La acción penal fue interpuesta el pasado lunes por los abogados Javier Peiró y Ricardo Miracle, en nombre de Dulce Bravo, de 57 años, refugiada en Argentina desde 2013. Manos Limpias también se adherirá al escrito, que señala a Rodríguez Torres y a Ortega Díaz, quienes abandonaron Venezuela tras «criticar al gobierno de Nicolás Maduro»
La Audiencia Nacional de Madrid decidió abrir una investigación contra Miguel Rodríguez Torres y Luisa Ortega Díaz, dos ex altos funcionarios del gobierno chavista de Venezuela. La decisión se basa en una querella presentada que los acusa de ser presuntos responsables de crímenes de lesa humanidad, con un enfoque particular en la tortura.
La periodista Thabata Molina, a través de su cuenta en X, reveló que el caso ha sido asignado al Juzgado Sexto de Instrucción, donde se llevará a cabo una investigación formal para esclarecer las responsabilidades de los implicados. Este paso marca un momento crucial en la búsqueda de justicia para las víctimas de abusos en el contexto de la crisis venezolana.
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Se trata de una querella solicitada por una opositora venezolana, Dulce Bravo, registrada además por los abogados de la Unión de la Resistencia de Venezolanos en el Exilio (Urvex).
La acción penal fue interpuesta el pasado lunes por los abogados Javier Peiró y Ricardo Miracle, en nombre de Bravo, de 57 años, refugiada en Argentina desde 2013. Manos Limpias también se adherirá al escrito, que señala a Rodríguez Torres y a Ortega Díaz, quienes abandonaron Venezuela tras «criticar al gobierno de Nicolás Maduro».
Los juristas que representan a la denunciante opositora sostienen que el exministro y la exfiscal habrían incurrido en «conductas susceptibles de tener encaje en el tipo de lesa humanidad», previstas en el artículo 607 del Código Penal, así como en los delitos de tortura y contra la integridad moral que establece la misma norma entre los artículos 174 y 177.
«Contó que tres hombres con acento cubano se bajaron de un coche negro, le pusieron un pañuelo en el rostro y la montaron en el vehículo medio adormecida. Cuando se despertó, estaba en una sala medio desnuda y con las manos atadas en una silla mientras le hacían preguntas».
«Me administraron hipnóticos y me escribieron en la espalda, vientre y pechos amenazas contra el general Felipe Rodríguez y los disidentes de la plaza Altamira (…) Me sentaron en una silla y comenzaron a hacerme preguntas, darme golpes en la cabeza con algo que se sentía como un tubo. Luego me golpeaban las rodillas con algo metálico y me ardía muchísimo», señaló Bravo.
Además denunció que el entonces ministro de Interior y Justicia le ofreció «una finca y una maleta llena de dinero si le decía dónde estaba el general (el opositor Felipe Rodríguez)».
Posteriormente habría sido trasladada a los tribunales «donde se me negó el derecho a declarar por orden de la fiscal Luisa Ortega».
La opositora también destacó que «recibió amenazas constantes por teléfono y que los agentes de inteligencia permanecían frente a su vivienda día y noche».
Peiró sostiene que la Audiencia Nacional, en virtud al principio de justicia universal, es competente para investigar a los querellados porque ambos residen en España.
Por su parte, el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, asegura que Rodríguez Torres y Ortega tienen «la protección del ministro del Interior (de España), Fernando Grande-Marlaska».
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