Un juez federal prohibió el lunes al gobierno de Donald Trump que niegue el asilo a los migrantes que crucen la frontera sur de Estados Unidos de forma ilegal.
Trump emitió un decreto el 9 de noviembre por el que cualquier persona que haya cruzado la frontera sur fuera de los puertos de entrada oficiales al país no sería candidata para recibir asilo.
Coincidiendo con la llegada de la primera de varias caravanas de migrantes centroamericanos a la frontera entre México y Estados Unidos, el mandatario alegó que el veto era necesario para frenar lo que calificó de amenaza a la seguridad nacional.
Pero en su fallo, el juez federal de distrito Jon S. Tigar se puso del lado de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus iniciales en inglés) y del Centro por los Derechos Constitucionales, que interpusieron una demanda justo después de la publicación del decreto.
Tigar señaló que las leyes migratorias estadounidenses permiten claramente la solicitud de asilo aunque no se entre al país por los puertos oficiales de entrada.
«Sea cual sea el alcance de la autoridad del presidente, no puede reescribir las leyes de inmigración para imponer una condición que el Congreso ha prohibido expresamente”, dictaminó Tigar, quien fue nominado para el puesto por el expresidente demócrata Barack Obama.
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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus iniciales en inglés) no comentó de inmediato el fallo, que permanecerá en vigor durante un mes a menos que se presente recurso.
Para emitir su prohibición, Trump utilizó los mismos poderes empleados el año pasado para otro veto migratorio que finalmente fue ratificado por la Corte Suprema.
Si se aplica, la propuesta de Trump podría dificultar que las miles de personas que ingresan al país eviten la deportación.
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