Según el Servicio Electoral de Chile, la jornada electoral del 25 de octubre fue la mayor votación en números absolutos de la historia chilena. Más de 7,5 millones de electores sufragaron, lo que representa el 50,90% del padrón, en un país donde el voto no es obligatorio.
Chile- La abrumadora victoria de la opción por el «Apruebo» en el plebiscito del 25 de octubre no solo activa un calendario para redactar una nueva Constitución en Chile, sino que repercute, tanto en el Gobierno de Piñera como en la oposición, sobre la forma en que debe llevarse a cabo el proceso constituyente para que tenga legitimidad.
Fue un poco más del 78% de los ciudadanos que se manifestó a favor de redactar una nueva Constitución, frente a un apenas 21% que lo hizo en contra. A lo que se suma que el 79% de quienes votaron por redactar la nueva Carta Magna eligieron el mecanismo de la Convención Constitucional para hacerlo, lo que implica que los 155 integrantes de este órgano serán votados en las elecciones que se realizarán el 11 abril de 2021.
Estos resultados no solo desataron de inmediato la alegría y las manifestaciones en las calles de todo el país, sino que revelaron la magnitud de la demanda por participación ciudadana que el pueblo chileno comenzó a exigir desde el inicio del estallido social, el 18 de octubre de 2019, y que obligó a la clase política y particularmente al Gobierno de Sebastián Piñera a enfrentar la necesidad de un verdadero cambio constitucional.
Lea también: Chile aprobó con una aplastante mayoría reemplazar la Constitución
«El Gobierno sufre un impacto bien fuerte [con este resultado], particularmente Piñera porque al llegar al Gobierno habían decidido no hacer y avanzar cualquier cambio constitucional. Esa era la política de Piñera al entrar al Gobierno», explica a Sputnik Claudio Fuentes, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Carolina del Norte y académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales.
Fuentes recuerda que durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018) se intentó hacer un cambio constitucional. «La derecha no había querido, y por lo tanto, en el Acuerdo para avanzar al cambio constitucional a partir de las protestas sociales, el Gobierno de Piñera y particularmente él, no había estado de acuerdo en esta hoja de ruta. Sin embargo, los hechos los llevaron a tener que aceptar», puntualiza.
Estos contundentes resultados debilitan a los sectores más conservadores del país, junto con el propio Gobierno que, si bien trató de mostrarse neutral frente al referéndum, acusó el golpe, debido a que su coalición se dividió frente al plebiscito, con sectores que se manifestaron abiertamente por el Rechazo y quienes lo hicieron por el Apruebo, pero que se jugaron por la Convención Mixta (mitad parlamentarios en ejercicio y mitad elegidos).
«Hasta ahora la Constitución nos ha dividido. A partir de hoy, todos debemos colaborar para que la nueva Constitución sea el gran marco de unidad, de estabilidad y de futuro», dijo el Sebastián Piñera la noche del 25 de octubre, escoltado por todo su gabinete de ministros.
Para el politólogo, si bien el Gobierno queda aún más debilitado de lo que ya estaba, es la figura de Sebastián Piñera, su personalidad, la que hay que tomar en cuenta en este tiempo en que se deben definir las nueva reglas para la generación de una nueva Constitución. «Él quiere tener siempre incidencia, él quiere pasar como un presidente con algún legado, ya ha estado planteando ideas constitucionales y por lo tanto yo creo que él como personaje político, aunque va a tener una baja aprobación, seguramente va a estar intentando incidir».
Porque, como bien explica Fuentes, «acá lo que está en juego de parte de la élite económica y de la derecha, es el modelo económico, el modelo político, el control político que han ejercido. Por lo tanto, yo creo que va a intentar ser el articulador de un proyecto conservador en lo que va a ser el debate constitucional en la convención».
Los pasos que vienen y la participación ciudadana
tras el histórico referéndum del domingo 25 de octubre se viene, en el itinerario constituyente en Chile, la elección de los miembros de la Convención, prevista para el 11 de abril de 2021, para dar paso a la discusión y redacción de los contenidos de una nueva Carta Fundamental, que puede durar un año, y luego realizar el llamado plebiscito de salida, que ratificaría o no esta nueva propuesta constitucional.
Son justamente los dos primeros pasos los que abren nuevamente el debate sobre la representatividad, participación y legitimidad ciudadana, en un país donde históricamente sus procesos constitucionales han surgido desde los grupos privilegiados de la sociedad.
Desde 1810 en adelante, lo que tenemos es que la élites políticas y económicas han decido los marcos de referencia constitucional, y esas élites la definieron durante todo el tiempo y junto con los militares en el año 80. Hay que decir que en toda América Latina y en todo el mundo siempre han sido así, siempre todos los cambios constitucionales han sido llevados desde acuerdos intra-elite», estima Fuentes.
Una realidad que, tras la revuelta social del 18 de octubre de 2019, ha cambiado porque a partir de «ese acuerdo intra-elite, con el nivel de descrédito de las élites políticas, de los partidos, lo que vemos es una emergencia, algo desarticulada pero muy potente, de una sociedad civil que reclama espacios de participación y de decisión».
Espacios que según la ley 21.200 que rige este proceso constituyente, se hará a través de un sistema proporcional de listas similar al que debutó en la última elección parlamentaria en el país sudamericano y, de acuerdo al tamaño del distrito, se elegirán entre tres a ochp representantes.
Se le agregará una corrección de resultados para asegurar la paridad de género, la que estará asegurada tanto «de entrada» como «de salida». Esto implica que se requerirá que las listas sean paritarias, a menos de que sea un número impar de candidatos, caso en el que ningún sexo podrá superar al otro en más de un candidato.
«Desde 1810 en adelante, lo que tenemos es que la élites políticas y económicas han decido los marcos de referencia constitucional, y esas élites la definieron durante todo el tiempo y junto con los militares en el año 80. Hay que decir que en toda América Latina y en todo el mundo siempre han sido así, siempre todos los cambios constitucionales han sido llevados desde acuerdos intra-elite», estima Fuentes.
Una realidad que, tras la revuelta social del 18 de octubre de 2019, ha cambiado porque a partir de «ese acuerdo intra-elite, con el nivel de descrédito de las élites políticas, de los partidos, lo que vemos es una emergencia, algo desarticulada pero muy potente, de una sociedad civil que reclama espacios de participación y de decisión».
Espacios que según la ley 21.200 que rige este proceso constituyente, se hará a través de un sistema proporcional de listas similar al que debutó en la última elección parlamentaria en el país sudamericano y, de acuerdo al tamaño del distrito, se elegirán entre tres a ochp representantes.
Se le agregará una corrección de resultados para asegurar la paridad de género, la que estará asegurada tanto «de entrada» como «de salida». Esto implica que se requerirá que las listas sean paritarias, a menos de que sea un número impar de candidatos, caso en el que ningún sexo podrá superar al otro en más de un candidato.
«Ahora los independientes están presionando porque se permitan listas de independientes y que además tengan menos barreras de entrada los independientes. También se va a lograr el acuerdo, porque yo creo que va a haber acuerdo, hay una presión por que se incluyan escaños reservados para pueblos indígenas. Entonces, la presión, la pulsión ciudadana, es diversidad, ‘yo quiero ver una convención lo más parecida a mí’, así como ciudadana, no a mí particular, pero en general como la ciudadanía», opina Fuentes.
Opinión que comparten muchos grupos de la sociedad civil organizada, de los territorios, de las juntas de vecinos, de colectivos autoconvocados que ven trabas en esta ley que asegura la representación de los partidos, no así de los independientes, tanto en número como en financiamiento.
«Hay un obstáculo más grande que es el financiamiento de campañas. Se necesita mucha plata para hacer campaña para un cupo como el de convencional o como el de diputado. Ahí sí hay un problema grave, es que los independientes van a tener una dificultad para conseguir el financiamiento para hacer sus campañas», señaló Claudia Heiss, jefa de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Chile y miembro de la Comisión Técnica Constitucional, en Facebook live de la Universidad de Chile sobre los pasos del proceso de redacción de la nueva Constitución.
Comente