Imputación de la infanta muestra la debilidad del rey Juan Carlos

Madrid — La prensa española aplaudió este miércoles la decisión judicial de imputar a la hija menor del rey Juan Carlos por presunto blanqueo y fraude fiscal como la prueba de que la justicia del país es igual para todos.

Los diarios dedicaron portadas y ríos de tinta a la imputación la víspera de la infanta Cristina, de 48 años, por un juez de Palma de Mallorca, en las Islas Baleares, que desde 2010 instruye un caso por presunta malversación de fondos públicos en el Instituto Nóos, una entidad sin ánimo de lucro presidida de 2004 a 2006 por su esposo, Iñaki Urdangarin.

«Lejos de poner en peligro los pilares del Estado o el futuro de la monarquía, la decisión del magistrado constituye un buen síntoma de la salud democrática de una sociedad atravesada por corrientes muy críticas hacia el funcionamiento de sus instituciones», afirmaba el diario de izquierdas El País en un editorial.

«Nada tiene de extraño que un juez de instrucción tramite una causa penal. Lo insostenible es lo contrario: que no se le pregunte nada a la hija del Rey por ser quien es», agregaba.

El magistrado ya había imputado a la infanta en una primera ocasión en abril de 2013, pero su decisión se vio anulada por un recurso de la fiscalía, quien consideró insuficientes los indicios contra Cristina.

La infanta fue vocal en la junta directiva de Nóos y es además propietaria a partes iguales con su esposo de Aizoon, una empresa sospechosa de haber servido de pantalla.

Otras opiniones

Para el diario conservador El Mundo, esta nueva imputación demuestra que la hija del monarca debería haber comparecido ante el juez cuando éste la citó la primera vez, en aquella ocasión por presunto tráfico de influencias.

«Lo que ha puesto de manifiesto este asunto es el estrepitoso fracaso de una estrategia que, pretendiendo blindar la imagen de la monarquía, la ha puesto indefectiblemente a los pies de los caballos», afirmaba.

Entre los implicados en esta estrategia, este periódico señalaba al fiscal, los abogados defensores, las autoridades fiscales, la casa real «y los medios de comunicación que, en una actitud ciertamente hipócrita, aplaudían al Rey por reivindicar una justicia ‹igual para todos› a la vez que propugnaban que se echara tierra sobre unas actividades de la infanta».

El promonárquico ABC denunciaba, por su parte, que la prensa ya lanzó su propio juicio. «La infanta no debe recibir trato de favor alguno, y así lo defiende ABC. Y como cualquier español ha de atenerse a lo que diga la justicia al final de este proceso», escribía.

«Pero tampoco debe ser sentenciada por anticipado en juicios mediáticos paralelos, cuyo móvil evidente es buscar audiencia o vender más diarios a lomos del escándalo, sea cierto o no», añadía.

Y alabó como «un indicio de respeto y buen hacer democrático» la reacción de la casa del Rey, que el martes «se limitó, acertadamente, a expresar su respeto a las decisiones judiciales» tras conocerse la noticia de la imputación de la infanta.

La infanta Cristina, una princesa en el ojo del huracán

Rubia y sonriente, la infanta Cristina, hija menor del rey Juan Carlos I, se encuentra en primera línea de la tormenta judicial que hunde la popularidad de la familia real española e inflige un golpe brutal a su imagen de princesa moderna.

Cristina Federica Victoria Antonia de la Santísima Trinidad de Borbón y Grecia (48) años, fue imputada este martes por presuntos delitos fiscales y de blanqueo y convocada a declarar al 8 de marzo ante el juez José Castro de Palma de Mallorca, en las Islas Baleares.

El motivo de este nuevo golpe, el más duro para una familia real en fuerte pérdida de popularidad, es su supuesta vinculación con los negocios de su esposo, Iñaki Urdangarin, sospechoso de malversación de fondos públicos mediante el Instituto Nóos, una sociedad sin ánimo de lucro.

Cristina, que fue vocal en la junta directiva de Nóos, ya había sido imputada una primera vez por el juez Castro en abril, entonces por presunto tráfico de influencias, aunque la decisión fue anulada por un recurso de la fiscalía.

Esta nueva imputación no implica que la infanta sea necesariamente juzgada, pero su imagen de desenfado y afabilidad, muy dañada desde la implicación de su esposo en 2011, se verá aún más resentida.

«El deterioro de la imagen de la infanta Cristina no tiene vuelta de hoja, al menos en mucho tiempo», explicaba a la AFP, ya antes de la primera imputación, el profesor de historia contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, Emilio De Diego.

Conocida como la hija rebelde de la familia, pero también por sus actividades sociales, Cristina trabaja desde 1993 para la Fundación La Caixa, que en 2013 la envió a Ginebra para coordinar sus programas con agencias internacionales.

«La infanta Cristina siempre fue la hija díscola de la familia, creo que por ahí empezaron algunos de los errores del monarca en el plano familiar», consideraba De Diego.

El caso Nóos ha asestado un grave golpe a la popularidad de la monarquía, así como a la de la princesa, diplomada en Ciencias Políticas en 1989 por la Universidad Complutense de Madrid, antes de proseguir sus estudios en Nueva York.

Por su parte, también rompió la imagen de esposo modélico que desde su suntuosa boda el 4 de octubre de 1997 tenía Urdangarin, apartado desde hace dos años de los actos oficiales de la familia real.

Fue al contraer nupcias la pareja cuando el rey Juan Carlos I concedió el título de Duquesa de Palma a su hija, séptima en la línea sucesoria detrás del príncipe heredero Felipe y sus dos hijas, y de su hermana mayor, la infanta Elena y los dos hijos de ésta.

Nacida el 13 de junio de 1965 en Madrid y gran aficionada al deporte, especialmente a la vela, Cristina conoció a Urdangarin en los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996, en los que éste ganó la medalla de bronce con la selección española de balonmano.

«Es enormemente competitiva y obstinada», aseguraba el escritor Andrew Morton, biógrafo de Lady Di, en el libro Ladies of Spain. Sofía, Elena, Cristina y Letizia: Entre el Deber y el Amor, asegurando que fue Cristina quien tomó la iniciativa de cortejar a Urdangarin.

La pareja tiene cuatro hijos, nacidos entre 1999 y 2005: Juan Valentín, Pablo Nicolás, Miguel e Irene.

En 2009, la familia se mudó a Washington, donde Urdangarin fue nombrado consejero del gigante español de las telecomunicaciones telefónica.

Fue allí donde los sorprendió el escándalo Nóos, a finales de 2011, y en agosto de 2012 la familia regresó a Barcelona para instalarse en un lujoso palacete del exclusivo barrio de Pedralbes, puesto después a la venta y ahora embargado a la mitad por la justicia para cobrar una fianza civil impuesta a Urdangarin para cubrir los fondos presuntamente malversados.

«El aumento de su fortuna personal, todo eso no puede ser ignorado por una cónyuge que está muy unida a su marido», consideraba la escritora Pilar Urbano, autora de varios libros sobre la Familia Real. La pareja es propietaria a partes iguales de una empresa, Aizóon, sospechosa de haber servido como pantalla.

El escándalo de corrupción que salpica a la familia real española

La imputación de la infanta Cristina, segunda hija del rey de España, por «supuestos delitos fiscales y blanqueo», se inscribe en la instrucción de un caso por presunta corrupción abierto en 2010 entre cuyos principales sospechosos figura su esposo, Iñaki Urdangarin.

Estas son las grandes fechas de una investigación que hundió la popularidad de la monarquía:

– 2010-

– 22 de julio: el juez José Castro, de la Audiencia de Palma de Mallorca, en las Islas Baleares, abre una investigación sobre el Instituto Nóos, una sociedad sin ánimo de lucro presidida desde 2004 hasta 2006 por Urdangarin, contratada por el gobierno regional para organizar un congreso vinculado al deporte, que habría dado lugar a la emisión de facturas falsas mediante empresas pantalla.

Constituye una pieza separada del llamado ‘caso Palma Arena’, nombre de un velódromo de la capital balear cuya financiación estuvo vinculada a malversaciones. El presidente regional de aquel entonces, el conservador Jaume Matas, fue condenado en marzo de 2012 a seis años de prisión por «malversación» y «tráfico de influencias agravado».

– 2011-

– 11 de julio:Diego Torres, ex vicepresidente de Nóos, imputado por presunto desvío de fondos públicos, declara ante el juez Castro.

– 12 de diciembre: la Casa Real española aleja a Urdangarin de toda actividad oficial por su «comportamiento no ejemplar».

– 29 de diciembre: Urdangarin es imputado, principalmente por el cobro de 2,3 millones de euros por Nóos para la organización de dos congresos sobre turismo y deporte celebrados en 2005 y 2006.

– 2012 –

– 25 y 26 de febrero: Urdangarin, en su declaración ante el juez Castro, intenta desvincularse de la gestión de Nóos y excluye de ella a su esposa.

– 20 de noviembre: la fiscalía anticorrupción pide el pago de una fianza por responsabilidad civil de 8,2 millones a Urdangarin y Torres. Tras no ingresarla a tiempo, el marido de la infanta debe presentar una lista de sus bienes susceptibles de ser embargados.

– 2013 –

– 16 de febrero: Torres afirma ante el juez que, en lo relativo a la actividad de Nóos, «todo lo supervisaba la Casa Real», según el diario El País, que asegura que el exsocio «señala directamente al rey».

– 18 de febrero: El País y El Mundo reproducen correos electrónicos atribuidos a Urdangarin, que parecen indicar que el monarca apoyaba y seguía de cerca a su yerno en su carrera como hombre de negocios.

– 23 de febrero: ante el juez, Urdangarin exonera a la Casa Real de toda implicación. El secretario particular de las dos infantas, Carlos García Revenga, también imputado, asegura ante el juez que ni él ni Cristina se ocupaban de la gestión de Nóos.

– 3 de abril: el juez convoca a declarar a Cristina en calidad de imputada el 27 de abril, por sospechar que cooperó con su marido mientras fue, hasta 2006, miembro de la junta directiva de Nóos.

– 7 de mayo: tras un recurso de la fiscalía, que considera «inexistentes» los indicios contra Cristina, el juez Castro suspende su imputación pero decide proseguir la investigación por «un posible delito fiscal y/o de blanqueo».

– 24 de mayo: el magistrado pide al fisco un informe sobre la cuentas y bienes de los que es titular o cotitular la infanta, incorporando a la investigación sus diez últimas declaraciones de renta.

– 4 de noviembre: la justicia ordena el embargo de 16 bienes pertenecientes a Urdangarin o Torres, por valor de 6,1 millones de euros, para cubrir la fianza civil que no entregaron.

– 14 de noviembre: la fiscalía se opone, por falta de indicios, a la imputación de Cristina.

– 2014 –

– 7 de enero: Castro imputa a la infanta y la convoca a declarar el 8 de marzo.

Fotos: Agencias