La Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal de último recurso que solo se ocupa de casos de violación a los derechos humanos, genocidios y crímenes de guerra si las jurisdicciones nacionales no pueden o no quieren enjuiciar
La Haya –Los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, Países Bajos, dieron luz verde hoy jueves para que los fiscales encargados procedan a realizar una investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos en Afganistán por los talibanes, el Ejército afgano y el personal militar estadounidense y de la CIA.
«La Cámara de Apelaciones considera apropiado autorizar la investigación», dijo el juez presidente de la sala de apelaciones, Piotr Hofmanski, al señalar que el examen preliminar de la fiscal jefa de la CPI, Fatou Bensouda, había encontrado motivos razonables para creer que se cometieron crímenes de guerra en Afganistán y que el tribunal tiene la jurisdicción para hacerlo.
La decisión, que se produce días después de que Estados Unidos acordara retirar a sus tropas de territorio afgano por un conflicto de larga data, anula una decisión de un Tribunal de primera instancia tomada en abril de 2019 y abre el camino para que la fiscal Bensouda inicie una investigación completa, a pesar de la oposición de Washington, que ha rechazado durante mucho tiempo la jurisdicción de la CPI y se niega a cooperar con ella.
En 2018, el entonces asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, dijo que la CPI, establecida en 2002 para enjuiciar atrocidades en todo el mundo «amenaza inaceptablemente la soberanía estadounidense y los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos».
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La Administración del presidente estadounidense Donald Trump impuso restricciones de viaje y otras sanciones contra los empleados de la CPI hace un año. Afganistán es miembro del tribunal con sede en La Haya, aunque Estados Unidos no lo es.
Find out all about today’s judgment of the #ICC Appeals Chamber authorising the Prosecutor to open an investigation into alleged crimes under the jurisdiction of the Court in relation to the situation in #Afghanistan⤵ https://t.co/9OLSTiBpXe
— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) March 5, 2020
Investigarán «crímenes de guerra y de lesa humanidad»
Bensouda cree que existen motivos para abrir una investigación sobre los abusos cometidos entre 2003 y 2014, incluidos los presuntos asesinatos en masa de civiles por parte de los talibanes, así como la presunta tortura de prisioneros por parte de las autoridades afganas y, en menor medida, por las fuerzas estadounidenses y la CIA.
Según el sumario de la CPI, «miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos cometieron los crímenes de guerra de tortura y trato cruel, atentados contra la dignidad personal, violación y otras formas de violencia sexual» desde el 1 de mayo de 2013.
El mismo documento advierte que hay una «base razonable» para creer que «miembros de la CIA» cometieron los mismos delitos en Afganistán y en otros tres países (Polonia, Rumanía y Lituania) contra detenidos acusados de terrorismo.
Las fuerzas estadounidenses y otras tropas extranjeras ingresaron a Afganistán en 2001 después de los ataques de Al-Qaeda del 11 de septiembre contra Estados Unidos y derrocaron al gobierno talibán, que había estado protegiendo al líder de esa célula terrorista, Osama Bin Laden. En la que sería la guerra más larga de Estados Unidos, unos 13.000 soldados estadounidenses permanecen en Afganistán hasta la fecha.
Bensouda también afirmó en su solicitud que los talibanes y otros grupos insurgentes han matado a más de 17.000 civiles afganos desde 2009, incluidos unos 7.000 asesinatos selectivos, y que las Fuerzas de seguridad afganas son sospechosas de torturar prisioneros en centros de detención del Gobierno.
Grupos de derechos humanos aplaudieron la decisión de la Corte Penal Internacional
«La decisión de la Cámara de Apelaciones de la CPI de dar luz verde a una investigación de crímenes brutales en Afganistán, a pesar de la extrema presión sobre la independencia del tribunal, reafirma el papel esencial del tribunal para las víctimas cuando se cierran todas las demás puertas a la Justicia», dijo Param-Preet Singh, director asociado de justicia internacional en Human Rights Watch. Agregó que la decisión «también envía una señal muy necesaria a los actuales y futuros perpetradores de atrocidades de que la Justicia algún día los alcanzará».
Katherine Gallagher, abogada principal del Centro de Derechos Constitucionales, que representa a un grupo de víctimas del programa de detención de Estados Unidos, dijo que la decisión «dio nueva vida al mantra de que nadie está por encima de la ley y devolvió la esperanza de que la Justicia pueda estar disponible, y aplicada, a todos».
Gallagher representó a dos hombres que aún se encuentran detenidos en Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo, Sharqawi Al-Hajj y Guled Duran, y la esposa de un tercer hombre que murió.
Aunque ahora se ha autorizado una investigación, queda por ver si algún sospechoso finalmente acusado por los fiscales comparecerá en la corte en La Haya, pues tanto Afganistán como Estados Unidos se han opuesto firmemente a la investigación.
Este mismo 5 de marzo, el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, tachó de «insensata» la decisión de la CPI.
Y en una audiencia celebrada en diciembre de 2019, el Gobierno de Afganistán dijo que se oponía a la investigación y ha establecido una unidad especial para investigar crímenes de guerra.
No hubo una delegación oficial de Estados Unidos en la audiencia de apelación de diciembre, pero el abogado personal del presidente Donald Trump, Jay Sekulow, apareció en nombre de la rama europea del Centro Americano de Derecho y Justicia y dijo a los jueces que la posición de su país no cambiaría.
La CPI es un tribunal de último recurso que solo se ocupa de casos de violación a los derechos humanos, genocidios y crímenes de guerra si las jurisdicciones nacionales no pueden o no quieren enjuiciar.
Foto: Agencia
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