carvajal Barrios.
Se atrevieron incluso a afirmar que, producto de esa sociedad, yo había sido acusado ante la DEA. En lo personal, me permito recomendar a quienes vierten sobre mí tales acusaciones mejorar sus, hasta ahora, incorregibles afirmaciones.
Todas estas alegres acusaciones nacieron de mi posición sobre la detención de Hugo Carvajal, que califiqué de ilegal por su condición de diplomático, como después demostró el mismo Gobierno de Holanda, que incluso destituyó al Fiscal General de Aruba como sanción pública a su actuación en el mencionado incidente con el exjefe de Inteligencia militar. Habrá alguno de los mencionados que se atreva a afirmar que el Reino de Holanda es chavista.
Sumado a esto, conocido el caso del señor Leamsy Salazar, un militar que hoy —según el diario ABC de España— está en EE UU, afirmé que Leamsy Salazar no era el jefe de Seguridad del presidente del Parlamento, como después aseguraron el propio Cabello y la madre de Salazar, desmintiendo así la afirmación de ABC.
Era un simple escolta entre los 20, 30, 50 —no lo sé con precisión— que debe tener Diosdado Cabello, por su condición de jefe del partido de Gobierno y presidente del Parlamento.
Ahora bien, pretenden los mencionados, quienes ejercen unos palmares, ciertos o ficticios, de defensores del derecho a la libre expresión, castrarme de mi natural derecho a opinar sobre hechos públicos y comunicacionales de mi país y el mundo.
Enterado de los hechos como estoy obligado, recibí con mucha reserva que dicho testigo contra Diosdado Cabello dijera que Hugo Chávez había muerto el 31 de diciembre de 2011. Eso es falso, lo sé, y no por el «ve, corre y dile» de pasillo, ni por los rumores a los cuales acostumbran volver noticia, a sabiendas de que lo que dicen es mentira. Lo sé, porque soy de los pocos en este país que ha podido hablar con el círculo íntimo de quienes ahí estuvieron. Chávez murió el 3 de marzo de 2012, y su acta de defunción (esa que dicen que no existe) la firmó el coronel Siso García, exjefe del Hospital Militar. Y quienes ahí estuvieron, fueron testigos de la justa —o no— incomodidad de los más allegados al Presidente contra los cubanos, sobre todo militares, que acusaban a estos de mala praxis. Pero eso es historia que no me compete.
La sola curiosidad periodística debería —desprovistos de vanidad y soberbia— llenarnos de la audacia suficiente, como corresponde a cualquier ciudadano, de preguntarse cómo, según reseña el reportaje de ABC, replicando las declaraciones de Salazar, el señor Cabello se dobló los pantalones hasta la rodillas para que el agua no le mojara el ruedo, y empezó —según el prolijo testimonio— a meter droga en lanchitas mientras este escolta miraba a su jefe —así se entiende por lo dicho— hacer los menesteres de traqueteo y de lanchero.
Ese testimonio lo recibo con reserva; tengo el derecho a hacerlo, porque si eso que dice Salazar es verdad, entonces Cabello sería el ser más estúpido del planeta por hacer labores que debería hacer el escolta. Por otra parte, hasta el día de hoy, salvo mejor argumento, no he visto pruebas que respalden dicha denuncia, como fotos, registros o conexiones que nos llevarían a decir que dicho ciudadano estaría incurso en tales delitos. Tenemos un testimonio de alguien que aún no ha dado la cara.
Mi posición es la que me manda mi conciencia, no he dicho una cosa distinta pues no tengo elementos para hacerlo. Ahora bien, a despecho de mis acusadores, sin desfiguración alguna, debo decir que jamás en mi vida he visto al señor Diosdado Cabello. No obstante, pretenden mis acusadores que yo me haga eco, a todo trance, de sus afirmaciones, a sabiendas de que muchas o casi todas las cosas que dicen son mentira.
Por ejemplo, han dicho estos paladines del micrófono que el cronista de marras ha sido denunciado ante la DEA por ser, supuestamente, socio de Hugo Carvajal y Diosdado Cabello; sumado a esto han afirmado que el Grupo 6to. Poder pertenece a Cabello. Para respaldar dichas acusaciones, no han mostrado un documento, ni una cuenta en el país o fuera del territorio, ni si quiera un registro mercantil, ni una conversación o un testigo. Sin embargo, tales comunicadores pretenden que aceptemos impávidos sus «da crosantas verdades».
Lo anterior corresponde al oportunismo, al pescueceo (como el de abril de 2002) y al cálculo permanente que sostienen estos señores.
Pero, en su empeño de investigar a este servidor, estos señores no han publicado que el Grupo 6to. Poder mantiene una medida de coacción económica que no nos permite tener cuentas bancarias, que este servidor se presenta ante un tribunal cada ocho días, con prohibición de salida del país y con la restricción de no tener algún instrumento financiero, como cuentas, tarjetas de crédito y cualquier otro medio económico. Todo esto puede ser comprobado en el Tribunal 11 de Juicio, a diferencia de las afirmaciones de mis acusadores.
Como si fuera poco, producto de nuestra línea independiente que acoge a la oposición y al Gobierno, y producto de una crítica contra el operador financiero de la Cadena Capriles (perteneciente al Gobierno), se ordenó la NO impresión de nuestros cuatro medios (El Comercio, 6to. Poder, El Heraldo y la Revista U-Sex).
Estamos, pues, ante unos señores que, a viva voz, por Twitter, artículos y demás medios, pregonan una sociedad mercantil de Leocenis García con Hugo Carvajal y Diosdado Cabello, con todos los antecedentes que arriba he enumerado. ¿Qué socio podría permitir tales cosas?
Ahora, ese periodismo partidario, irresponsable, del «me dijeron» y del «por ahí escuché», ha levantado muchísimas manchas sobre esta profesión. Se lo debemos a quienes, como lo citados acusadores, han tenido culpas y responsabilidades que han debido purgar y no purgaron, y que han debido ser veto para evitar que su presencia, y sobre todo su mentalidad, contaminara a los medios de comunicación social.
Si este cronista hubiera dicho que la detención de Carvajal era legal, que no lo era, y que Leamsy Salazar era el jefe de Seguridad de Diosdado, que no lo era, entonces merecería sus tres tristes aplausos, pero prefiero el respeto de la opinión pública al inaudible aplauso de tres tristes tigres.
A mí no me meterán jamás en ese saco donde todos piensan igual; mi causa es Venezuela, y para ello quiero lo mejor. Este país en el que nací y donde procreé a mis hijas no es ese país de villanos, embusteros, envidiosos y retorcidos que algunos, desde sus capillas comunicacionales, quieren vender al mundo, presentándonos como un país de ladrones, narcotraficantes y timadores.
Por lo antes expuesto, hoy lunes (9 de febrero) introduciré ante el Ministerio Público, presidido por la doctora Luisa Ortega Díaz, una denuncia contra dichos ciudadanos por los delitos de instigación al odio público, delincuencia organizada y extorsión. Sumado a esto introduciremos ante los Tribunales del Circuito Judicial de Caracas una demanda por difamación agravada, para que dichos ciudadanos presenten en el tribunal, documentos, registros mercantiles, cuentas bancarias, transferencias internacionales, documentos de cesión de acciones y de registros de marcas que prueben mi sociedad con Hugo Carvajal y Diosdado Cabello, así como la prueba pública de la Fiscalía de Nueva York, cuyo dominio es público, de que la DEA me sigue un proceso.
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