La preocupación de la comunidad internacional por la estabilidad social y política en Ecuador se ha incrementado a lo largo de una semana marcada por masivas protestas contra el Gobierno de Lenín Moreno que dejan ya al menos 5 muertos, decenas de heridos y 824 detenidos.
Con reacciones que van del apoyo a la institucionalidad del país a críticas a la actuación de la Administración de Moreno y llamados a la paz, diversos Gobiernos de América y de Europa están pendientes de las marchas que comenzaron el jueves de la semana pasada por el aumento de precio de la gasolina y la aplicación de otras medidas después de un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Amnistía Internacional (AI) pidió este jueves al Ejecutivo ecuatoriano detener la «fuerte represión» de las manifestaciones que ocurren desde hace una semana, garantizar los derechos humanos de todas las personas y alinear las medidas de austeridad al derecho internacional.
En un comunicado, la ONG denunció que en ese país hay casos de arrestos arbitrarios, uso excesivo de la fuerza y tortura cometidos contra detenidos en las manifestaciones, que estallaron tras la eliminación del subsidio a los combustibles y otras políticas de austeridad.
Tras el inicio de las manifestaciones, el presidente Moreno declaró un estado de excepción para que las Fuerzas Armadas pudieran intervenir, usando, según AI, gases lacrimógenos de forma indiscriminada contra la multitud y escopetas de perdigones, lo que ha contribuido a la muerte de 5 personas, según cifras de la Defensoría del Pueblo.
Una posición que va en la misma dirección a la expresada el día anterior por México, cuyo Gobierno hizo un llamado a que se respeten el Estado de Derecho y los derechos humanos en medio de los «graves sucesos» en Ecuador, condenó «tajantemente toda forma de violencia» y reiteró «su compromiso con el derecho a la libre manifestación.
Incluso la ONU ha pedido que las autoridades garanticen el derecho de los ciudadanos a manifestarte pacíficamente y subrayó que cualquier uso de la fuerza debe ser «proporcionado».
Al contrario, los presidentes de Perú, Martín Vizcarra, y de Chile, Sebastián Piñera, reafirmaron esta jornada su respaldo a Moreno, frente a los actos de violencia que vive el país y rechazaron «enérgicamente» cualquier intento de desestabilizar la democracia ecuatoriana.
Un pronunciamiento que sigue al de Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, Paraguay y Perú, que en un comunicado conjunto manifestaron «su firme respaldo» al presidente de Ecuador y su «rotundo rechazo a todo intento desestabilizador de los regímenes democráticos legítimamente constituidos», al igual que Panamá, que se mostró «respetuoso de la institucionalidad».
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, también se había posicionado en la misma dirección al considerar «fundamental» que se le permita a Lenín Moreno acabar su mandato y reiteró su rechazo a «cualquier forma de interrupción de su Gobierno».
Mientras Estados Unidos ha asegurado que «sigue con cautela los recientes acontecimientos» en Ecuador. «Rechazamos la violencia como forma de protesta política», afirmó el subsecretario de Estado de EE.UU. para el Hemisferio Occidental, Michael G. Kozak.
Diferente es la visión del presidente de Bolivia, Evo Morales, quien cuestionó este jueves el «paquetazo» del FMI aplicado por el Gobierno de Ecuador y que desencadenó las protestas de los últimos 8 días.
«Lamento mucho, algunos presidentes y Gobiernos se someten a esas instituciones, organismos internacionales financieros que representan al sistema capitalista», sostuvo al indicar que en Ecuador la gasolina y el diesel «han subido con más del 100 por ciento» desde el retorno de la «derecha» y «bajo la imposición del FMI».
Lo mismo piensa su par venezolano y socio ideológico, Nicolás Maduro, quien afirmó este día que lo que sucede en Ecuador es una «insurrección popular» en contra de las medidas económicas promovidas por el FMI.
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Posición que encuentra contrapeso en la misma Venezuela, donde el Parlamento, de mayoría opositora, dijo que trabaja con autoridades de Ecuador para ver si detrás de las protestas hay grupos venezolanos, «pero además, si estos grupos son promovidos y financiados desde el Gobierno, desde la Embajada que representa a Nicolás Maduro», algo que el mandatario chavista volvió a negar hoy.
En todo caso, la mayoría de actores políticos de la región se muestran partidarios de buscar una salida negociada a la crisis, tal como lo hizo Honduras, que hizo un llamamiento «respetuoso» a las partes a que prevalezca el diálogo para «consolidar el orden constitucional y el fortalecimiento democrático en Ecuador».
En medio de la delicada situación, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el miércoles las «agresiones y detenciones contra periodistas» que realizan coberturas de las protestas.
«Se estima que más de 50 periodistas, camarógrafos y trabajadores de prensa de distintos medios y plataformas de comunicación han sido agredidos física y de forma verbal, por parte de policías en su mayoría, y de manifestantes», destacó.
Toda esta situación ha trascendido las fronteras del continente y la Unión Europea pidió «moderación» en las «legítimas» protestas que han sumido a Ecuador en una crisis sin precedentes y aplaudió «la oferta de mediación de la Iglesia y las Naciones Unidas» para resolver el conflicto social.
A esto se sumó la recomendación del lunes pasado del Consulado General de España en Quito a sus nacionales en Ecuador para que se abstengan de visitar el caso histórico de la capital, así como todo desplazamiento en provincias donde se han registrado disturbios.
Foto: Agencia
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