Para acceder a la regularización era necesario acreditar la residencia en España antes del 1 de enero o haber solicitado asilo con anterioridad a esa fecha
Un total de 1.174.000 personas inmigrantes solicitaron acogerse al proceso de regularización extraordinaria impulsado por el gobierno español. Más de la mitad de las solicitudes ya han sido admitidas a trámite, lo que supone la concesión de una primera autorización temporal para residir y vivir en España.
Estos datos, facilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a EFE este jueves, se dieron a conocer horas antes de que el Ejecutivo detalle oficialmente el balance de esta medida extraordinaria en una rueda de prensa.
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El período para presentar solicitudes permaneció abierto desde el 16 de abril hasta el 30 de junio. Durante ese tiempo, los promotores de la iniciativa, junto con diversas entidades sociales y partidos políticos, reclamaron una ampliación del plazo al considerar que las dificultades burocráticas impedían que muchas personas pudieran completar el proceso.
La regularización fue aprobada por el gobierno mediante un real decreto y tiene su origen en una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por más de 600.000 firmas. Sin embargo, la propuesta quedó paralizada en el Congreso por la falta de consenso entre los grupos parlamentarios.
Aunque inicialmente se estimaba que la medida beneficiaría al menos a medio millón de personas, el número de solicitudes ha superado ampliamente esa previsión.
Para acceder a la regularización era necesario acreditar la residencia en España antes del 1 de enero o haber solicitado asilo con anterioridad a esa fecha. Además, los solicitantes debían demostrar una permanencia continuada de al menos cinco meses en el país en el momento de presentar la solicitud y carecer de antecedentes penales.
Entre la documentación requerida figuraban los justificantes que acreditaran el tiempo de permanencia en España, el certificado de antecedentes penales y, en determinados casos, un informe de vulnerabilidad emitido por una ONG acreditada por el gobierno como entidad colaboradora en materia de extranjería.
La iniciativa recibió el respaldo de partidos de izquierda, organizaciones sociales como Cáritas y sindicatos, mientras que fue rechazada por los partidos de derecha, tanto el conservador Partido Popular (PP) como Vox.
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