A dos meses de la fecha límite para el Brexit, el primer ministro británico, Boris Johnson, intenta detener la actividad parlamentaria para evitar obstáculos en su hoja de ruta.
La incesante tormenta política que envuelve al Reino Unido desde que el Brexit se perfila en su horizonte ha derivado en los últimos días en una verdadera crisis constitucional, tras la decisión del primer ministro británico, Boris Johnson, de solicitar a la Reina Isabel II la suspensión de la actividad del Parlamento durante varias semanas en el periodo previo a la fecha prevista para la desconexión con la Unión Europea.
De esta manera, Johnson, totalmente dispuesto a materializar sin contemplaciones un Brexit sin acuerdo si fuese necesario, podría estar intentando, tal como denuncian sus detractores, allanar el camino marcado en su hoja de ruta y limitar, sobre todo, un debate parlamentario del que pudieran surgir medidas o alianzas en contra de su proyecto.
La reina Isabel II aprobó la petición de Johnson y su Consejo Privado comunicó este mismo miércoles que la actividad de las cámaras quedaría suspendida «no antes del lunes 9 de septiembre y no después del jueves 12 de septiembre», hasta el 14 de octubre.
La decisión conlleva importantes implicaciones, en un país que carece de un texto constitucional único, y cuya soberanía parlamentaria es la piedra angular de su estructura institucional.
¿Es normal que se suspenda la actividad parlamentaria?
La suspensión del Parlamento es efectivamente un mecanismo formal contemplado en la normativa del Parlamento británico, con el que usualmente se pone fin a una temporada parlamentaria hasta inaugurar una nueva, con el llamado ‘Discurso de la Reina’, fijado esta vez para el 14 de octubre.
Este cese temporal de la actividad suele tener lugar en otoño y le corresponde a la Reina decretarlo, a iniciativa de su primer ministro, tal como acaba de suceder.
Lo inusual –y altamente controvertido– de esta situación concreta, provocada por Boris Johnson, es la duración del cierre que ha propuesto (ya que habitualmente la suspensión no suele durar más de una semana) y el momento histórico crítico en el que tiene lugar, estrangulando de facto cualquier posible vía de acción en contra de sus planes para el Brexit.
¿Por qué aceptó la Reina?
La Reina de Inglaterra es, junto con la Cámara de los Lores y la de los Comunes, uno de los tres pilares del Parlamento británico. Su función es crucial, ya que tiene plena potestad para convocar, suspender y disolver las cámaras.
¿Qué repercusiones tiene el ‘cierre’ del Parlamento?
De manera genérica, la suspensión del Parlamento supone el fin de todas las votaciones de leyes y todos los debates, el cese de toda actividad en la cámara.
En el momento actual, tiene además otras implicaciones. Aunque su artífice, Boris Johnson, insiste en negar las acusaciones de quienes señalan el carácter anti-democrático de su decisión, lo cierto es que el principal efecto de la suspensión de la actividad parlamentaria es una drástica reducción del tiempo de reacción de sus adversarios de cara a la tramitación parlamentaria del Brexit.
En la práctica, si tal como se prevé Westminster suspende su actividad desde el 11 de septiembre hasta el mencionado 14 de octubre, la cámara no tendrá prácticamente ninguna posibilidad de frenar un Brexit duro por falta de tiempo.
¿Cómo justifica Boris Johnson su decisión?
En cualquier caso, el primer ministro Británico niega que con su decisión pretenda maniatar a los diputados que intentan frustrar su intención de sacar al país de la Unión Europea, con o sin acuerdo. En ese sentido, insiste en que los diputados tendrán «tiempo de sobra» para debatir las posturas tras la cumbre de la UE del 17 de octubre, y una vez se reanude la actividad en la Cámara de los Comunes.
Lo que argumenta es que la suspensión de la cámara baja permitirá a su Gobierno «sacar adelante un ambicioso nuevo programa legislativo para ser aprobado por los miembros del Parlamento».
¿Cómo reaccionó la oposición?
La iniciativa del primer ministro Johnson ha indignado a los diputados que se oponen a un Brexit sin acuerdo, y varios de ellos han acusado al primer ministro británico de actuar como «un dictador», eludiendo la normativa parlamentaria en un momento del proceso que consideran crucial.
El propio presidente del Parlamento, John Bercow, notablemente airado, se refirió a la decisión de Johnson como un «atropello constitucional«.
El conjunto de la oposición, encabezado por el líder laborista Jeremy Corbyn, e integrado también por liberales, ecologistas, nacionalistas escoceses y nacionalistas galeses, tratan ahora de elaborar una estrategia conjunta para frenar a Johnson, asumiendo una realidad problemática: entre todos ellos no suman una mayoría suficiente.
¿Qué puede hacer la oposición para contrarrestar el plan de Johnson?
La aritmética parlamentaria británica de cara al Brexit es, en cualquier caso, confusa, y hay que tener en cuenta un factor relevante: ni todos los conservadores bajo el ala de Boris Johnson están a favor de un Brexit sin acuerdo, ni todos los diputados de la oposición se niegan necesariamente a ese tipo de desconexión.
Por eso aún no ha desaparecido del horizonte la idea de una posible moción de censura contra el primer ministro, para lo que haría falta, sin duda, una cierta cantidad de ‘traiciones’ entre las filas conservadoras y un acuerdo tan rápido como sólido entre los diputados de la oposición.
En cualquier caso, será durante la próxima semana, tras el receso de verano, cuando los diputados de la oposición traten de utilizar su estrecho margen de tiempo para tratar de legislar a contrarreloj y producir algún instrumento legal capaz de bloquear la posibilidad de un Brexit duro.
¿Qué supondría un Brexit sin acuerdo?
Supondría que el 31 de octubre el Reino Unido dejaría automáticamente de pertenecer a la Unión Europea y su relación, de ese momento en adel
ante, no estaría sujeta a ninguna normativa previamente acordada. Las relaciones internacionales del Reino Unido estarían regidas por los acuerdos vigentes con cada país de manera individual, pero con la Unión Europea como bloque no existirían directrices.
A pesar de que la mayoría de los Estados Europeos han preparado planes de contingencia ante la probabilidad de una separación no consensuada, los análisis sobre los posibles escenarios tras un Brexit duro coinciden en señalar, habitualmente, más problemas que ventajas.
Desde la ralentización de las economías implicadas hasta el recrudecimiento de los conflictos aduaneros, el abanico de complicaciones previstas derivadas de una desconexión sin acuerdo previo es amplio.
Se trata de un documento revelado a finales de este mes de agosto, confeccionado bajo el nombre en clave de ‘Operación Yellowhammer’, que predecía problemas aduaneros que podrían afectar al abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles, con el consiguiente aumento de precios que «perjudicaría a los sectores más desfavorecidos» del Reino Unido.
Un informe anterior, también destapado por la prensa, reseñaba, en una segmentación temporal calculada a partir del primer día tras la desconexión, diferentes escenarios problemáticos consecutivos, en los que se preveía una ralentización del comercio exterior del Reino Unido, cierto «pánico entre los consumidores» y hasta reflejaba el temor de las autoridades a la aparición de «posibles desafíos de ley y orden«.
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