Los anuncios del ministro de economía de la Argentina no traen ningún alivio al pueblo trabajador, reafirman la senda de ajuste fiscal, recorte del gasto público, tarifazos y beneficios patronales
El Frente Patria Grande, conducido por Juan Grabois, analizará su salida del Frente de Todos en desacuerdo con el rumbo que marcó el nuevo ministro de Economía. La Unidad Piquetera también se mostró disconforme y se movilizó para pedirle una audiencia. La posición de las organizaciones alineadas con el Gobierno.
Tras los anuncios económicos de Sergio Massa, el Frente Patria Grande, que tiene como referente a Juan Grabois, anunció que podría retirar sus diputados, concejales y legisladores del bloque oficialista. “El sentimiento general de nuestra fuerza de que nuestro gobierno no está defendiendo los intereses populares”, planteó en un comunicado.
En los movimientos sociales, las medidas tomadas por el nuevo ministro de economía recibieron muchas críticas y pocos apoyos. Desde la Unidad Piquetera también hicieron fuertes cuestionamientos a que Massa haya omitido tomar acciones para recomponer los ingresos para los trabajadores formales e informales -la excepción fueron los jubilados-.
Este jueves por la mañana una delegación de la Unidad Piquetera fue a pedir una audiencia con el ministro y la semana próxima volverán a salir a la calle.
Por su parte, en los movimientos albertistas, como el Evita y Somos Barrios de Pie, hubo silencios y algunos respaldos, centrados en el hecho de que Massa rechazó devaluar, una medida que ocasionaría una nueva suba de los precios y de la pobreza.
Críticas del Frente Patria Grande
Dentro del Frente Patria Grande hay dos movimientos sociales, el de Trabajadores Excluidos y el Frente Popular Darío Santillán, que acompañan al Gobierno desde 2019, pero que empezaron a tomar distancia del Presidente luego del acuerdo con el FMI negociado por Martín Guzmán.
Alineados con Cristina Kirchner, desde mayo iniciaron una campaña para reclamar la creación de un salario básico universal, que la vicepresidenta apoyó, aunque con un proyecto de ingreso más acotado, para cuatro millones de argentinos -y no siete, como era la propuesta inicial-. De todos modos, el Frente Patria Grande se mostró dispuesto a negociar modificaciones.
El espacio de Grabois hizo público que negoció con el Gobierno «hasta último minuto» la creación de algún tipo de refuerzo de ingresos para quienes no tienen empleo ni beneficios sociales. “Son compatriotas en situación de indigencia y extrema vulnerabilidad para los que pedimos un ingreso mínimo de subsistencia que se hace urgente en una Argentina con casi la mitad de su pueblo sumido en la pobreza”, indicaron en un pronunciamiento firmado por los diputados y legisladores de este espacio.
Si bien reconocieron que Massa anunció un bono para los jubilados y esbozó que habrá alguna mejora para los trabajadores del sector privado, remarcaron que “no hubo el más mínimo anuncio para los sectores sociales más postergados”.
«En cambio sí los hubo para los grandes empresarios, exportadores, la mega minería, las petroleras así como la continuidad sin cambios del acuerdo antipopular suscrito con el FMI», agregaron.
Por esto, convocarán a su militancia a discutir si sus diputados y legisladores continúan dentro del Frente de Todos. Entre los legisladores firmantes están Natalia Zaracho -diputada cartonera-, Federico Faggioli -que llegó a la cámara desde un barrio popular-, el economista Itaí Hagman y la diputada porteña Ofelia Fernández -surgida de las luchas estudiantiles y feministas-.
Unidad Piquetera
«No hubo ningún anuncio importante de recomposición de los ingresos. Y estamos en un momento en que no se pueden patear las cosas para más adelante», coincidió Silvia Saravia, referenta de Libres del Sur y coordinadora nacional de Barrios de Pie. «Para las organizaciones sociales, lo único que anunció fueron auditorías. En nuestro caso ya las tenemos, no son cosas novedosas; quizás lo sean para las organizaciones oficialistas, pero para los opositores los controles del Potenciar Trabajo son habituales».
En la conferencia de prensa del miércoles, Massa habló del propósito de convertir planes en empleo. El esquema es conocido y ofrece a las empresas que den trabajo a los beneficiarios del Potenciar mantener el plan, durante un año, para que el empleador sólo tenga que pagar la diferencia con el salario de convenio, la ART y la obra social. Los movimientos sociales no se oponen, sino que señalan que está demostrado que la generación de empleo por este camino es muy reducida.
«El empleo no se crea solo, no alcanza con mantener un Potenciar para que las empresas tomen beneficiarios. Ya lo intentaron y no se constata en la realidad. Nosotros creemos que hay formas para generar empleo rápidamente, por ejemplo con un plan de construcción de viviendas. No hubo anuncios en ese sentido.
«Lamentablemente, los anuncios fueron para los sectores exportadores, para el campo, para cumplir con el acuerdo con el FMI».
Conferencia de prensa.
La Unidad Piquetera realizó una conferencia de prensa ante el Ministerio de Economía, donde presentó una nota dirigida al nuevo superministro, Sergio Massa, en concordancia con el planteo realizado a su antecesora, Silvina Batakis, quien en su corto paso por el ministerio llegó a reunirse con el FMI pero se negó a atender a los desocupados. Los grupos piqueteros rechazan la profundización del programa de ajuste, que tiene a los beneficiarios de los programas sociales entre sus principales víctimas, y reclaman por medidas urgentes para paliar el hambre y la pobreza.
Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, advirtió que la Unidad Piquetera se va a reunir y va a discutir un planteo para todas las organizaciones sociales y piqueteras, las que están en la calle y las que no, para salir a luchar contra esta “declaración de guerra contra los trabajadores”, de no tener ninguna respuesta del gobierno.
Los anuncios de Sergio Massa no solo no traen ningún alivio al pueblo trabajador, sino que implican reafirmar la senda de ajuste fiscal, recorte del gasto público, tarifazos y beneficios patronales emprendidas por las gestiones anteriores.
Massa difundió la convocatoria a los sindicatos y patronales para discutir la “situación salarial” de los trabajadores del sector privado, y se acaba de dar a conocer la convocatoria al Consejo del Salario para el 18 de agosto, que deberá determinar un aumento del salario mínimo tras el 45% de ajuste que ha quedado rebasado ampliamente por la inflación, empujando a millones de trabajadores y jubilados a la indigencia, con un salario mínimo en $47.850.
En lo respectivo a los programas sociales volvió a repetir el libreto del tan mentado “empalme” de los mismos con supuesto trabajo genuino, algo que no ha ocurrido bajo ninguna de las numerosas gestiones que lo han anunciado y que ha sido el pretexto para hacer pasar mayor precarización laboral en las intendencias y municipios, de la mano de la superexplotación de los beneficiarios de programas sociales y el fraude laboral.
Massa también hizo alusión a la auditoría de los programas sociales que el gobierno prepara para el 15 de agosto con la universidades nacionales, cuyo propósito es ir por la baja de miles de programas, para avanzar en el recorte del gasto público, y profundizar el ataque contra las organizaciones social y piqueteras independientes del Estado, las que se encuentran en la calle movilizadas contra el ajuste.
Al respecto de esto, las organizaciones piqueteras señalaron que ellos no tienen ningún inconveniente en ser auditados, y que la auditoría es una práctica permanente del Estado sobre las organizaciones. Sin embargo, denunciaron que no se trata con el mismo rigor a la gestión de los programas que hacen las intendencias, ni mucho menos de lo que ocurre en las dependencias públicas, con contratos basura e infinidad de irregularidades legales y laborales.
Desde la Unidad Piquetera ya adelantan que preparan una acción de lucha para la próxima semana, entre el 10 y 11 de agosto, para enfrentar las medidas de ajuste del gobierno y el agravamiento de la crisis social, y con un programa inmediato de reclamos que va desde el trabajo genuino y la apertura de los programas sociales hasta el bono de emergencia de $20.000, el aumento del salario mínimo a $105.000 y la asistencia alimentaria para los comedores populares.
Los movimientos albertistas
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