Partidos políticos y entidades sociales de Brasil denuncian decenas de crímenes, presuntamente por parte del presidente Jair Bolsonaro, entre ellos el haber sobrefacturado la compra de la vacuna india anticovid Covaxin
Más de una decena de partidos políticos de diferente ideología y varias entidades sociales denuncian al menos 24 actos de crimen de responsabilidad cometidos presuntamente por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.
Es lo que llaman una «super petición» de impeachment, pues reúne dentro de sí la argumentación de más de 100 peticiones diferentes.
Como trasfondo, la supuesta corrupción en la compra de la vacuna Covaxin cometida por el líder del gobierno en la cámara y que Jair Bolsonaro conocería sin intervenir, según denuncias vertidas en la comisión en el Senado que estudia la responsabilidad del gobierno federal de Bolsonaro en la gestión de la pandemia en Brasil.
El país es el segundo del mundo con más muertes por coronavirus, más de 515.000.
Entre las sospechas que saltaron a la luz la semana pasada, figura la sobrefacturación de la vacuna india Covaxin, del laboratorio Bharat Biotech, por la que se había firmado un contrato a precios más elevados que por cualquier otro inmunizante de los adquiridos hasta ahora por Brasil.
La factura de 45 millones de dólares, por tres millones de dosis, aterrizó el 18 de marzo en el escritorio de Luis Ricardo Miranda, jefe de importaciones médicas del Ministerio de Salud, quien transmitió sus dudas a su hermano, el diputado bolsonarista Luis Miranda.
Según los hermanos Miranda afirmaron ante la CPI el pasado viernes, Bolsonaro los recibió el 20 de marzo en su residencia en Brasilia y les aseguró que comunicaría esas sospechas a la Policía Federal, algo que aparentemente nunca hizo.
Bolsonaro habría dicho además a los hermanos Miranda, según el testimonio de estos, que el presunto operador de ese esquema podría ser el diputado Ricardo Barros, líder de la bancada progubernamental.
Otras 122 solicitudes en Brasil
La denuncia incluye amenazas a la Corte Suprema y al Congreso, incitación a la intervención militar o violación de derechos constitucionales entre otras acusaciones.
La tramitación de la petición de destitución depende del Presidente de la Cámara que ha desoído ya otras 122 solicitudes y no abrirá el proceso mientras el sentir del poder Legislativo no sea abierta y claramente favorable a la expulsión de Bolsonaro del gobierno de Brasil.
Bolsonaro negó este lunes cualquier irregularidad, asegurando que le resulta imposible saber «lo que ocurre en cada ministerio» y que confía en sus ministros.
Bolsonaro, en fuerte caída de popularidad, es blanco de una avalancha de críticas y pedidos de destitución por haber minimizado la importancia de la pandemia.
Desde la llegada de la enfermedad a Brasil, criticó las medidas de aislamiento social y el uso de máscarillas, dudó de la eficacia de las vacunas y promovió medicamentos sin eficacia comprobada contra el covid.
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