Arreaza rechazó la posición de la Cancillería de Colombia, que defendió al médico colombiano Antonio Amell, quien está procesado por traficar medicamentos
Caracas- El canciller de la República Jorge Arreaza rechazó la posición de la Cancillería de Colombia, que defendió al médico colombiano Antonio Amell, quien está procesado por traficar medicamentos utilizados para el tratamiento contra el covid-19 en Venezuela.
«@CancilleriaCol, en nombre del Gobierno Nacional, rechaza la detención arbitraria de Antonio Amell y exige el pleno respeto de su vida e integridad física. Pedimos a los organismos internacionales de protección de los DDHH que exijan su libertad inmediata y protección de su vida», publicaron en su cuenta en la red social.
En respuesta, Arreaza comentó: «¡Cuánta torpeza! Era preferible que borraran este tuit para no quedar tan en ridículo. Ese individuo fue detenido por vender ilegalmente medicamentos para el #Covid-19 que el Gobierno Bolivariano distribuye gratuitamente. El violador de derechos humanos en plena pandemia, es él».
¡Cuánta torpeza! Era preferible que borraran este tuit para no quedar tan en ridículo. Ese individuo fue detenido por vender ilegalmente medicamentos para el #COVID_19 que el Gobierno Bolivariano distribuye gratuitamente. El violador de derechos humanos en plena pandemia, es él. https://t.co/RGJGAWn0QS
— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) September 13, 2020
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La justicia venezolana dictó medida privativa de libertad contra el ciudadano de nacionalidad colombiana, Antonio José Amell Castillo, por la presunta comisión del delito de contrabando de extracción, tipificado y sancionado en el artículo 57 de la Ley Orgánica de Precios Justos.
Asimismo, a solicitud del Ministerio Público fue imputado por la presunta comisión de los delitos de concusión, previsto y sancionado en el artículo 62 de la Ley contra la Corrupción, además, terrorismo y asociación para delinquir, tipificados y sancionados, respectivamente en los artículos 52 en concordancia con el artículo 4 numeral primero literal A y B y 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
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