La «presidenta» de Perú, Dina Boluarte, sigue adelante con sus planes de permanencia prolongada en un gobierno que asaltó como parte de un plan. A la vez, pone énfasis en la idea de que la mejor receta es una brutal represión contra los que ella denomina «vándalos», que no son otro que el pueblo peruano descontento con el golpe fujimorista.
Ya van alrededor de 30 muertos, centenares de heridos y detenidos, y además la implantación de un estado de militarización que no se veía desde los tiempos de Alberto Fujimori. Ese es el verdadero rostro de quienes, por la fuerza, desalojaron del gobierno al presidente legítimo, Pedro Castillo.
Por otro lado está el Congreso corrupto, copado abiertamente por la derecha fiel a Keiko Fujimori y que cuenta con la anuencia, por no haber tenido una mínima vergüenza para renunciar a sus cargos, de congresistas llamados de izquierda. Esos son los que le dan legalidad a una institución que es el buque insignia de cualquier democracia burguesa que se precie. Son, además, parte del «golpe dentro del golpe», al insistir en votar un adelanto de las elecciones para seguir desconociendo que el único presidente que el pueblo respalda está secuestrado en una cárcel de Lima. Así es que esos «izquierdistas» dieron quórum y algunos de ellos votaron con las dos manos para que los comicios se celebren en abril de 2024.
Pero es importante insistir que una parte de ese discurso de adelantar elecciones, impuesto a sectores de la población como una solución, es parte del mismo entramado golpista.
Veamos: La primera pregunta que hay que hacerse es ¿por qué razón hay que adelantar elecciones si el mandato de Pedro Castillo vence recién en 2026? Eso que tan bien han comenzado a ver amplios sectores del pueblo que se movilizan en todas las regiones contra el golpe, y que exigen «restitución de Castillo, asamblea constituyente y cierre del Congreso», parecen no quererlo entenderlo algunos políticos «progresistas».
Esto no ocurre por casualidad, ya que recordemos que la llamada «izquierda caviar», claramente socialdemócrata, fue con candidatura propia a la primera vuelta de la elección que ganó Castillo. Luego de una estruendosa derrota, obligados por las circunstancias, metieron violín en bolsa y se sumaron a darle apoyo a Castillo, que se impuso en la segunda vuelta.
A partir de ese momento, la izquierda light trató de mil maneras de acercarse a Castillo para influenciarlo a fin de que rompa amarras con el partido Perú Libre –ese sí, de izquierda real, marxista-leninista– que fue el que le brindó la estructura partidista para concurrir a las elecciones. Tanto insistieron que finalmente lo lograron: en un de esos permanentes cambios de gabinete que hizo Castillo, le tocó el turno de treparse al gobierno a los «caviares», pero claro, duraron poco, porque del embate del fujimorismo no se salvan ni los más radicales, ni los tibios.
Ahora, que ya está consumado el último eslabón de la trama golpista, ahora que la «Dina asesina» (como la denominan los de abajo) sueña con llegar con sus secuaces hasta el 2026, y que los militares y las fuerzas policiales campan a sus anchas, allanando, torturando, matando, mientras el Congreso de la infamia, con todos los políticos entreverados en su propia suciedad, se prepara para seguir dictando leyes represivas e imaginando alguna estratagema para liberar a Fujimori, sacan de la galera un nuevo llamado a comicios donde participarán los mismos de siempre, los políticos a lo que la calle les grita «que se vayan todos».
Por allí no viene ninguna solución, sino todo lo contrario, se seguirá anudando la dependencia con Estados Unidos, cuya embajadora le da instrucciones a la Boluarte y a varios de sus ministros.
Por otro lado, si el gobierno golpista rompe relaciones con México por la dignidad solidaria que demostró su cancillería, sería bueno que los gobiernos del continente, o por lo menos los que condenan el golpe, rompan relaciones con Perú.
En contexto
Opositores y algunos funcionarios del derrocado presidente de Perú Pedro Castillo –entre ellos, la hasta el miércoles vicepresidenta, Dina Boluarte– calificaron de golpe de Estado la decisión del mandatario de disolver el Congreso, decretar un gobierno de excepción, llamar a elecciones para una constituyente y emprender la “reorganización” del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.
En respuesta a tales determinaciones, el Legislativo destituyó a Castillo por una abrumadora mayoría y la fiscal Patricia Benavides ordenó la detención del hasta entonces mandatario, quien fue retenido en la Prefectura de Lima por la Policía Nacional.
De inmediato, un portavoz del Departamento de Estado declaró en Washington que Estados Unidos considera a Castillo un «ex presidente».
Sin afán de justificar las medidas adoptadas por el antiguo maestro rural, es importante considerar su contexto: en año y medio en el cargo, Castillo no pudo llevar a cabo el mandato que recibió en las urnas en junio del año pasado –y que incluía la convocatoria a un congreso constituyente y la desactivación del Tribunal Constitucional– porque durante ese tiempo su gestión fue sistemáticamente saboteada por la derecha, tanto en el ámbito legislativo como en el judicial y en el mediático.
La pertinencia de la reorganización institucional que propugnó el presidente fue dramáticamente confirmada por 15 meses de una ingobernabilidad, que es ya rutinaria en Perú y que se traduce en la inviabilidad del Poder Ejecutivo: de 2018 a la fecha, la nación andina ha tenido seis presidentes, varios de ellos destituidos por el Legislativo, e incluso procesados, por acusaciones –verídicas o falsas– de corrupción.
En este contexto, es claro que la remodelación institucional del país y la regeneración de una clase política del todo descompuesta eran y siguen siendo tareas indispensables para dar a Perú un mínimo de estabilidad y certeza política. En el caso de Castillo, la disfuncionalidad de las instituciones fue aprovechada desde el primer día de su gobierno por una derecha corrupta, racista y oligárquica que vivió como un agravio la llegada al Palacio de Gobierno de un sindicalista indígena dispuesto a aplicar un programa de justicia social, soberanía y recuperación de las potestades más básicas del Estado en materia de economía.
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