Ante la estrategia ilegal desplegada por las autoridades de los Estados Unidos —así debe ser citado siempre por cuanto es un país sin apellido como expresará acertadamente Carlos Fuentes— contra el orden constitucional y los derechos de los venezolanos, el viceprocurador general de la RBV doctor Reinaldo Muñoz solicitó ante la Sala Constitucional del TSJ una interpretación de los artículos 1, 5 y 322 de la CRBV.
Para nadie es un secreto que el gobierno estadounidense desde 1999, cuando resultó electo presidente por primera vez el comandante Hugo Chávez, ha desplegado un conjunto de acciones que van desde el fallido golpe de Estado de abril del 2002, hasta la promulgación de leyes contra nuestro país sin tener jurisdicción alguna para sancionar al Estado y al pueblo venezolano, contando con la participación directa y abierta de algunos lideres de oposición que en el colmo de su odio, ignorancia, desfachatez y transformados en traidores de su patria, la han venido desarrollando como opción política ante el proyecto Bolivariano Chavista del siglo XXI.
Esta oposición oscura y apatrida necesita de manera urgente una dirigencia y un mensaje nuevo con otra visión de política de futuro con una verdadera idea de lo que es el país actualmente y de las transformaciones que deben seguirse desde el punto de vista económico, político y social para intentar ganarse el favor de los venezolanos en un democrático y legal proceso eleccionario.
Cuando el imperio decide una intervención contra otro país —existen muchos casos históricos— se prepara al colectivo internacional esgrimiendo siempre causas nobles.
En el caso venezolano se utiliza como pretexto la salvaguarda de los derechos humanos de la sociedad civil pisoteados, violados y desconocidas por la acción de un Gobierno Bolivariano antidemocrático y cruel que pisotea los derechos y no respeta la constitución.
Este es el escenario montado para legalizar la intervención en nuestro país.
La acción legal puesta en marcha por la Procuraduría de la República y la decisión emanada del TSJ se resume en lo siguiente: «Que los Estados Unidos no tenían jurisdicción alguna… para sancionar y promulgar actos de paz legal con aplicación en la RBV… y carece de validez y efectividad y es absolutamente nula su ubicación y existencia en el plano jurídico para la RBV y sus nacionales».
Con esta sentencia el TSJ deja claro desde el punto de vista constitucional que la pretensión yanqui es ilegal, carente de sentido, de lógica jurídica, violatoria de los principios del Derecho Internacional y los derechos humanos ningún estado llámese como se llame esta facultado para aplicar sus leyes fuera de su fronteras debiendo respetar el derecho de otros estados a aplicar sus propias leyes.
Las diferencias entre los estados nunca deben ser resueltas por la fuerza o mediante la acción de un parlamento actuando anárquicamente sin regulación alguna tome decisiones «legales» según sus preferencias para mantener su poder o ampliarlo en forma desmedida.
El orden mundial debe ser respetado y ciertos asuntos por muy graves que sean deben solucionarse en forma democrática y tratados eficazmente sin necesidad de recurrir al filibusterismo «legal».
Es necesario que prevalezca la vida sobre la muerte.
Somos un país con aspiraciones de lograr una paz perpetua y que la misma sea a nivel mundial.
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